El falso mito de la dependencia en Andalucía

El número de personas dependientes en España y valoradas por la Administración ya supera el millón y medio, de acuerdo con los últimos datos que ha publicado el Imserso (Instituto de Mayores y Servicios Sociales) el pasado mes de noviembre. Sin embargo, como afirma Eduardo Pásaro, catedrático de Psicobiología de la Universidad de La Coruña y director del Máster en Dependencia y Gestión de Servicios Sociales «el sistema está estancado lo que significa un retroceso efectivo de por sí». Y es que cada comunidad tiene sus características propias que dependen de sus propias políticas sociales, de ahí que se produzcan importantes diferencias entre regiones.

Para entender lo que ocurre con las personas en situación de dependencia y el desarrollo de las valoraciones es necesario explicar el cambio de regulación que se produjo en 2012 por la que desaparecen los niveles que la ley de 2006 estableció. Las nuevas valoraciones, por ejemplo, ya no determinan niveles dentro de cada grado, desde julio del año pasado,éstos dictámenes sólo establecen el grado, desaparecen los niveles que se fijaban dentro de éstos. Así, aunque pueda resultar un poco lioso, los dependientes que soliciten valoración entrarán dentro del nuevo sistema así como los que necesiten revisarlo, sin embargo, de acuerdo con los datos, en algunas comunidades autónomas, especialmente en Andalucia, el número dictámenes se ha ralentizado radicalmente, hasta el punto de sólo incluir a unos 25 nuevos dependientes al mes. Los datos son esclarecedores: la comunidad andaluza otorgó en octubre de 2012, 40 valoraciones de grado III (el más elevado) y a lo largo de este año esa cifra sólo ha aumentado hasta alcanzar las 334. En el otro extremo se sitúan regiones como Madrid o Cataluña que arrancaron con 743 y 401 valoraciones, respectivamente, durante el mismo mes del año pasado, y que a finales del pasado octubre, la capital superaba las 6.000 y Cataluña las 5.000. Pásaro confirma esta relación de cifras: «Cataluña y Madrid mantienen un claro incremento de las solicitudes valoradas, mientras Andalucía sigue una dinámica opuesta, disminuyendo ese porcentaje». Es más el experto concluye que «se ha producido una paralización de los expedientes de reconocimiento de las situaciones de dependencia», aunque «el número de solicitudes no disminuye». Y es que en el área de asuntos sociales, y por lo tanto en el reconocimiento de la dependencia, interviene exclusivamente el Ejecutivo autonómico, las transferencias del Ejecutivo central. Y es que la Junta no sólo ha dejado de incluir a nuevos dependientes, sino que a muchos de los que ya están valorados no se les da la prestación. «En Andalucía, el número de personas que teniendo el derecho reconocido no reciben las prestaciones por problemas presupuestarios o de otro tipo ronda las 50.000», añade Pásaro. Es cierto que el Gobierno ha reducido su aportación a la ley de dependencia en 213 millones de euros en dos años, pero esta disminución afecta a todas las comunidades y «no en todas se producen estos efectos». Si se cumplieran con los plazos que marcó la norma de 2006 y de la que la Junta hizo bandera, de 2007 a 2013 se irían incorporando nuevos dependientes, de los que más necesidades tienen a los más moderados, pero mientras se van reduciendo las antiguas listas de niveles, las de grados no aumentan en la misma proporción.

Y no sólo es que no entren nuevos dependientes en las listas de las autonomías, sino que si comparamos la evolución de las prestaciones que se otorgan, los datos tampoco ayudan a percibir mejor la labor de los servicios sociales de la Junta. En cuanto a las prestaciones económicas vinculadas al servicio –las que se conceden a centros de día y residencias principalmente– la comunidad andaluza no ha dejado de reducirlas: mientras en abril de este año otorgaron 3.073, el pasado mes de septiembre se redujo a 2.911 y las ayudas familiares durante el mismo periodo pasaron de 102.370 a 96.516, Madrid, sin embargo las ha ido incrementando: las primeras, de 5.457 a 6.202 y las que apoyan a las personas más próximas, de 19.952 a 23.555. Dos medidas que la ley de dependencia recogía como excepcionales, pero que en comunidades como la andaluza han decidido destinar más recursos que a la ayuda a domicilio, la teleasistencia o los centros de día porque así como una plaza en una residencia cuesta alrededor de 1.500 euros al mes a las arcas de la comunidad, las ayudas a domicilio son menos costosas. Eso sí, como denuncia Feaps, «con el decreto ley 2012 y la escasez de recursos, la ayuda familiar se ha reducido entre un 15 y un 25 por ciento en todo el Estado», afirma Inés de Araoz, asesora jurídica de la asociación. De este modo, los grandes dependientes reciben en torno a cien euros menos con respecto a la ley de 2006, pero no son las ayudas que más se han reducido las cuantías mínimas de protección, también han sufrido un recorte importante de en torno al 13 por ciento.

El plazo máximo para pagar las prestaciones se alarga de cinco a ocho años y a esta resolución se acoge especialmente la comunidad andaluza. Por este motivo y por el retraso en las valoraciones «muchas personas nunca llegaron a recibir los servicios o prestaciones que por ley les correspondía porque fallecieron antes», alerta el catedrático de la Universidad de La Coruña. Desde 2009, el presupuesto del conjunto de las comunidades autónomas en servicios sociales se ha reducido más de 478 millones de euros porque «sólo siete comunidades han incrementado el gasto», aunque como sostiene el experto, «el mayor desarrollo de los servicios sociales es el resultado de políticas de organización y no sólo de un mayor esfuerzo económico».

Para conocer mejor cómo funciona el laberinto autonómico en el que se ha convertido la ley de dependencia, Feaps presentó hace unos días un informe acerca de las diferencias que se dan entre las 17 en lo que se refiere al copago de los servicios. Entre los datos que podemos adelantar, el estudio explica cómo el límite por el que el dependiente queda exento de sufragar parte de los gastos del servicio varía dependiendo de dónde viva, «la cuantía de la cantidad reservada para gastos personales, en algunas comunidades es el 19% del IPREM, en otras el 10% y en algunas hasta el 40%», sostiene el informe «La regulación de la participación económica del beneficiario en el Sistema para la Autonomía y Atención a las Personas en situación de Dependencia». Como explica De Araoz, «si el porcentaje es muy bajo obligamos al dependiente a estar permanentemente institucionalizado ya que no le queda dinero ni para salir a tomarse un café».

GRATUIDAD EN MADRID

Los precios de referencia de los servicios también varían. El informe de Feaps pone como ejemplo el servicio de atención residencial para personas con discapacidad intelectual ya que mientras en Madrid este servicio es gratuito, en Castilla y León cuesta 48,9 euros al día, en Andalucía se dispara hasta los 79 euros al día. El consejero de Asuntos Sociales de la capital, Jesús Fermosel, aseguró hace unas semanas que «se destinarán un 10% más al mantenimiento de la red de centros para personas con discapacidad intelectual, física y sensorial con más de 13.000 plazas».