Sucesos

El juez ordenará esta semana registrar los coches de los padres de Asunta

Rosario Porto, en el coche que la trasladó a los registros de su casa
Rosario Porto, en el coche que la trasladó a los registros de su casalarazon

El juez que instruye el sumario como consecuencia del homicidio, o asesinato, de la niña Asunta Basterra, el magistrado Vázquez Taín, podría ordenar esta misma semana nuevos registros, en especial de los automóviles de los padres de la fallecida, que permanecen en prisión, según han informado a LA RAZÓN fuentes conocedoras del asunto. Se trata de buscar nuevas evidencias que confirmen las que ya se tienen y que pueden ser determinantes para la resolución del caso. «Esta semana puede ser clave para la investigación», añadieron los mismos medios.

El instructor trata de aclarar algunos puntos sobre los que no se tienen todos los datos, aunque sí bastantes certezas, entre ellas el traslado del cadáver de Asunta desde el lugar que se le dio muerte hasta el paraje donde apareció, en la parroquia de Teo, cerca de Santiago y de una casa propiedad de la madre de la niña. Los investigadores, bajo la dirección del juez, no quieren dejar ningún detalle sin escrutar y, sobre todo, centrarse en las pistas que realmente tienen importancia.

A este respecto, las fuentes consultadas han señalado que, en contra de lo que se ha venido informando, la niña no tomó albóndigas (en las que estaría mezclada una sustancia para adormecerla) en la última comida que realizó con sus progenitores, el mismo sábado en que se le quitó la vida. El hecho de que las albóndigas sobrantes aparecieran en el frigorífico y no fueran, si es que contenían evidencias incriminatorias para los progenitores, tiradas a la basura, se ha citado como una prueba de que son inocentes y no tenían nada que temer.

El argumento, gracias a los investigadores, se ha caído por su propio peso. A este respecto, otras fuentes no descartan que, dentro de una minuciosa preparación del crimen, los autores hubieran dejado una serie de pruebas falsas para hacer picar a los que se ocuparan de determinar quién o quiénes fueron los autores del delito.

Por ello, el trabajo de los agentes del Laboratorio de Criminalística de la Guardia Civil que recogieron casi un centenar de evidencias en el lugar en el que apareció el cadáver y en los distintos domicilios de la familia Barreda-Porto está resultando especialmente laborioso.

Las distintas fuentes consultadas subrayan que estamos ante un caso muy complejo, en el que no se pueden dar pasos en falso y en el que hay que dejar trabajar al juez, a la Fiscalía y a la Guardia Civil. Cada paso que se da, se pone de manifiesto que quienes cometieron el crimen lo prepararon con mucho tiempo y que, como es lógico, contaban con que se iba a abrir una investigación para resolver el caso.

Lo que quizás no sospechaban, agregan, es que se iba a trabajar de una manera tan minuciosa y profesional, desde el mismo hecho del levantamiento del cadáver, hasta el registro del lugar y de los domicilios y los interrogatorios a los que fueron sometidos los presuntos culpables, antes de ser enviados a prisión. Prueba de ello es que sólo cuando supieron que se iban a la cárcel se abrazaron y rompieron a llorar. Por otro lado, y dentro de la legítima estrategia de defensa que asiste a todos los abogados, ha llamado la atención que el que asiste a la madre de la niña le recomendara que no participara en la reconstrucción de los hechos con el fin de no dar pistas, al estar secreto el sumario. ¿Es que la práctica de esta prueba, a la que también se negó el padre –que ha actuado al unísono con su esposa desde el principio–, iba a ofrecer pistas relevantes? Desde el primer momento, ha llamado la atención a los conocedores del asunto la similitud, hasta el último detalle, de las versiones, que, en declaraciones separadas efectuaron los padres de Asunta, como si tuvieran en la cabeza hasta el mínimo detalle. Incluso lo que tenían que decir si eran pillados en «renuncio», sin que ello suponga dejar de lado la presunción de inocencia a la que tienen derecho las personas imputadas y no condenadas.