El caos de suspender la Lomce

El Congreso, con los votos en contra de PP, Foro Asturias y UPN y la abstención de C’S, pide al Gobierno en funciones que paralice su Ley de Educación.

Cambiar la Ley Orgánica de Educación (Lomce) costaría entre 18 meses y dos años, el tiempo que cuesta poner en marcha otra nueva norma. «Los currículos y el calendario de aplicación están blindados, ya que al tratarse de una ley orgánica necesitaría de una mayoría absoluta parlamentaria para una modificación», aclara Mario Gutiérrez, presidente de CSIF. Así que la intentona de ayer del PSOE de paralizar en el Congreso la única ley educativa que ha logrado poner en marcha el PP se queda, de momento, en eso, en intentona y en un mero postureo, más que una medida con recorrido, pese a que recibiera el respaldo de casi toda la oposición a excepción del PP, Foro Asturias y UPN y de Ciudadanos, que se abstuvo. La propuesta aprobada ayer tiene que recibir enmiendas de todos los grupos que pasarían al Senado, donde tiene mayoría el PP, que previsiblemente no tratará de tramitar la propuesta por la vía de la urgencia precisamente.

Pese a los requerimientos políticos, la comunidad educativa no quiere que se cambie la Lomce sin antes alcanzar un consenso sobre la reforma educativa que se quiere en España. Lo dejó bien claro ayer el presidente del sindicato de profesores ANPE, Nicolás Fernández, quien dijo que «cualquier medida que se adopte sobre la paralización y derogación de la Lomce debe venir precedida de un pacto de Estado que dé seguridad y estabilidad al sistema y no sólo eso, hay que tener preparada una norma que la sustituya porque tampoco es una solución volver a la anterior ley, la LOE».

El sindicato CSIF también alertó de que «generaría incertidumbre entre los alumnos que ya están cursando sus estudios conforme a la Lomce al quebrarse la continuidad lógica del currículum».

El filósofo José Antonio Marina, autor del Libro Blanco de la profesión docente, afirma que «lo más prudente sería mantener hasta final de curso la ley y dejar que las fuerzas políticas se dieran un año para llegar a cuerdos y reformas concordadas en el marco de un pacto de estado educativo.

No hay tiempo para paralizar la de 6º de Primaria.

Varias comunidades autónomas anunciaron a finales de 2015 su intención de acudir al Supremo para recurrir el decreto que regula cómo debe ser la evaluación de 6º de Primaria. Andalucía, Extremadura, Cantabria, Asturias, son las que han mostrado más oposición, pero el Ministerio de Educación da por hecho que sigue vigente el acuerdo alcanzado con todas las autonomías el pasado 13 de agosto por el que ellas eran las que se comprometían a hacer la prueba tomando como referencia los contenidos y criterios de evaluación del ministerio. La evaluación está prevista que se haga a mediados de mayo en toda España, con lo que, no hay tiempo para paralizar la evaluación aunque prosperase el trámite parlamentario. La prueba, además, no tiene efectos académicos, es una forma de evaluar lo que saben los niños españoles a esa edad, aunque el diputado socialista Rafael Simancas ayer expuso que eran «clasificaciones competitivas entre centros para estigmatizar a los pobres y premiar a los ricos».

El curso que viene se haría la prueba de final de la ESO y de final de Bachillerato, que aunque no tendrá efectos académicos ese curso, sí lo tendrá en el futuro.

El ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, va a empezar a reunirse esta semana con los consejeros de las autonomías para buscar el mayor consenso posible. Al estar reguladas estas pruebas dentro de la ley orgánica, lo único que podría cambiarse a corto plazo es la manera en que pudieran plantearse, pero no se podrían eliminar.

Los profesores han tenido que adaptarse en los dos últimos años a los cambios que exigía la Lomce. Que se vuelvan a hacer modificaciones generaría un nuevo esfuerzo. Si se paraliza la ley, los alumnos de 1º de Bachillerato ¿qué estudiarían el curso que viene? ¿2º de Bachillerato conforme a la Lomce o conforme a la antigua LOE, cuando primero lo comenzaron con los nuevos criterios que introduce la Lomce?

Los editores de libros de texto han tenido que adaptar los manuales educativos a las nuevas exigencias de la Lomce. En el sector existe un enorme desconcierto. Los editores resultarían muy perjudicados por el hecho de que han invertido más de 200 millones en todas las adaptaciones curriculares.

Paralizar la Lomce pondría en peligro la financiación de la FP Básica, que adelanta a los 15 años la posibilidad de elegir esta vía. Su implantación depende de fondos europeos.