Narcotráfico

Falta de medios y leyes para combatir el narcotráfico

Falta de medios y leyes para combatir el narcotráfico
Falta de medios y leyes para combatir el narcotráficolarazon

No es la primera vez que escribo sobre la necesidad de crear juzgados y fiscales especiales para combatir la lacra del narcotráfico en nuestro país. AEGC advertía que los capos de las bandas criminales más peligrosas están bien organizados y con el sucio dinero que obtienen de sus fechorías contratan abogados que dilatan los procedimientos aprovechando la complejidad de estas macro causas para conseguir condenas pírricas similares a los detenidos con dos kilos de hachís, aunque estos últimos no tienen tanta suerte y son condenados a los pocos meses de ser detenidos.

Esta semana hemos conocido el auto del Juzgado número 2 de La Línea de la Concepción (Cádiz), en el que concede la libertad bajo fianza de Francisco Tejón, líder del clan de Los Castañas, uno de los principales grupos de narcotraficantes del Campo de Gibraltar y de su hermano Antonio. Entre los dos han abonado 320.000 euros una fianza irrisoria para dos personas que tienen una gran fortuna procedente de esta actividad ilícita.

El juez Romero tomo esa decisión argumentando la «complejidad del caso» y a la previsión de que «la apertura del juicio sea lejana». Los jueces se encuentran procedimientos imposibles de gestionar y delincuentes con buenos abogados pagados con el dinero sucio de estas organizaciones criminales. Precisamente desde AEGC hemos denunciado esta situación en multitud de ocasiones. Hemos denunciado que estos delincuentes peligrosos tienen condenas irrisorias a causa de las dilaciones indebidas de los procedimientos por falta de medios y de jueces y fiscales para combatir y gestionar estos procedimientos.

La puesta en libertad de los hermanos Castañas no ha sido una buena noticia para los guardias civiles y policías que se juegan la vida en el Campo de Gibraltar combatiendo a narcotraficantes y organizaciones criminales que desprecian la vida de los agentes y ciudadanos en cada una de sus actuaciones criminales, pero tampoco es una buena noticia para los ciudadanos que ven desesperados que el Estado de Derecho pierde la batalla ante los narcotraficantes por la falta de medios para acabar con esta lacra social y, por supuesto, para intervenir el capital que consiguen de sus sucios negocios.

Pueden hacerse discursos políticos muy enérgicos “no pararemos hasta acabar con esta lacra”, pero de nada vale

las muchas operaciones de guardias civiles y policías y la detención de más de 3.000 personas en el Campo de Gibraltar y Andalucía si a los pocos meses salen en libertad y pueden comenzar a dirigir sus operaciones criminales. Esta es una realidad incuestionable que desmoraliza y debilita la credibilidad de las Instituciones y del propio Estado de Derecho. Esta desmoralización colectiva y ciudadana no sólo ocurre con el narcotráfico, también con delitos financieros de gran calado donde desgraciadamente observamos incrédulos que los delincuentes consiguen la libertad y, por supuesto, lo que más les importa: quedarse con el dinero, vivir a lo grande.

La complejidad no puede servir de excusa ni debería ser una causa válida para que los capos y delincuentes de organizaciones criminales puedan beneficiarse de condenas mas leves y, mucho menos, que puedan seguir disfrutando de las fortunas conseguidas envenenando, matando, defraudando y robando a millones de ciudadanos decentes. No puede ser una excusa, porque no es la primera vez que jueces, asociaciones ciudadanas y de guardias civiles denunciamos una alarmante falta de medios que pone en evidencia las carencias del Estado de Derecho para defenderse de estas organizaciones criminales de delincuentes peligrosos.

La receta parecía fácil más guardias civiles y policías para investigar y detenerlos. Una receta que daba sus frutos y se han intervenido millones de euros y kilos de hachís, vehículos y se han detenido a más de tres mil personas. Pero como dice Arguiñano, ningún plato sale bien si le faltan condimentos y, en el caso que nos ocupa, nos faltan jueces, fiscales y leyes que impidan que delincuentes dilaten los procedimientos y salgan en libertad.