El PSOE quiere que se nombre a los menores según el género que quieran

Para evitar casos como el de la menor transexual de seis años de Málaga, que abandonó un colegio concertado porque no admitían su identidad de género y le daban trato de varón, hoy, miércoles, el Pleno del Parlamento andaluz debate la propuesta de toma en consideración de la proposición de ley integral para la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales de Andalucía. Una iniciativa que pretende garantizar los derechos de aquellas personas que manifiestan tener una identidad de género distinta a aquella con la que han nacido, que ha sido promovida por la Asociación de Transexuales de Andalucía.

La propuesta, que ha sido presentada por el PSOE-A e IULV-CA, y que ha sido calificado como un procedimiento urgente, tiene como objetivo que se respete la protección de los transexuales. En el caso de los menores, «la Ley quiere velar por la protección del menor y que no se sientan discriminados, sino que se les trate de igual a igual», explicaron ayer a este periódico desde el PSOE de Andalucía. «Lo que pretende esta proposición de ley es reconocer, sin necesidad de un DNI oficial, cómo quiere ser tratada la persona. En el caso de los menores son los padres, no los menores, los que dirían al centro que su hijo o hija se siente niño o niña para evitar que se sienta discriminado», precisan. De modo que si unos padres tienen un hijo que nació como Sara pero se siente Pablo, son los progenitores los que podrán pedir al centro que le traten como Pablo.

«No se trata de obligar a los centros, sino de solicitar», añaden desde el PSOE de Andalucía. Si bien, en el artículo 16, punto 2, se especifica que «los estudiantes, personal y docentes que acudan a los centros educativos de la comunidad andaluza tienen derecho a ver su identidad de género libremente determinada y el nombre que hayan elegido». Es decir, que muy voluntario no será.

Asimismo, esta identidad de género «será reflejada en la documentación administrativa del centro, en especial aquella de exposición pública, como listados de alumnado, calificaciones académicas on censos electorales para elecciones sindicales o administrativas, con independencia de lo inscrito en el Registro Civil correspondiente», según especifica el citado punto.

La propuesta no ha caído igual de bien en todos los sectores. «Constituye un verdadero disparate porque el menor está en pleno desarrollo psicológico, emocional y afectivo, por lo que instarle a que tome esta decisión es perjudicial para el menor», afirmó ayer Jaime Urcelay, presidente de Profesionales por la Ética. «No se ha pensado en las consecuencias para el menor. Se le va a crear una confusión de su sexualidad que seguramente ni se la había planteado, cuando lo importante es velar por respetar sus gustos. Se supone que esta medida persigue proteger a un colectivo, pero psicológicamente puede ser perjudicial para el menor», añade.