La ley Celaá da 10 años a la educación especial

El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de Ley Orgánica para la reforma de la Ley Orgánica de Educación (LOLOE), más conocida como “ley Celaá” y que suponía la principal propuesta en educación del Gobierno de Pedro Sánchez, aunque la convocatoria de elecciones generales para el 28 de abril impedirá que el texto llegue a aprobarse en las Cortes. La ministra de Educación y Formación Profesional, y portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha manifestado su esperanza de que el Congreso al menos pueda aprobar la toma en consideración de la ley. “Es la Mesa del Congreso la que ordena sus trabajos, y ojalá que se llegue a tiempo para eso”, afirmó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, y defendió la aprobación del proyecto de ley “por respeto a la gente” que ha trabajado en los últimos meses en la elaboración del texto.

Uno de los puntos que incorpora la norma es la regulación de los centros de educación especial que, como ya avanzó este diario, y queda registrado en una disposición adicional de la norma, “el Gobierno, en colaboración con las administraciones educativas, desarrollarán un plan para que, en el plazo de diez años, los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad” y relega a los centros dedicados a la educación especial a ser meros “apoyos” de la ordinaria. Con esto, cumple con la enmienda que propuso el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) que salió adelante en la reunión del Consejo Escolar del pasado 8 de enero. Una decisión con la que no están de acuerdo muchos padres de menores con discapacidad. “La redacción es bastante ambigua, pero como indican que habrá partidas presupuestarias para la ordinaria y no para la especial, damos por hecho que es la forma que tienen de dejarla morir”, explica a LA RAZÓN, Patricia Giral, portavoz de la plataforma Educación Inclusiva Sí, Especial También. “Sólo van a permitir que vayan a estos centros las grandes discapacidades que la propia Administración determinará quienes son”, añade.