Las reválidas no puntuarán salvo en el Bachillerato

No servirán para conseguir el título de la ESO y Bachillerato, pero sí para acceder a la Universidad, hasta que haya un pacto educativo.

La nota que consigan los alumnos en la prueba final de Bachillerato contará para ir a la universidad
La nota que consigan los alumnos en la prueba final de Bachillerato contará para ir a la universidad

No servirán para conseguir el título de la ESO y Bachillerato, pero sí para acceder a la Universidad, hasta que haya un pacto educativo.

Acceder a la universidad este curso académico será poco más o menos igual que el curso anterior. Habrá que hacer un examen al finalizar el Bachillerato, sólo que en lugar de llamarse PAU o Selectividad, será rebautizado con el nombre de Prueba final de Bachillerato. El examen tendrá un formato «similar a la PAU», tal y como ha asegurado el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, después de acordarlo con los rectores de las universidades españolas, sólo que ahora las preguntas del examen que dará acceso a la universidad estarán adaptadas a los contenidos que los alumnos estudian con la Lomce.

Educación aprobará antes del 30 de noviembre la orden que explica al detalle cómo será la prueba, pero ya se sabe que son las comunidades autónomas las que se encargarán de poner fecha a los exámenes y de desarrollar las preguntas. También se conoce que el 60 por ciento de la nota de los dos cursos de bachillerato se sumará al 40 por ciento del resultado de esta nueva prueba para entrar e la universidad y que puntuará de cero a 14, como ocurre ahora. Incluso las comunidades autónomas ya están negociando con sus universidades el diseño de la evaluación que tanto inquieta a los alumnos y que este curso académico no contará para conseguir el título de bachiller.

También habrá una reválida al concluir la ESO, tal y como establece la Lomce, pero la nota tendrá sólo carácter diagnóstico. Lo confirmó ayer el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante el debate de investidura, al anunciar que «las reválidas no tendrán efectos académicos hasta que no se llegue al pacto nacional por la educación», que se prevé alcanzar en un plazo de seis meses en el marco de una subcomisión en el Congreso de los Diputados y que será el punto de partida de una reforma legal de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce). «Hasta entonces, la evaluación final del Bachillerato no será necesaria para adquirir el título y tendrá valor únicamente para acceder a la universidad».

Una vez que arranque la legislatura, la orden que regula las características de estas evaluaciones sin efectos académicos se tramitará con carácter de urgencia, después ser dictaminada por el Consejo Escolar del Estado, un trámite que ha supuesto un quebradero de cabeza para el Ministerio de Educación, ya que el Consejo Escolar del Estado tiene que ser convocado por el presidente o vicepresidente, y ambos se han jubilado recientemente, con lo que la Abogacía del Estado ha tenido que buscar una solución para sortear el trámite.

La suspensión de los efectos académicos de las evaluaciones es fruto de un acuerdo verbal alcanzado recientemente entre el ministro de Educación y la portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Marta Martín, que forma parte del pacto de investidura. En el acuerdo existía el compromiso de «congelar el calendario de implementación de la Lomce en todos aquellos aspectos que no hubiesen entrado en vigor», dice el texto. De hecho, después del anuncio de Rajoy, Méndez de Vigo explicó que la suspensión del efecto académico de las reválidas de ESO y Bachillerato de la Lomce tiene que ver con un «la voluntad de diálogo del Gobierno para alcanzar el Pacto Nacional por la Educación que está pidiendo la gente». Las evaluaciones finales son obligatorias desde este curso para todos los alumnos que terminen ESO y Bachillerato, pero la propia Lomce aclara que no tendrán efectos para obtener los títulos de estas etapas en esta primera ocasión, sino a partir del 2017-2018, el próximo curso académico.

Y es que, por mucho empeño que hubiera habido por cambiar la Lomce, técnicamente no era posible por una cuestión de tiempo y porque un gobierno en funciones no puede abordar un cometido como éste. La realización de estas pruebas está incluida en la redacción de la ley y, al tratarse de una norma básica, precisaría de una tramitación parlamentaria de unos nueve meses.

Ahora que ya hay gobierno a la vista, los servicios jurídicos de Educación tienen preparado este decreto de suspensión de los efectos académicos de las reválidas para que sea aprobado. Así, han visto que aunque la Lomce es una ley básica, su calendario de implantación está en una disposición adicional y no tiene carácter orgánico, de manera que con esta norma se puede modificar atendiendo a esta circunstancia.

La decisión de Rajoy responde a una petición generalizada de la comunidad educativa. Sindicatos de profesores, asociaciones de padres de alumnos y de estudiantes habían solicitado o bien la supresión de estas pruebas o bien que se las despojara de sus efectos académicos. Es decir, que sólo sirvieran para comprobar la calidad y eficiencia del sistema educativo que tenemos. Las evaluaciones, no obstante, son la principal novedad que incorpora la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa que puso en marcha el ex ministro Wert, aprobada sin consenso.