Las clínicas critican que la reforma «pone en riesgo» a entre 400 y 500 mujeres de 16 y 17 años

La Asociación de Clínicas Autorizadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI) ha criticado la iniciativa presentada este martes por el Grupo Popular en el Congreso para reformar la actual Ley del aborto ya que "pone en riesgo y ahonda en la desprotección"de las entre 400 y 500 mujeres de 16 y 17 años que cada año se someten a esta intervención sin el consentimiento de sus padres.

Según estudios realizados por esta entidad, de los 108.690 abortos que se registraron en España en 2013 sólo el 3,6 por ciento eran mujeres de 16 y 17 años y, de ellas, tan sólo un 12,38 por ciento no informaron a sus padres de la interrupción, lo que representa un 0,44 por ciento del total de abortos. "Casi el 90 por ciento de las menores informaron y vinieron acompañadas por su tutores a interrumpir su gestación; por lo que el PP viene a proteger a unas menores, las que pueden y comunican a sus padres la situación, que ya están protegidas; y viene a poner en riesgo y a ahondar en su desprotección, a las menores que la actual Ley ampara", ha defendido ACAI.

Además, las clínicas recuerdan que las principales razones para no informar de su situación son el desamparo familiar, familias desestructuradas, progenitores en prisión, riesgo de sufrir malos tratos, mujeres emancipadas que residen en el país sin sus padres, enfermedad paterna/materna invalidante, padres abiertamente contrarios al aborto provocado o padres que por voluntad propia renuncian a conocer y a acompañar a la menor. En relación a la posibilidad de que el PP acceda a retirar de la ley un supuesto reconocimiento del aborto como derecho, ACAI ha recordado que la actual normativa no reconoce explícitamente la interrupción voluntaria del embarazo como tal, si bien reconoce que la maternidad de las mujeres libremente elegida y, por tanto, "la obligación del Estado de salvaguardar y proteger tanto la continuación de la gestación como su interrupción".

"Cuestión bien distinta es que amparándose en esta concesión a los sectores más conservadores, el Ejecutivo busque eliminar la prestación sanitaria de aborto provocado de la cartera general de servicios y derechos sanitarios", lamentan las clínicas. En ese caso, según denuncian, supondría un "grave retroceso"para la salud y los derechos de las mujeres, quienes "se verían obligadas a pagar de nuevo"por una prestación que debe ser gratuita y garantizada por el Sistema Nacional de Salud (SNS).