«El aumento de agresiones en prisión se debe a la falta de personal y de tratamientos»

El presidente del sindicato de prisiones Acaip, José Luis Pascual, habla para LA RAZÓN sobre la situación existente en las cárceles de nuestro país en los últimos años

José Luis Pascual, presidente del sindicato de prisiones Acaip
José Luis Pascual, presidente del sindicato de prisiones Acaip

El presidente del sindicato de prisiones Acaip, José Luis Pascual, habla para LA RAZÓN sobre la situación existente en las cárceles de nuestro país en los últimos años.

¿Cuáles son las principales demandas del sindicato de cara a vuestra manifestación de mañana jueves? ¿Y cuál ha sido, de producirse, la respuesta de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias o del Ministerio del Interior?

- La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias desde hace ya casi seis años no nos dice nada, ni a nosotros ni a nadie, porque ha cerrado todas las vías de diálogo con los sindicatos. No ha existido convocatoria de ni una sola mesa de reuniones en este tiempo, a pesar de que nos hemos puesto en contacto con ellos y con el Ministerio del Interior.

¿Cuándo habéis pedido reuniros con Interior?

- En mayo y en julio de este año. En la última ocasión hicimos movilizaciones y pedimos a los subdelegados que le hicieran llegar nuestra solicitud de reunión. Y no nos han contestado. Somos el único colectivo del Ministerio del Interior que no se ha reunido con el nuevo ministro tras su llegada. Nos parece totalmente fuera de la lógica que estemos todos clamando en la calle desde hace meses para exponerle lo que estamos viviendo en prisiones y que ni siquiera seamos recibidos.

¿Cuáles son vuestras principales demandas?

- La primera demanda es acabar con la indecencia que hay al frente de la Institución Penitenciaria. La Secretaría General está abandonando sus obligaciones y está llevando a que el sistema penitenciario no funcione ya no sólo de cara a los funcionarios, que no lo hace, sino que no funcione sobre todo de cara a los internos.

¿Qué no funciona respecto a los funcionarios?

- Hay una carencia de más de 3.500 plazas por cubrir en Instituciones Penitenciarias. En un módulo con tres plantas como máximo trabajan hoy dos funcionarios. En la inmensa mayoría de módulos de Soto del Real trabaja un funcionario para esas tres plantas y para 100 o 120 internos. A pesar de que no es la época de mayor masificación que ha habido en los centros, es imposible cumplir con nuestro trabajo y menos hacerlo de forma mínimamente segura. Al haber tan poco personal las agresiones a los funcionarios se están multiplicando El año pasado, con datos oficiales, fueron agredidos 360 funcionarios, más de una agresión física diaria, y de ahí están descontados insultos y amenazas. Y eso se produce porque nos niegan ser agentes de la autoridad, que quiere decir tener carácter de veracidad en los informes y declaraciones que hacemos, igual que tienen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, igual que maestros y médicos. Hace un año, año y medio, hubo una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por la que los maestros y los médicos son considerados autoridad. Se les ha dotado de esta herramienta para eliminar las agresiones que se estaban produciendo en las aulas y en las consultas médicas. A nosotros, que trabajamos en un medio cerrado con personas condenadas, se nos niega. No se nos dota de las herramientas que impidan o minimicen ese número de agresiones.

¿Qué supondría en la práctica?

- En la práctica, cuando pongamos en el informe que ha habido una agresión, sería considerado verdad. Eso haría disminuir las agresiones porque si un funcionario trabaja solo en tres plantas no va a haber nadie de testigo cuando le partan la cara al empleado y lo que sucede es que al elevar el parte hoy tiene que ir a juicio, dar sus apellidos, dónde vive... Y cuando el que agrede es un preso común no pasa nada, pero si lo hace un narcotraficante nadie quiere problemas, nadie quiere ir a un juicio y decir dónde vive porque al día siguiente puede mandar a alguien a la puerta de tu casa para saber cuántos hijos tienes. Eso eliminará la tentación. No es que vaya a haber mayor o menor pena para el interno, sino que es una herramienta disuasoria de cualquier agresión física hacia un funcionario.

En cuanto a las plazas, lo cierto es que hay menos presos.

- El porcentaje de internos ha bajado un 10% en los últimos 6 o 7 siete años, mientras que en plantilla hay un déficit de un 15% aproximadamente: 3.500 plazas vacantes. En la actualidad, hay 50 departamentos de prisiones cerrados y tres centros penitenciarios enteros, que son Archidona, Ceuta y Soria, que están cerrados, nuevos y sin estrenar desde hace más de un año y medio porque no hay personal para abrirlos. Claro que hay menos internos, pero esos 50 departamentos que ha habido que cerrar no es por falta de internos, sino por falta de personal para atenderlos. Además, la construcción de las tres prisiones ha costado más de 300 millones de euros. A esa cifra hay que añadir la seguridad privada exterior que estamos pagando todos los españoles para el centro de Archidona que está cerrado: 3 millones de euros al año. No cabe en la cabeza de nadie una planificación tan negligente como ésta. Hacer un centro como el de Archidona que ha costado entre 120 y 150 millones de euros para tenerlo cerrado y gastar 3 millones de euros en seguridad privada al año...

¿Con esos 300 millones de euros cuántas plazas se podrían cubrir?

- Con ese coste para construir esos tres centros penitenciarios, hubiéramos pagado a la totalidad de funcionarios que se necesitarían para abrir los 50 departamentos que están cerrados durante 15 años.

Una de vuestras demandas es depender del Ministerio de Justicia.

- En su día dependíamos de Justicia, después con ETA, el Gobierno decidió que instituciones penitenciarias pasara a depender de Interior. Nunca hemos valorado la política antiterrorista, la asumimos. Pero hoy, dada nuestra labor de reinserción de internos se debe hacer desde el Ministerio de Justicia, al igual que sucede en todos todos los países de nuestro entorno de la Unión Europea y es a donde entendemos que tenemos que volver porque desde Justicia se entiende mucho mejor la política que se debe de reinstaurar en prisiones para que la reinsersión social sea la bandera que lleve todo nuestro trabajo, es decir, la recuperación de las personas para su devolución a la sociedad en las mejores condiciones que es en definitiva para lo que nos pagan, que ayudemos para que estas personas no vuelvan a delinquir. Nosotros tenemos que trabajar para que el nivel de reincidencia de los internos sea el mínimo posible y eso se ve y se entiende mucho mejor desde una política del Ministerio de Justicia, que es ejecución penal, que desde el Interior, cuya función es la investigación y la persecución del delito, no la reinserción.

¿En todos los países?

- El único país de la Unión Europea que no depende del Ministerio de Justicia es Hungría, el resto todos.

¿Habéis solicitado esta demanda a Justicia?

- No, entendemos que le interlocutor debe ser Interior.

En cuanto a las agresiones, una amenaza no es considerada una agresión. ¿Vais a pedir que se cambie?

- Sí, porque muchos funcionarios prefieren una agresión física a que te digan que vives en tal sitio y que te amenacen con que te voy a matar. Y eso por supuesto que es una agresión, no se puede vivir así.

De un tiempo a esta parte, ¿han subido las agresiones físicas?

- En 2016, 360 y en 2015, 342. Desde 2013 hasta 2016 las agresiones subieron un 15% a pesar de que la población reclusa ha bajado un 10%. Se debe principalmente a la falta del personal, cada vez hay menos personal, no sólo en vigilancia, también en tratamiento. Las actividades tratamentales y asistenciales dentro del centro están abandonadas por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. No se puede tener a los internos sin cubrir lo que la ley nos marca. Si les tenemos ociosos, sin programas de tratamiento, sin talleres, si les tenemos así al final existen estos problemas, que se resuelven en muchos casos con agresiones a los funcionarios. Por ejemplo, en el centro de Algeciras desde junio no se pasa consulta médica a los internos, porque no hay médicos suficientes. De los nueve que debería haber hay dos médicos y dos de prácticas que se van ahora. Es imposible que pasen consulta a 1.400 internos. Los internos son todos personas. Hay internos que serán personas indeseables, pero la inmensa mayoría son personas normales que han cometido un delito, pero no se les puede condenar a nada más. Según el informe de los propios médicos de Algeciras, el 55% de la población interna tiene enfermedades crónicas, sida, hepatitis..., que requieren seguimiento en consultas. No podemos estar generando un problema de salud pública que, además, conlleva un gasto, porque el nivel de urgencias ha aumentado en este centro. ¿Por qué se producen agresiones? En este mismo centro, los lunes se reparten entre 10.000 y 12.000 pastillas, el 55% son psicotrópicos, y se reparte el la medicación de entresemana y la del fin de semana el viernes porque no hay personal. Sólo hay dos auxiliares de clínica. Antes había personal para repartir diariamente la medicación. Ahora tienes a internos con 24 pastillas el lunes, y los psicotrópicos tienen un valor en el patio para un uso diferente al que es importante, por lo que los internos en el patio son agredidos para quitárselas, no se toman la pastilla por lo que su dolencia no está siendo tratada. En un centro penitenciario no se pueden soltar 12.000 pastillas de golpe en un solo día. Otro aspecto respecto a la mala gestión es que los trabajadores penitenciarios tenemos acción social; es decir, de nuestro salario detraemos un 1,25% para programas de acción social para ayuda a estudio a hijos de nuestro propio salario. Este año Instituciones Penitenciarias ha impedido que esas ayudas hayan ido a universidades públicas. Estamos elevando quejas al ministro de Educación para impedir que eso suceda. No se pueden discriminar las universidades públicas frente a las privadas, máxime cuando es de nuestro salario. Es un ejemplo nítido de lo que hace la Secretaría General.