El líder de Acaip elude la Justicia y deja plantada a la juez

José Luis Pascual Criado estaba citado hoy para declarar por malversación de caudales públicos pero no ha acudido al juzgado. Un sector del colectivo de funcionarios de prisiones considera que está “utilizando” la lucha de los trabajadores para “camuflar” sus problemas judiciales

José Luis Pascual Criado, Secretario de Asuntos Económicos del sindicato de prisiones Acaip y, en la práctica, líder del mismo, no ha acudido esta mañana a declarar a los juzgados de Vitigudino (Salamanca), donde estaba citado para declarar por un presunto delito de malversación de caudales públicos. El funcionario de prisiones, que lleva 17 años liberado y tiene abierto un expediente sancionador por parte de Instituciones Penitenciarios desde el pasado mes de octubre por incompatibilidades, tiene dos procedimientos de investigación abiertos en los juzgados salmantinos. Se trata de los procedimientos abreviados 770/2014, por «infidelidad de custodia en documentos públicos y negociaciones prohibidas a funcionarios» y el procedimiento 691/2014, ante el mismo órgano judicial, por malversación de caudales públicos mientras era alcalde de Trabanca, un municipio de apenas 200 habitantes de la provincia de Salamanca. También están investigados su suegro y su mujer; Sonia Fernández, que sí acudió ayer al juzgado, según fuentes cercanas al caso. Sin embargo, Pascual Criado alegó no haber recibido a tiempo la citación judicial (sí llegó a su mujer, sin embargo), por lo que su declaración ha quedado aplazada para el próximo 4 de junio, según las mismas fuentes.

El sindicato Acaip está manteniendo las últimas semanas una fuerte campaña de protestas para que Instituciones Penitenciarias atienda a sus reivindicaciones para mejorar sus condiciones laborales, que se han visto mermadas con el paso de los años y que están muy lejos de las que han adquirido otros funcionarios del Ministerio del Interior, al que también pertenecen. Sin embargo, un sector de este colectivo dconsidera que Pascual Criado se está valiendo de esas legítimas reivindicaciones por parte de los funcionarios que cada día se juegan su integridad en las cárceles para justificar más tarde que una previsible sanción (posiblemente sea expulsado cuando se resuelva su expediente disciplinario, que algunas voces entienden que está tardando más de lo normal porque podría contar con algún “mano amiga”) o una posible condena judicial por sus presuntos “chanchullos” económicos como alcalde. “Si le echan dirá que lo hacen por ser molesto con Instituciones Penitenciarias, cuando la incompatibilidad por la que le sancionarían la cometió hace bastantes años”, explica uno de los funcionarios afectados. Es decir, un sector de este gremio considera que Pascual está ahora en “primera línea de batalla” para alegar más tarde que su expediente disciplinario o incluso su condena por haberse apropiado millones de euros sean una “respuesta” o castigo de Interior por encabezar estas protestas, que a menudo se han saldado con heridos. “Nos está utilizando. A él le da igual lo que le pase a los funcionarios porque está liberado desde hace mucho. Sabe que tiene muchos problemas por haberse llevado, supuestamente, millones de euros cuando era alcalde de ese pueblo de Salamanca. Y eso no tiene nada que ver con la lucha de los compañeros que sí trabajamos cada día en centros penitenciarios y que ahora nos jugamos nuestra integridad en las manifestaciones”.

Los problemas de Pascual Criado con la Justicia vienen, efectivamente, de su etapa como primer edil en Trabanca. Al parecer, según investiga un juzgado, creó sociedades y asociaciones susceptibles de recibir subvenciones de la Junta de Castilla y León, del Estado o de la Unión Europea como mero instrumento de enriquecimiento personal. Hablan de millones de euros desviados que ahora no podría justificar. Pascual fue primer edil de esta localidad desde 1999 hasta el año 2011 e investigan el posible trapicheo con subvenciones públicas y la relación entre el Consistorio y las asociaciones y empresas de las que participa, que manejan cifras millonarias, como adelantó ayer este diario. Los posibles delitos, denunciados por la Fiscalía y con soporte documental, al que ha tenido acceso este diario, sugieren un modo de proceder de Pascual Criado opaco y arbitrario sobre la gestión de los fondos del Ayuntamiento.

Nada más tomar el bastón de mando del pequeño municipio salmantino, lo primero que resuelve Pascual es eliminar al órgano fiscalizador y convoca un concurso para colocar a un nuevo interventor. Casualmente, la plaza la acaba ocupando una nueva trabajadora, Sonia Fernández, que acabaría siendo la esposa de Pascual Criado. Una vez «engrasado» el Ayuntamiento, el nuevo alcalde toma dos decisiones principales. La primera es crear organismos autónomos para la gestión de proyectos concretos del Ayuntamiento. Se trata de entes administrativos con personalidad jurídica y son el vínculo mediante el cual el primer edil podría haber dejado en mínimos los fondos del Ayuntamiento. De forma complementaria, crea asociaciones controladas por él mismo para que puedan ser beneficiarias de ayudas públicas.

La segunda decisión importante y posiblemente fraudulenta es la de solicitar desde el Ayuntamiento numerosas subvenciones para la financiación de estos organismos autónomos y asociaciones. Por ejemplo, la Asociación Juvenil Arribes del Duero, la Asociación Deportiva Arribes Natura o la asociación Vinduero-Vindouro, que tienen objetos sociales y tareas financiables a través de subvenciones dado la naturaleza de su objeto social o fin para el que han sido creados. Una vez creados esos organismos, el alcalde solicitaba cualquier tipo de subvención a la que pudiera optar, ya viniera de la Junta de Castilla y León, del Gobierno Central o de Europa, como los fondos Feder. Según la documentación que ya obra en manos de la Justicia, era muy habitual que se la concediesen precisamente porque las asociaciones creadas por él –probablemente ad hoc de estas suculentas ayudas– reunían todos los requisitos para ello. Así, una vez que contaba con el «ok» de la entidad pública que fuera a suministrar el dinero, el consistorio dirigido por él, solicitaba un anticipo del 75 por ciento de la subvención. Después, Pascual solía proceder de dos formas: renunciaba a la subvención una vez cobrada (y no llegaba nunca a devolverla) o, finalmente, resolvían que no reunía los requisitos y se la retiraban. Ya le habían dado el anticipo, no obstante, pero éste nunca lo retornaba. Así, el Ayuntamiento seguiría debiendo todo el dinero de estas subvenciones concedidas porque, básicamente, no pueden acreditar los proyectos. El importe total de los ingresos recibidos por los organismos autónomos y asociaciones que él controlaba entre los años 2005 y 2010 asciende a la cantidad de 2.376.619,20 euros. Una de las subvenciones supuestamente fraudulentas y que la Junta de Castilla y León reclamó al posterior equipo de Gobierno fue una ayuda pública de en torno a los 100.000 euros que recibió para una «primera fase» de un hipotético Museo del Vino que, a día de hoy, no existe.

También llama la atención que justo en el que fuera su último Pleno como alcalde, en 2011, se adjudica para la asociación de la que es director general, AECT Duero-Douro, uno de los edificios de propiedad municipal durante 30 años y a coste cero. Parece que esta agrupación es la «joya de la corona», ya que recibe de fondos europeos un presupuesto de 4,9 millones de euros. Del consistorio se va dejando cerca del millón y medio de deuda, posiblemente por esta forma de «vaciar» las arcas públicas.

Su mujer, Sonia Fernández, también está siendo investigada por malversación de caudales públicos y ayer sí acudió a su cita judicial. Y es que el tándem Pascual-Fernández está siendo ahora investigado por la Justicia. La casualidad de que fuera ella quien ocupara la importante plaza está en entredicho. Uno de los aspectos que investiga el juzgado salmantino es si Fernández estuvo durante un tiempo ejerciendo de secretaria-interventora del Ayuntamiento sin haber sacado la oposición, algo que logró en 2011. Sin embargo, ella y su marido, operaban de forma conjunta desde poco después de tomar éste la alcaldía. De hecho, la jueza que investiga el caso ya ha solicitado el certificado de los periodos en los que Fernández fue secretaria del consistorio. Lo que parece que está claro es que no fue nombrada por un procedimiento ordinario; es decir, mediante una resolución como funcionaria interina por la Dirección de ordenación del territorio y Administración Local de la Consejería de Presidencia de la Junta de Castilla y León o a través del artículo previsto en el decreto 3/2005 de 28 de abril, por el que se regulan los procedimientos de selección de funcionarios interinos y se crea la Bolsa de trabajo para la provisión temporal de puestos de trabajo. En cualquier caso, Fernández ocupaba ese puesto y, según denunció el equipo de Gobierno que les sucedió en el Ayuntamiento, llamaba la atención la «regularidad de la contratación administrativa», en particular, con dos empresas, sobre las que se circunscribió un importante volumen de contratación de 2006 a 2011. Eran Mafer y Reg S. L. e Ifercop-Arribes, S. L. La primera, ha recibido contratos municipales por valor de más de medio millón de euros: 540.222,46 euros. Los contratos públicos con la segunda de ellas, por su parte, ascienden a los 152.117,87 euros. Entre las dos, ambas con domicilio social en Fermoselle (Zamora), sumaban contratos de 692.340,33 euros.

Ahora se investigan varias posibles irregularidades con estas sociedades. La primera es que ambas tenían deudas con la Seguridad Social y no podrían, por tanto, concurrir a ningún concurso convocado por una administración pública. Pero esto no impidió que recibieran contratos que rondan los 700.000 euros. La segunda irregularidad en la que podría haber incurrido Fernández es en dar el «ok» como interventora del Ayuntamiento de Trabanca a contratos municipales con empresas en las que ella participa. Y es que Sonia Fernández era propietaria de la mitad (tenía 60 de las 120 participaciones sociales a las que ascendería el capital social) de Ifercop-Arribes S. L. en aquella época. Esta sociedad, constituida en 2003 y que tiene por objeto social el «alquiler de herramientas y maquinaria de construcción», está a nombre de José Fernandez, su padre y, por tanto, suegro del primer edil de Trabanca. También este señor es el administrador único de Mafer y Reg, S. L. y su hija era propietaria de 280 participaciones de las 720 que formaban en capital social de esta sociedad. Es decir, que el tándem Pascual-Fernández habría adjudicado contratos municipales a empresas familiares en las que ella misma participa.

Fernández no sólo sería la «facilitadora» en Trabanca sino que también ocupaba un puesto de relevancia en la famosa AECT Duero-Douro, la «gallina de los huevos de oro» de todas las asociaciones ideadas por Pascual por recibir millonarias subvenciones europeas. En esta entidad, Sonia consta como responsable económico financiero, por lo que también controlaba ayudas de millones de euros, que también están siendo investigadas. La Justicia investiga si, desde su creación en 2009, el tándem Pascual-Fernández ocultó los ingresos y gastos de la AECT al Tribunal de Cuentas. Además, al igual que su pareja con Instituciones Penitenciarias, Fernández también habría podido incurrir en incompatibilidades, dado la naturaleza pública de la AECT, vulnerando así la Ley 53/1984 de incompatibilidades para funcionarios, al desarrollar una segunda actividad en el sector público sin autorización.