Fomento también investiga las aplicaciones de transporte compartido

Uber no, BlaBlaCar sí. Ésa es la lectura principal que se podía hacer con la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres en la mano en torno a las aplicaciones de lo que se ha venido a llamar «taxis piratas», por un lado, y transportes compartidos, por otro.

Uber no, BlaBlaCar sí. Ésa es la lectura principal que se podía hacer con la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres en la mano en torno a las aplicaciones de lo que se ha venido a llamar «taxis piratas», por un lado, y transportes compartidos, por otro. El texto estipula que tanto las personas como las empresas que realizan «transportes de viajeros por cuenta ajena en vehículos de turismo mediante retribución económica» deben encontrarse «previamente autorizados por la Administración». Así, la ilegalidad se produciría si hay una persona o una empresa que se está lucrando ejerciendo de «taxista» o chófer sin autorización. Con todo, las apps de transportes compartidos no quedan fuera de sospecha. Al menos para las patronales de transporte de viajeros. En principio, un sitio como BlaBlaCar se limita a poner en contacto a varias personas que quieran compartir gastos en un viaje interurbano –gasolina, mantenimiento, etc–. Sin embargo, como explica Julio Moreno, presidente de la Federación Española de Taxis, estas aplicaciones, «diferentes a Uber», pueden tener «alguna laguna». De hecho, les consta que Fomento «las está inspeccionando», después de que el sector así lo reclamara. Hay que recordar que, según reconocieron desde BlaBlaCar a este diario, la empresa actualmente «no obtiene beneficios» y que funciona más como una «red social», pero que a día de hoy se encuentra «en fase de implantación el cobro de una comisión».

Huelga el 1 de julio

La Federación Española de Taxis será uno de los actores implicados en la reunión de las patronales de transporte de viajeros por carretera que se producirá el próximo lunes. La reunión nace con el objetivo de emplazar a la ministra de Fomento, Ana Pastor, a un encuentro para encontrar formas de atajar las pérdidas económicas sufridas por el sector por el transporte compartido por internet, un fenómeno que provocó una huelga del gremio en las grandes capitales europeas durante el pasado miércoles. No en vano, como informó ayer LA RAZÓN, el sindicato de taxistas de Barcelona, única ciudad en la que, hasta el momento, opera Uber, estima que durante los dos meses que lleva activa la app han perdido entre un 10% y un 15% de ingresos. Además, la Federación Profesional del Taxi y UGT-Uniatramc ya se han mostrado partidarias de convocar un nuevo paro para el 1 de julio.

El objetivo de las patronales no lleva a engaño: si estas apps no admiten la legalidad y cumplen los mismos trámites que el sector –la formación, la obtención de una licencia, los permisos reglamentarios, etc–, se pedirá al Gobierno directamente su cierre. «Si alguien abre una página web para la venta de estupefacientes, la cierran de inmediato», compara Moreno con la situación actual.

En este contexto, explica, BlaBlaCar, aunque no «choca» frontalmente con los intereses del sector del taxi, sí que lo hace con el transporte de autobús. La patronal del sector, Fenebus, que estará presente en la reunión del próximo lunes, ha achacado a este nuevo modelo de transporte de particulares una caída de viajeros de un 7% –el total de pérdidas fue de un 14%–.

Con todo, Moreno cree que la ley de ordenación actual está «suficientemente reforzada» para proteger los derechos del sector y no sería necesario ningún «retoque» ante las nuevas apps de transportes. De hecho, la Generalitat de Cataluña, única comunidad autónoma que se ha visto obligada a actuar ante la llegada de Uber, ha abierto un expediente sancionador a la empresa y a tres conductores en virtud de la ley estatal vigente. Un texto que, en el caso de que la app se extendiera, sería de obligado cumplimiento en cada región. Estas penas podrían acarrearle 6.000 euros a cada una de las partes. En cuanto a los viajeros, que por hacer uso de Uber podrían enfrentarse a multas de hasta 600 euros, fuentes de la Genaralitat explican que no se tiene intención de actuar contra ellos.

La UE se desentiende

Mientras tanto, Bruselas sigue abogando por no intervenir en este conflicto. El pasado miércoles, Ana Pastor pidió a la Unión Europea que aborde los nuevos sistemas de intermediación de transporte a fin de establecer una acción común, debido al carácter global de las nuevas tecnologías. Algo, pidió Fomento, que debería ser tratado en la próxima reunión del Consejo de Ministros europeos de Transporte. Sin embargo, la Comisión Europea respondió ayer diciendo que este aspecto «no es algo que esté en el horizonte» de la UE, dijo Ryan Heath, portavoz responsable de la Agenda Digital. «Los gobiernos nacionales tienen que solucionar esto por sí solos y nuestra opinión es que deberían hacerlo dando la bienvenida a la innovación», añadió.

Ya en nuestro país, el PSOE solicitó la comparecencia de la ministra en el Congreso para que explique la estrategia con la que se va a afrontar los conflictos surgidos, «que van a ir a más». Mientras, el diputado de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) por Asturias, Gaspar Llamazares, exigió al Gobierno que «prohíba de inmediato» servicios «sanguijuela» como Uber que llevan a cabo una actividad «ilegal» y cometen «fraude laboral y tributario».