Latinoamérica, el último baluarte ante la legalización del aborto

El rechazo del Senado argentino a la interrupción voluntaria del embarazo mantiene al continente, de fuertes raíces cristianas, como garante de la vida de madre y feto

El «no» del Senado argentino al aborto del pasado jueves, votado en medio de concentraciones que reunieron a un millón de personas, ha recuperado el debate sobre esta vieja polémica, pero también ha evidenciado que América Latina, donde el catolicismo mantiene furetes raíces, resiste como bastión en la defensa de la vida. En 14 de sus países el aborto está muy limitado, a menos que se ponga en riesgo la vida de la madre, la del hijo, o el embarazo sea producto de una violación o incesto. En seis incluso está totalmente prohibido y no contemplan las acepciones anteriores: El Salvador, Nicaragua, Haití, Honduras, República Dominicana y Surinam. Los restantes permiten la interrupción antes de las doce semanas de embarazo, salvo Cuba, que lo permite a las diez semanas de gestación.

La mayoría de estos países están asociados al Pacto de San José de Costa Rica. Este acuerdo establece en su artículo 4 el Derecho a la Vida, que establece que «toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente». La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que la cifra de abortos es de 32 por cada mil mujeres hasta 2014, y en contra de lo que dicen otros expertos, el investigador y científico chileno del Melisa Institute Elard Koch asegura: «La evidencia actualmente disponible hoy día no permite sostener que las leyes del aborto reduzcan las muertes maternas. Ninguna ley en el mundo ha logrado reducir el aborto».

En particular, Chile, uno de los últimos en legalizarlo, aprobó en 2017 una ley que permite tres razones para la despenalización del aborto que son similares al resto de los 14 países. El artículo 119 de su Código Sanitario establece que mediante la voluntad de la mujer, se autoriza la interrupción por un médico cirujano cuando «se encuentre en riesgo vital, de modo que evite un peligro para su vida. El embrión padezca una patología de carácter letal. Sea resultado de una violación, siempre que no hayan transcurrido más de doce semanas de gestación. En caso de las menores de 14 años se suman hasta dos semanas más. Aunque el aborto que no cumpla estas causales tiene una pena mínima de tres años de prisión».

El Melisa Institute del que Koch forma parte realizó un estudio de mortalidad materna durante 50 años, y constató que en el periodo 1957-2007 se redujo en un 93,7%. La posibilidad de que una mujer pueda llegar a morir sería de una entre dos millones. Hasta diez años después, el aborto estaba prohibido de manera indiscriminada y la muerte de madres gestantes descendió independientemente del tipo de legislación al respecto. Aun así, en 2014 el científico estima que entre 13.553 y 18.071 abortos fueron practicados en Chile entre 2001 y 2008, con una tendencia a disminuir a un rango de 10.345 y 13.794 provocados principalmente por la autoadministración de misoprostol.

La OMS ha constatado que cada vez es más frecuente la autoadministración de este tipo de medicamentos al margen de los sistemas de salud oficiales y que, por lo tanto, burla las legislaciones al respecto. «Las mujeres tienen que recurrir en secreto a ello y no cumple las normas de la OMS en materia de aborto seguro». Además de las defunciones y secuelas derivadas acarrea costos sociales y financieros: sólo en 2006 «se gastaron 680 millones de dólares para tratar graves consecuencias de abortos peligrosos», según explica el informe de la OMS, que agrega que «se precisarán otros 370 millones para satisfacer plenamente las necesidades de tratamiento de complicaciones derivadas de abortos peligrosos».

En Brasil, las penas van de uno a diez años de prisión y en su artículo 127 del Código Penal se incrementan «un tercio, si, como consecuencia del aborto o de los medios empleados para provocarlo, la gestante sufre lesión corporal de naturaleza grave; y se duplican si, por cualquiera de estas causas, muere». Con respecto a las excepciones, el artículo 128 establece que el aborto se permite cuando la mujer sufre una violación, cuando el feto no tiene cerebro (anancefalia) o cuando la gestación supone un riesgo para la vida de la madre. De acuerdo con datos del Ministerio de Salud brasileño, 250.000 mujeres son internadas cada año por complicaciones del embarazo (cerca del 30% que se realiza un aborto en clínicas clandestinas). En 2016, último año del que existen cifras oficiales, 203 mujeres murieron debido a abortos clandestinos. Los cuidados médicos le costaron al Gobierno más de 130 millones de dólares en la última década.

En Colombia, de acuerdo al Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud de Medellín en 2017, «el número de muertes maternas relacionadas con el aborto ha disminuido de manera importante. La tasa de 16% estimada para 1994 bajó al 9% para el año de 2007». A esto se le suma que las últimas cifras del Ministerio de Salud y Protección Social indicaron que en ese país en 2009 se realizaron 469 procedimientos de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). En 2010 fueron 1.551; 203 para 2011, y ya en el 2012 la cifra fue de 26 IVE. «Sin embargo se percibe una mala calidad del registro porque los datos de Medellín superan los datos del país en los últimos años», advierte el informe. El documento también sostiene que cada año mueren 70 mujeres por abortos clandestinos pero la justificación para los IVE tiene que ver con «la grave malformación del feto que hace inviable su vida, que representa el 61% de los casos». La atención postaborto le cuesta al «sistema de salud colombiano aproximadamente 14.4 millones de dólares anuales». En referencia al marco legal, no se diferencia demasiado de los demás códigos penales de la región salvo que incluye el incesto como atenuante. Por lo demás establece castigos de hasta 27 años de prisión, aunque la mínima oscila entre los 16 meses a 54 meses.

Argentina se mantiene con el código penal actual. Sin embargo, el presidente Mauricio Macri prevé una reforma para el 21 de agosto que eliminaría las penas en su totalidad o brindaría la posibilidad de convertirlo en un delito sin castigo de prisión al bajar el número de años de cuatro a tres si la mujer no tuviese antecedentes. La reforma del artículo 88 determinaría: «Se impondrá prisión de uno a tres años a la mujer que causare su propio aborto o consintiere en que otro se lo causare. La tentativa de la mujer embarazada de causar su propio aborto no es punible. El juez podrá disponer que la pena se deje en suspenso o eximirla de ella, teniendo en cuenta los motivos que impulsaron a la mujer a cometer el hecho, su actitud posterior, la naturaleza del hecho y las demás circunstancias que demuestren la inconveniencia de aplicar pena privativa de la libertad».

Respecto a México, sólo en la capital existen las clínicas de Interrupciones legales del Embarazo (ILE). En los demás estados es ilegal salvo las excepciones causales que se comparten con los demás países. Entre 2017 y 2018 los abortos aumentaron de 176.335 a 199.230, una escalada de 22.875 interrupciones en un año. En Ciudad de México, la tasa de mortalidad materna es prácticamente nula, 1 cada 100.000. Según las clínicas gubernamentales ILE, el 53,5% de las mujeres que practican abortos son solteras, el 28,8% de unión libre, el 12,6% casadas, el 3,2% divorciadas y el 0,3% viudas.

Al igual que en México, Uruguay tiene el aborto legal desde octubre de 2012 hasta las doce semanas de gestación. Los datos del Ministerio de Salud revelan que la tasa de mortalidad materna es prácticamente nula, cero por mil respecto al IVE, uno por aborto. Desde la implementación de esa la ley, la tasa aumentó desde los 7.171 de 2013 pasó a 9.830 el pasado año. La continuación del embarazo solamente se da en el 6% (575) de los casos. En el 99,84% los abortos fueron por voluntad propia.