Los abusos a menores no prescribirían hasta que la víctima tenga al menos 50 años

El borrador que maneja el Gobierno, y que adelanta «Vida Nueva», viene de la etapa de Rajoy y cuenta con el visto bueno de policías, jueces y diversas entidades sociales. A pesar de ello, Sánchez aún puede incluir algún matiz en el texto a última hora

A diferencia de la mayoría de países de la UE, en España, la prescripción de los delitos por abusos sexuales a menores empieza a correr cuando la víctima cumple 18 años / Foto: Policía Nacional
A diferencia de la mayoría de países de la UE, en España, la prescripción de los delitos por abusos sexuales a menores empieza a correr cuando la víctima cumple 18 años / Foto: Policía Nacional

El borrador que maneja el Gobierno, y que adelanta «Vida Nueva», viene de la etapa de Rajoy y cuenta con el visto bueno de policías, jueces y diversas entidades sociales. A pesar de ello, Sánchez aún puede incluir algún matiz en el texto a última hora.

Los que sufran abusos sexuales tendrán más tiempo para denunciar. La prescripción de los delitos sexuales cometidos contra menores ya no empezará a contar cuando la víctima cumpla la mayoría de edad; a partir de ahora, el margen se ampliará hasta que tenga 50 años. Previsiblemente, esta medida, propuesta por Save the Children, estará recogida en el anteproyecto de Ley de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia que el Gobierno espera aprobar mañana en Consejo de Ministros, según adelantó ayer el semanario «Vida Nueva». Sin embargo, no se descarta que el Ejecutivo socialista pueda incluir alguna modificación en el texto a última hora. La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, espera que el texto se debata en el Congreso en el primer periodo de sesiones del año, que comienza en febrero. La razón que impulsa esta modificación del Código Penal es que, según diversos estudios, la edad media a la que las víctimas deciden denunciar sobrepasa los 35 años. En el caso de España, a esas alturas los delitos ya han «caducado».

El texto cuenta con el visto bueno de policías, jueces y diversas organizaciones representantes de la sociedad civil cuya misión es salvaguardar los derechos de los niños, y es el resultado de más de tres años de trabajo conjunto. También ha colaborado estrechamente la Cátedra Santander de Derechos y Menores de la Universidad Pontificia de Comillas. La norma nació cuando aún era presidente del Gobierno Mariano Rajoy, «y el PSOE la ha llevado ahora a término», explica a LA RAZÓN Andrés Conde, director de Save the Children, que añade que el texto, lejos de tener carácter punitivo, pretende crear un «marco de prevención».

Tal y como recoge el ordenamiento jurídico, los abusos sexuales a menores prescriben entre cinco y 10 años después de que la víctima haya cumplido la mayoría de edad. Se incluyen en esta categoría tocamientos y masturbación. Para las agresiones sexuales –penetración o felación–, los plazos son un poco más largos: entre 10 y 15 años después de que el damnificado haya cumplido los 18. «El problema es que no son capaces de revelar estos hechos hasta que han alcanzado la madurez. En concreto, hasta que superan la vergüenza y el miedo. Es decir, cuando el delito ya ha prescrito», subraya.

El panorama es muy distinto en el resto de países de la Unión Europea, por lo que este anteproyecto de Ley de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia pretende equiparar a España a naciones como Alemania o Reino Unido. En la primera, el plazo empieza a correr cuando la víctima tiene 30 años. En el caso de la segunda, la condena es aún más significativa: los delitos de abusos o agresiones sexuales a menores no prescriben nunca. «De ese modo, ningún agresor queda impune», recalca Conde, que recuerda, además, que en España el 50 por ciento de estas denuncias están interpuestas por menores de edad, una proporción «inaceptable». Es más, entre un 10 y un 20 por ciento de la población ha sufrido abusos sexuales siendo niño. Todo a pesar de que el 85 por ciento de los casos no se llega a denunciar nunca.

De hecho, nuestro país ya acumula dos advertencias del Comité de los Derechos del Niño, dependiente de las Naciones Unidas (ONU), por no contar con una ley que proteja expresamente a la infancia. Diversos estudios de Unicef ratifican una circunstancia que el Ejecutivo espera solventar con esta nueva ley. «Se entiende que las víctimas pueden tardar mucho más tiempo del que fija su mayoría de edad a la hora de asimilar y madurar lo ocurrido, siendo realmente conscientes de que han sido atacadas sexualmente en la infancia», indicó a «Vida Nueva» Myrian Cabrera, una de las responsables de la Universidad Pontificia de Comillas que ha participado en la confección del texto.

Una sola declaración

El texto incluye otra serie de medidas importantes. Entre ellas destaca que se generalizará la prueba constituida con el fin de reducir al máximo las declaraciones del menor en los procedimientos judiciales y, en todo caso, para los menores de 16 años. «Esto quiere decir que a partir de ahora se grabará el testimonio en la primera declaración y esa será la prueba que se asumirá como relevante y válida a lo largo de todo el proceso», afirma el director de Save the Children. Hasta ahora, de media, los menores tenían que declarar hasta cuatro veces, lo que, según los expertos, multiplica el daño y la revictimización, sin obviar el hecho de que el testimonio se va corrompiendo de forma progresiva.

Aunque en la actualidad profesionales y voluntarios que trabajan con menores de edad tienen que presentar un Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual, en el texto también se incluye la inhabilitación profesional de los que hayan cometido estos delitos.

Entre el resto de propuestas recogidas en el borrador destacan la creación de juzgados de instrucción especializados en delitos contra la infancia y la adolescencia –igual que existen titulares formados para tratar casos de violencia de género–, la obligación social de denunciar situaciones en las que se vulneren los derechos de los niños, el establecimiento de protocolos de prevención y atención en los centros escolares, así como la formación del profesorado, una obligación que también se extenderá al ámbito sanitario y a las actividades deportivas y de ocio. También existirá un apartado que recoja las necesidades especiales de los colectivos más vulnerables: víctimas de trata, niños con discapacidad, menores extranjeros no acompañados (MENA), miembros del colectivo LGTB y también las mujeres menores de edad en general.

«Ojalá se logre un consenso político que es muy necesario, supondría un gran avance. Por ejemplo, en septiembre del año pasado todos los partidos votaron a favor de una proposición no de ley que instaba, precisamente, a aprobar esta ley. Y es que la infancia no puede ser, en ningún caso, una cosa divisiva y partidista», concluye Conde.