«Entregar a mi hija a un abusador es lo más difícil que he hecho en mi vida»

Una magistrada de Fuenlabrada permite que una menor de cinco años sea dada a su padre, denunciado por abusar presuntamente de ella.

María tuvo el pasado lunes que entregar su hija al padre, al que ha denunciado por presuntamente abusar sexualmente de la pequeña. La dejó en el domicilio del progenitor, no sin antes explicar a su hija de cinco años por qué lo hacía. «No te puedes imaginar los alaridos que daba cuando le dije que tenía que llevarla con él. Tras explicárselo, lo entendió y me pidió que siguiera luchando por ella», cuenta a este periódico con una voz rota por el dolor. María no es su nombre real, nos ha pedido que preservermos su verdadera identidad para proteger a su pequeña. Teme que la menor se vea aún más afectada.

«Entregar mi hija a un abusador es lo más difícil que he hecho en mi vida. Tienes la sensación de que te vas a romper y gracias a que mi hija levantó la cabeza y fue hacia la puerta, porque sabía que lo había dicho una juez». No hay derecho a que una niña tenga que decir a una madre «sé fuerte y lucha. Voy a esperarte». María siente que la Justicia le ha fallado: «No están protegiendo a la víctima». De ahí que su abogada, Ángeles Moreno, pidiese, como medida cautelar, modificar con carácter urgente la suspensión del régimen de guarda que tiene el padre, así como la suspensión del régimen de visitas, presentando para ello dos informes (de parte) que concluyen que la pequeña ha sido víctima de abusos sexuales, así como un vídeo en el que la menor relata los presuntos abusos a la psicóloga Margarita García Marqués.

No obstante, la juez del Juzgado de Instrucción número 6 de Fuenlabrada, María Dolores Nortes, dictaminó el pasado 26 de julio no aplicar ninguna medida cautelar al desestimar la solicitud de medidas de amparo. El fallo de la juez, cuenta, además, con el respaldo del Ministerio Fiscal, que, según el auto, «emite un informe en el sentido de oponerse a la adopción de medida alguna ante la falta de urgencia». En el auto, la magistrada también recoge que el abogado del padre demandó que se le atribuyese al progenitor el ejercicio exclusivo de la facultad de decisión respecto de los temas sanitarios y de salud de la niña, ya que «su madre “nuevamente ha sometido a la menor” a un exudado vaginal y a tres test de Graham este mes de julio». De lo anterior se desprende –prosigue el auto– que «entre ambos progenitores debe existir un largo historial de reclamaciones y demandas relacionadas con la patria potestad y custodia de la hija de ambos». De modo que «adoptar, de forma precipitada, y sin un completo conocimiento de la situación de ambos progenitores y de su relación paterno filial para con (la menor), una medida tan trascendental y sensible para ésta como es retirar la custodia al padre y prohibirle relacionase con su hija, podría suponer un perjuicio para la menor que luego sería difícilmente reparable». De ahí, la decisión de la juez.

Algo en lo que no está nada de acuerdo la abogada materna: «No entiendo que considere un perjuicio irreparable una medida cautelar –que es algo temporal– teniendo dos informes que concluyen que la menor sufre abusos sexuales». Una opinión que también trasladan otros expertos. Así desde Women´s Link Worldwide explican que «estas situaciones no deberían producirse. Ante una sospecha así habría que tomar una medida cautelar para evitar la producción de un posible daño mientras se investiga».

Este periódico intentó contactar por varias vías con el progenitor de la menor sin éxito. Su abogada, Ana Ruiz Velilla, del despacho v. Carstenn-Lichterfelde, no quiso hacer observaciones: «A ninguno de mis clientes les gusta que dé declaraciones».

María y su marido adoptaron en 2013 a la menor. La pequeña, natural de Etiopía, tenía entonces siete meses. «Su actitud cuando fuimos a recoger a la niña me extrañó. Quería quedarse a vivir allí. Una vez en España, los ataques violentos fueron a más. Tiraba objetos al suelo o me lanzaba alguno para darme. Me decía que la niña no le quería por mi culpa», recuerda María. En una ocasión, «una vecina me avisó de que la pequeña no se quería quedar con su padre y que se agarraba a su cuello llorando. El día antes de irme se puso a perseguir a la niña. Nos encerramos en una habitación y al día siguiente me fui con ella a casa de mi madre».

En 2015 se separaron. En septiembre el juzgado dio a la madre la custodia de la menor y al padre visitas vigiladas. En 2017 la madre denuncia posibles abusos sexuales del progenitor hacia la niña después de que la menor tuviese vaginitis en varias ocasiones. «Se curaba, iba con él y volvía a venir con vaginitis», afirma la madre. El juez solicitó entonces un informe a los servicios psicosociales del juzgado, que determinaron que la custodia la tuviese el padre y ella las visitas porque «sufre, sin decirlo, el mal llamado síndrome de alienación parental (cuando un progenitor transforma la conciencia de sus hijos con objeto de malmeter contra un progenitor), que el CGPJ ha dicho que no se aplique puesto que no tiene validez científica», recuerda María.

Sin saber qué hacer y preocupada por los síntomas que le mostraba la menor, la madre solicitó un informe psicológico a García Marqués en el que durante la segunda sesión la menor narró que «tampoco le gusta que mamá se enfade pero ella no pierde los nervios, ni le grita, ni rompe nada». Tras decir que todos la quieren mucho, la menor afirma que «hay una cosa que no le gusta que le hace papá». En una cuarta sesión la menor le indica cogiendo un muñeco qué es lo que le hace. «Me subió el vestido y me hizo esto». Por ello, María se planteó no devolverla, pero «se lo desaconsejé», relata su abogada, que hizo hincapié en que no entiende que ante una sospecha así se tenga que «esperar hasta septiembre, que es cuando el progenitor está citado a declarar». «El problema –apunta María– es que hagas lo que hagas lo vas a hacer mal. Pido ayuda a la Justicia». También ha pedido a las embajadas de Etiopía en Bruselas y París que «si las autoridades españolas no protegen a mi hija lo hagan ellos».

El 10% de la población ha sido víctima de abusos

Entre un 10 y un 20% de la población ha sido víctima de abusos sexuales en la infancia, según estudio realizado por Save The Children. En su mayoría, los niños sufren abusos entre los once o doce años y su agresor es un conocido con autoridad: entrenador o profesor. Las niñas, en cambio, los padecen entre los siete o nueve años por un agresor del entorno familiar. Las consecuencias son variables. No obstante, entre seis y ocho víctimas de cada diez se ven afectados en distinto grado, y en un porcentaje de casos las consecuencias son tan intensas que llegan a provocar síntomas clínicos relevantes. A largo plazo, los efectos son menos frecuentes y es más complicado estudiarlos ya que se mezclan con otros factores que no tienen por qué estar relacionados con los abusos sexuales. Sin embargo, entre un 10% y un 20% de las víctimas asocian el abuso con consecuencias negativas que afectaron a su vida, como dormir mal o rechazar la sexualidad.