La «ideología Aído» se cuela en las autonomías

Varias comunidades autónomas están dando los primeros pasos en la elaboración de normas de no discriminación de los gays, lesbianas, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGTBI). Sin embargo, la norma que ya ha aprobado Galicia y otra similar que está en trámite parlamentario en Cataluña van más allá de la mera igualdad, ya que su articulado no sólo regula la convivencia social o la igualdad de oportunidades, sino que legisla áreas de la vida como la Educación, la Sanidad, el entorno familiar e, incluso, los medios de comunicación.

El pasado 25 de abril se publicó la norma en el Diario Oficial de Galicia y, aunque no recoge medidas sancionadoras, sí que introduce artículos polémicos como el 22, que determina la «inclusión de la realidad LGTBI en los planes de estudios». Así, «la consejería competente incorporará la realidad homosexual, bisexual, transexual, transgénero e intersexual en los contenidos transversales de formación de todo el alumnado de Galicia». Este artículo «choca con la nueva ley de educación, la Lomce, que promueve la libertad de enseñanza y la autonomía de los centros», denuncia Benigno Blanco, presidente del Foro de la Familia. Pero la norma no se queda sólo en la introducción de contenidos en todos los cursos, desde preescolar hasta la Enseñanza Secundaria, sino que también insiste en la «divulgación de la realidad LGTBI entre las AMPA». Es decir, que la consejería competente diseñe junto con las asociaciones de padres de alumnos «contenidos para las escuelas de padres y madres relativos a la realidad LGTBI y a los diferentes modelos de familia». Luis Carbonel, presidente de Concapa (Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos), no ve con buenos ojos esta norma: «No se puede emplear la escuela para decirles a los padres cómo tienen que educar a sus hijos. Ningún colectivo debe imponer un tipo de educación con excusas de discriminación». No sólo es la educación el ámbito en el que se centran estas normativas. Tanto la norma gallega como la futura ley catalana abordan también el ámbito sanitario, el deporte, el ocio, la comunicación, el laboral, e incluso el de la familia, ya que se establece que deben crearse «programas de información a las familias para divulgar las distintas realidades afectivo-sexuales y de género y los distintos modelos familiares». «Es un atentado contra las libertades básicas porque nos quieren imponer una ideología y el Estado en eso no debe entrar, debe ser neutral», afirma Blanco.