La Policía aborta el primer intento de compraventa de órganos en España

Un alcalde libanés con alto poder adquisitivo ofrecía hasta 40.000 euros a inmigrantes sin recursos para conseguir un hígado. Los cinco detenidos han quedado en libertad, tres de ellos imputados de un delito de tráfico ilegal de órganos.

La Policía Nacional ha impedido el primer intento de compraventa de órganos en España, en una operación en la que han sido detenidas cinco personas que llegaban a ofrecer hasta 40.000 euros a inmigrantes sin recursos para someterse a trasplantes ilegales de hígado. Los cinco detenidos han quedado en libertad, tres de ellos imputados de un delito de tráfico ilegal de órganos, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

Según informa la Dirección General de la Policía, un alcalde libanés, de 61 años, con alto poder adquisitivo necesitado de un nuevo hígado viajó recientemente a España para intentar, sin éxito, ser trasplantado gracias a un donante supuestamente voluntario.

Ayudado de otros cuatro individuos, llegó a realizar la oferta a nueve personas y costeó las pruebas y análisis médicos previos para comprobar la idoneidad de los candidatos. El transplante ilícito no se llegó a realizar, gracias a los controles del Modelo Español, que impiden la compra venta de órganos en nuestro país, y una legislación pionera en el mundo que penaliza con hasta 12 años de cárcel el tráfico de órganos y el turismo de trasplantes. El director de la Policía, Ignacio Cosidó, ha destacado "el especial compromiso de la Policía Nacional para luchar, en colaboración con las autoridades sanitarias, contra el turismo sanitario y el tráfico de órganos en nuestro país".

La denuncia de la responsable de una ONG de ayuda a inmigrantes dio inicio a las investigaciones. Informaba a la Policía de que una mujer le había confesado que un amigo de su esposo le ofreció una gran cantidad de dinero por la donación de uno de sus órganos. Esta mujer, una ciudadana argelina de 28 años y en situación irregular en España, incluso se realizó pruebas en una clínica de Valencia, aunque finalmente fue descartada como potencial vendedora del órgano por encontrarse embarazada.

Nueve candidatos y 12.000 euros de pruebas médicas

Los investigadores descubrieron que la mujer había sido conducida a la clínica por dos ciudadanos de origen palestino y libanés que habrían costeado las pruebas clínicas. De hecho estos individuos habrían acompañado en otras ocasiones a ocho personas más, siete de ellas inmigrantes irregulares sin ingresos, a practicarse los exámenes médicos. Estas pruebas incluían, además de análisis, algunas muy específicas como resonancias abdominales, TAC abdominales o volumetrías hepáticas, comprobación sólo indicada para pacientes con cáncer hepático o para el trasplante de hígado. El importe de todas las pruebas, un total de 12.000€, fue facturado a una empresa radicada en Alicante.

La oferta que se había realizado a las nueve personas examinadas consistía en la donación de una porción de hígado a un influyente ciudadano libanés a cambio de 40.000€. Algunos de los candidatos fueron rechazados a raíz de los análisis médicos, pero al menos uno de ellos aceptó la oferta y fue considerado idóneo. El receptor libanés llegó a personarse con este "donante"de origen rumano en un hospital de Barcelona para que se practicara el transplante, pero fue rechazado por el coordinador de trasplantes del hospital al no tener la garantía de que el ciudadano rumano fuera familia ni allegado al receptor y carecer de pruebas que acreditaran el carácter altruista de la donación.

Primer caso en España

Finalmente, el receptor libanés fue trasplantado en un hospital español, que practicó la intervención tras comprobar que, esta vez sí, el donante de vivo era su propio hijo. Tras la operación abandonó España, pero ha sido detenido en el aeropuerto de Manises, a su vuelta a nuestro país para revisión médica. Posteriormente, han sido arrestadas cuatro personas más, los dos ciudadanos que actuaron de intermediarios y que acompañaron a los candidatos a donante a las clínicas y a los propietarios de la empresa a la que se facturaron las pruebas médicas.

Los investigadores consideran éste como el primer caso en España sobre captación de presuntos "donantes"pagados para trasplante o sobre cualquier materia de tráfico de órganos humanos. El intento de comprar un órgano para trasplante y la realización de pruebas médicas a presuntos donantes potenciales con este fin es un delito en nuestro país, incluso en el caso de que el trasplante no haya llegado a realizarse.