Fin al coladero del aborto

Por fin ha llegado hoy al Consejo de Ministros la reforma de la Ley del Aborto que el Partido Popular se comprometió a impulsar en esta Legislatura de acuerdo con su programa electoral. Una reforma de la ley de plazos aprobada por el Gobierno socialista –que autorizó el aborto libre en las primeras 14 semanas de gestación– que ha generado incluso debate y discusión dentro del Gabinete de Rajoy entre los partidarios de ir a postulados máximos, anticipados en el proceso de maduración de este proyecto legislativo, y los que han defendido modular algunos de los puntos que más debate social han generado, al calor de la movilización de la izquierda.

Este debate interno dentro del Gobierno ha retrasado la aprobación del proyecto impulsado por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, su principal valedor y uno de los ministros que más ha dado la cara por esta delicada reforma. También la ha defendido con firmeza el titular de Interior, Jorge Fernández Díaz. Tan sensible es esta cuestión que ayer el Gobierno parecía que se había conjuramentado para mantener un secreto absoluto a la espera de la reunión de hoy del Consejo de Ministros. «Habrá sorpresas», anticipaban, enigmáticamente. Un sector del Gobierno ha defendido la decisión de que un comité médico, con más de un profesional, intervenga en el proceso, y también que el proyecto mantenga la distinción entre discapacidad (que no será motivo de aborto) y un listado de malformaciones del feto que sí pueden derivar en una interrupción del embarazo. Aunque en esencia se vuelve a la primera Ley del Aborto, la del 1985: El Gobierno refuerza las garantías para acabar con los escandalosos coladeros a los que dio lugar aquella primera ley por el uso abusivo de los supuestos establecidos: violación, daño para la vida o salud física o psíquica para la madre y malformación del bebé. Y es que cerca del 98 por ciento de las interrupciones del embarazo que se realizan en nuestro país se acogen al daño psicológico para la madre.

Después del trámite de hoy en el Consejo de Ministros el Gobierno buscará la negociación y el acuerdo con los grupos en el Parlamento. Hoy explicitará esa disposición al pacto sobre una cuestión que entiende que debe tener tratamiento de asunto de Estado. El Ministerio de Justicia ha convocado además a los medios de comunicación esta tarde para explicar al detalle la letra pequeña del proyecto, sus consecuencias y los cambios que implica respecto a la regulación actual.

Como ha ido avanzando este diario, dos de los puntos más controvertidos de la reforma y que han generado más polémica dentro de las propias filas del grupo popular es la decisión de no permitir el aborto por motivos de malformación del feto, así como la decisión de definir un comité de médicos –se hablaba de dos facultativos procedentes de la Sanidad pública– que evaluara a la mujer que decida abortar por causas psicológicas. En lo que concierne al aborto por malformación del feto, el ex alcalde de Madrid tiene muy claro que quiere mantener su apoyo a la reclamación del Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU que han pedido en reiteradas ocasiones la supresión de este supuesto, ya que consideran que es una forma de discriminar a las personas con alguna discapacidad. En 2011, cuando aún era presidente José Luis Rodríguez Zapatero, la ONU realizó esta misma observación ya que consideraban que la «ley Aído» no cumple con esta petición.

El pasado miércoles, al finalizar el Consejo Interterritorial de Sanidad, la ministra de Sanidad, Ana Mato, echó balones fuera cuando le preguntaron por la reforma, y es que desde el minuto cero, el Ministerio de Justicia ha tomado las riendas de esta nueva norma y durante los últimos meses, el máximo responsable de esta cartera ha trabajado directamente con el equipo responsable de este cambio legislativo. Lo que sí confirmó Mato es que «la reforma va acorde con la resolución del Tribunal Constitucional» y «mantiene la misma línea que presentamos en nuestro programa electoral». Así, la ministra confirmó que las adolescentes de 16 años van a tener que acudir con sus padres si deciden abortar o presentar un justificante que refleje el concimiento de alguno de sus progenitores. Éste es otro de los puntos que avanzó Gallardón a LA RAZÓN y que terminará con la actual permisividad de la norma de 2010.

Un punto que no va a recoger la norma que se aprobará hoy y el PP se planteó introducir es una normativa complementaria que apoyara a la maternidad, es decir, que impulsara unas medidas para ayudar a las madres.