«El Supremo nipón me da la razón, pero ella no cumple»

Antonio Blanco atiende a este diario desde Japón. Allí pasa cada año tres meses, «mi trabajo como profesor me lo permite», explica. A pesar de todos sus desplazamientos, «la última vez que vi a mi hija fue en agosto del año pasado en un juzgado de familia de Tokio». El encuentro sólo duró media hora «con prohibición expresa de tocarla, besarla, hablarla o hacerle regalos» y pudo disfrutar de este momento porque «una jueza obligó a la madre», ya que «la última sentencia del Tribunal Supremo japonés dictamina que tengo derecho a ver a mi hija diez horas a la semana durante el tiempo que esté en Japón», pero Antonio regresa a España el próximo día 31 sin tan siquiera haber compartido unos minutos.

Tampoco le puede enseñar a su familia la evolución de su pequeña Isabel, a la que su madre ha cambiado el nombre y ahora responde al de Shiori, porque «tengo prohibido sacarle fotos y tengo muy pocas». El último «selfie» que se pudieron sacar juntos fue hace casi cuatro años. Este profesor de Salamanca tiene claro que el Gobierno español tiene poco que hacer en estos casos, aunque «el consulado de España protestan ante el Ministerio de Asuntos Exteriores e intentan visitar a mi hija». Todo sin éxito. Antonio ha aprendido desde 2009 que «una modalidad no infrecuente de divorcio aquí es cambiar la cerradura del domicilio para que el otro cónyuge no pueda entrar». Desaparecer con los hijos no es más que otra más. Este padre sí que considera que parte de la culpa la tienen los juzgados de Salamanca porque «desde que denuncié la sustracción de mi hija, la jueza tardó 15 días en dar orden de búsqueda y captura contra su madre y presunta sustractora». Y con rabia insiste: «Nada ni nadie impidió que mi hija saliera de territorio Schengen».