El 25% de los españoles respira polución

Un 24,6 % de la población española ha respirado aire contaminado este año, en total 11,5 millones de personas, de acuerdo al valor objetivo que establece la directiva europea sobre calidad del aire y según el informe «La contaminación por ozono en España durante 2018», presentado por Ecologistas en Acción.

Este porcentaje se eleva hasta el 85,3 por ciento si se tiene en cuenta el valor de ozono recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo que significa que seis de cada siete españoles han respirado aire contaminado en lo que va de año, es decir, 39,7 millones de personas.

Los datos, recogidos entre el 1 de enero y el 30 de septiembre en 472 estaciones de medición, muestran un incremento de entre 0,5 y 1,6 millones de personas expuestas a contaminación por ozono respecto a las evaluaciones de 2017, 2016 y 2015.

El informe apunta a Castilla-La Mancha, Extremadura, Comunidad de Madrid y Región de Murcia como los territorios más contaminados, frente a las comunidades cantábricas, Valle del Ebro, Castilla y León y Canarias, que muestran niveles de ozono más moderados.

La ONG hace hincapié en la ausencia de planes de mejora de la calidad del aire -contemplados en la legislación vigente cuando se superan los valores objetivos- en doce comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, Baleares, ambas Castillas, Comunidad Valenciana, Extremadura, Madrid, Murcia, Navarra y País Vasco).

Miguel Ceballos, coordinador del informe, ha denunciado la falta de información sobre los riesgos para la salud de este contaminante y ha instado a las administraciones públicas a que hagan un esfuerzo para hacerla «clara y accesible», ya que «hay que ser un experto para interpretarla».

En este sentido, ha valorado el anuncio de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, de poner en marcha un Índice Nacional de Calidad del Aire que podrá ser consultado en tiempo real por los ciudadanos, pero ha reclamado que este refleje «los valores relevantes para la salud», que son los que establece la OMS.

También ha pedido que el Programa Nacional de Control Atmosférico, que el Ministerio prevé que entre en vigor en abril de 2019 y que sustituirá al actual, «sea mucho más ambicioso y contemple medidas concretas para el ozono».

El ozono, ha explicado, «es un contaminante muy particular» que no sale de los tubos de escape ni de las chimeneas, sino que se forma en la baja atmósfera por la radiación solar y las reacciones químicas de otros contaminantes procedentes de la industria o la producción de electricidad.

Sin embargo, ha matizado Juan Bárcena, coordinador de Calidad del Aire de Ecologistas en Acción, «cuando confluyen factores meteorológicos con el tráfico del día a día se producen picos de contaminación que exigen una respuesta con planes de actuación a corto plazo con medidas excepcionales».

En su opinión, cualquier medida «seria» contra la contaminación por ozono pasa por una reducción del tráfico, y en este sentido ha valorado el protocolo adoptado hace un año en la ciudad de Valladolid, que prevé el cierre al tráfico del centro de la ciudad en episodios de contaminación.

Ceballos ha insistido en que «se trata de un problema ambiental y sanitario» que afecta a la mayoría de la población y del territorio español, causa 1.600 fallecimientos prematuros al año y supone un sobrecoste para el Sistema Público de Salud.

Ha recordado que durante 2018, pese a la mayor inestabilidad atmosférica y menor insolación, los niveles de ozono se han mantenido, «debido a que el cambio de ciclo económico ha propiciado un incremento del uso de combustibles fósiles».

Y ha pedido al Gobierno que aborde el Plan Nacional de Ozono Troposférico «comprometido hace años y que está aparcado», que dé cobertura a las comunidades autónomas para que adopten medidas en cada territorio «y no puedan justificar su inactividad».

Para Ecologistas En Acción, el vigente Plan Aire II es «inoperante», porque limita las actuaciones sobre el ozono a la realización de estudios y a la mejora de la medición, un asunto que la ONG ha denunciado ante la Audiencia Nacional. EFE