La falsa polémica del reparto de fondos para la pobreza

Repartir 17,4 millones de euros para luchar contra la pobreza infantil nunca había sido tan complejo, pero antes de poner fecha a la reunión interterritorial de los directores generales con la secretaria de Estado de Asuntos Sociales,Susana Camarero, y con la propia ministra,Ana Mato, ya se había acordado en reuniones previas cómo se iba a realizar la división. Como reflejan las actas de estos encuentros, cada comunidad autónoma propuso una forma diferente en la distribución: la dispersión, la insularidad, la renta per cápita, la población... Pero la que consideraron «más objetiva», según Mato, era la tasa Arope, la que mide el número de personas en riesgo de pobreza o exclusión social, según la estrategia Europa 2020. Así, en el acta del 22 de abril a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, una de las primeras reuniones, el director gerente de Servicios Sociales yDependencia de Andalucía «felicita al Ministerio por el establecimiento del crédito para pobreza infantil y propone que el indicador Arope se pondere con el indicador de población, dado que en este reparto Andalucía sale perjudicada en relación con otras regiones con menos población», en referencia a las ciudades de Melilla yCeuta donde la tasa de pobreza supera a la del resto de comunidades autónomas. A la reclamación andaluza también se unieron Cataluña, Galicia e incluso Madrid, que aceptan el reparto pero plantean que se tenga en cuenta la población. Asturias, «refrenda la posición de Andalucía» pero también introduce la posibilidad de que se haga una distribución diferencial. Con todo, al final de la reunión todos los participantes acuerdan seguir adelante con el reparto y «dejar para otro año el replanteamiento del indicador». Y así, postergaron la siguiente reunión al 26 de junio en la que, como figura en su acta, Andalucía no planteó nuevas pegas, sino que «solicita que la gestión de estos créditos se haga con rapidez y no como el año anterior, que se recibieron los créditos en diciembre». Tras las repetidas quejas tanto de Andalucía como de Cataluña,Galicia yAsturias, Mato aseguró, al finalizar el Consejo Territorial, que para futuras ocasiones se tendrán en cuenta otros indicadores, pero el fondo que se aprobará mañana en el Consejo de Ministros quedará tal cual. Es decir, a Andalucía le tocan 1,2 millones de euros, mientras que la partida para Ceuta asciende hasta 1,3 millones. Aunque los documentos reflejan que el reparto se aprobó entre todos, el Partido Socialista ya ha solicitado la comparecencia de Ana Mato, que «dé la cara» en el Congreso para que explique «las razones de un reparto que rompe el principio de igualdad entre los niños y las niñas que viven bajo el umbral de la pobreza dependiendo en la comunidad en la que vivan», afirmó ayer Rosa Aguilar.

La partida ha sido muy bien aceptada por todos los agentes sociales. Sin embargo, ¿es Arope la mejor opción? De acuerdo con Save the Children, la organización que trata directamente con niños en situación de exclusión, «Arope no es capaz de medir la desigualdad y es que en España aún no se ha hecho un buen diagnóstico, un análisis real de lo que ocurre en cada comunidad autónoma», afirma Aurea Ferreres, responsable de Incidencia Política de la ONG.Lamenta que la tasa europea sea la única que se pueda tomar de referencia hoy porque «compara situaciones muy distintas.No es lo mismo un mileurista enEspaña que uno en Suecia.Allí pueden vivir porque tienen la Sanidad, la Educación y otros bienes básicos cubiertos». Insiste en que «la pobreza infantil es estructural», no es un problema que haya surgido de la nada. Ferreres tampoco se olvida, como también recuerda elMinisterio de Sanidad, que «durante la época de vacas gordas el porcentaje de pobreza infantil en nuestro país también era elevado, de entre un 23 y un 24 por ciento». En esta misma línea, Luis Ayala, catedrático de Economía de la Universidad Rey Juan Carlos, afirma que el problema requiere «una solución urgente, según algunos estudios, porque el sistema español de protección de hogares con hijos es muy débil».De hecho, según Ayala «los niveles de protección social de la infancia en España son los segundos más bajos de la Unión Europea, sólo superados por los niveles de Grecia, algo absolutamente impropio comparado con nuestro nivel de riqueza». Save the Children insiste en que «reducir la pobreza y erradicarla es una obligación legal y moral y el Estado debe asumirlo». Son las asociaciones y las ONG las que mantienen la principal red de asistencia, como reflejan datos como los de Mensajeros de la Paz que, para este verano, «hemos tenido que duplicar las plazas en nuestros diez comedores porque las familias con hijos durante estos meses no cuentan con el apoyo de los comedores escolares y viene gente que antes no se acercaba».Por su parte, la Fundación Pan y Peces, que reparte alimentos a familias cuyos miembros están todos en paro, afirma que «tenemos una lista de espera de más de 700 personas y ahora atendemos a 600 familias», afirma su portavoz Mariana Montero. No cuentan con subvenciones estatales y «gracias a las donaciones privadas intentamos llegar a más personas». Las cifras se explica solas: en 2008 atendían a 250 familias y ahora ese dato supera el doble.