El Constitucional suspende la aplicación del decreto foral sobre atención a inmigrantes irregulares en Navarra

El Tribunal Constitucional ha acordado suspender la aplicación del decreto foral 117/2012, que regula el acceso a la asistencia sanitaria pública en la Comunidad foral y que recoge las condiciones de atención a los inmigrantes en situación irregular en Navarra.

El Constitucional ha acordado este martes admitir a trámite el conflicto positivo de competencia promovido por el Ejecutivo central contra el Gobierno foral por la normativa navarra que fija la asistencia sanitaria gratuita a los inmigrantes 'sin papeles' que acrediten al menos un año de residencia en la Comunidad foral, falta de recursos económicos e inexistencia de antecedentes penales.

La admisión del recurso produce "la suspensión de la vigencia y aplicación del decreto impugnado desde el día 9 de enero de 2013, fecha de interposición del conflicto", según recoge el acuerdo del Constitucional.

El TC ha acordado, además, dar traslado de la demanda y documentos presentados al Gobierno de Navarra al objeto de que en el plazo de 20 días aporte cuantos documentos y alegaciones considere convenientes. Asimismo, requiere al Abogado del Estado para que, en el plazo de diez días, aporte el preceptivo dictamen del Consejo de Estado.

Navarra alegará la suspensión de atención

El Gobierno de Navarra presentará alegaciones ante la decisión del Tribunal Constitucional de suspender la aplicación del decreto foral que recoge la atención a los inmigrantes en situación irregular en la Comunidad, al tiempo que solicitará el levantamiento de dicha suspensión.

El Ejecutivo foral, que argumentará entre otras cuestiones que esa norma entra dentro de las competencias de autogobierno de Navarra y no contraviene las competencias de la Administración del Estado sobre el derecho de acceso al Sistema Nacional de Salud, espera que el Constitucional acepte levantar la suspensión al igual que ha ocurrido con un decreto similar en el País Vasco.

Así lo ha indicado en un comunicado tras conocerse que el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el conflicto positivo de competencia promovido por el Estado contra el decreto foral que sienta las bases para el acceso a las prestaciones del régimen de universalización de la asistencia sanitaria pública en Navarra.

El pasado octubre el Gobierno foral aprobó la modificación del decreto foral por el que se establecían los requisitos de acceso al sistema de universalización de la asistencia sanitaria en Navarra e introdujo cambios como la actualización de las aportaciones económicas para la inclusión.

De forma simultánea y con el fin de que nadie se viera privado de acceder al sistema de asistencia sanitaria universal en Navarra, en virtud de sus competencias en política social, el Gobierno foral también autorizó una convocatoria de ayudas para el abono íntegro de las tasas de la asistencia sanitaria, dirigida a personas sin recursos con más de un año de residencia en la Comunidad.

Según el departamento de Salud, la suspensión determinada ahora no afecta a las personas que han visto reconocida su inclusión en el régimen de universalización mediante resolución, ni tampoco a la orden foral de subvenciones de Políticas Sociales, con lo cual se podrán seguir concediendo subvenciones, aunque, de acuerdo con la aplicación del antiguo decreto, la cuantía de la ayuda será menor.

En sus alegaciones el Gobierno foral tiene previsto argumentar que el decreto entra dentro de las competencias de autogobierno de la Comunidad.

Además, el Ejecutivo navarro entiende que el Decreto no contraviene las competencias de la Administración del Estado sobre el derecho de acceso al Sistema Nacional de Salud, dado que la asistencia que se regula se limita al territorio foral.

El Gobierno foral expondrá también que el modelo de atención aplicado en Navarra se enmarca en la propia normativa del Estado fijada en el Decreto Ley 16/2012, en el que se posibilita la atención sanitaria a personas excluidas del sistema mediante la aplicación de determinados convenios y la aportación de cuotas.