Ni pluses ni traslados si el médico no habla catalán

El Govern aprueba el decreto que exige aprender la lengua cooficial y Moncloa estudia recurrirlo.

Los trabajadores de la sanidad pública balear no podrán promocionar profesionalmente si no acreditan un nivel de catalán suficiente en función de la plaza a la que deseen acceder. El Consejo de Gobierno de Baleares dio ayer luz verde al polémico decreto que regula los requisitos de catalán para el personal del Servicio de Salud (IbSalut). La norma no impedirá a los profesionales presentarse a procesos de selección –oposiciones– aunque desconozcan la lengua cooficial, pero si no acreditan su conocimiento en el plazo de dos años verán cercenadas sus opciones de acceso a procesos de movilidad y de cobrar los pluses derivados de la carrera profesional. En estos casos, los médicos y enfermeros tendrán que tener la titulación de catalán B1 (elemental) y los auxiliares de enfermería y celadores el nivel A2 (básico). La propuesta final supone una versión descafeinada de la que se impulsó en un principio y que exigía unos niveles de catalán más elevados. La oposición en bloque de los sindicatos ha obligado al Govern a rectificar para evitar la desbandada de profesionales a otros territorios sin exigencias lingüísticas de este calibre.

Desde el Ejecutivo se aduce que esta iniciativa pretende defender y conjugar el derecho de los usuarios a ser atendidos en cualquiera de las dos lenguas oficiales de Baleares –catalán y castellano– con la garantía de ofrecer una asistencia sanitaria de máxima calidad. El Govern aprobó el decreto, que desarrolla la Ley de Función Pública, con el aval del 65% de la representación de los sindicatos en la Mesa Sectorial y del Consell Consultiu, aunque tres de sus diez miembros la consideran inconstitucional.

La norma también ha generado la oposición de parte del sector sanitario, del PP y Ciudadanos y de entidades como «Mos Movem, En Marcha, Let’s go», que hace unas semanas protagonizó en Palma una manifestación a la que asistieron unas 2.500 personas y que tenía como lema «Los idiomas no salvan vidas. Por una sanidad sin fronteras lingüísticas», informa Ep. Partidos políticos y colectivos consideran que la implantación de esta normativa limita la carrera profesional de los sanitarios.

Por su parte, Moncloa está analizando el contenido del decreto y advierte de que si figura en los mismos términos anunciados inicialmente lo recurrirá. La portavoz del Govern, Pilar Costa, argumenta que el texto ha sido aprobado con «todas las garantías» jurídicas para «desarrollar» la Ley de Función Pública y apunta que no cabe la presentación de un recurso de inconstitucionalidad porque no es una ley, sino un decreto con fuerza reglamentaria.