El ADN de las heces, un arma para multar al dueño

Pese al aumento de la cuantía de las sanciones y al acondicionamiento de zonas específicas para tal fin, las heces de perro continúan en las calles. Con el objetivo de acabar con este problema, uno de los que más quejas suscita entre los vecinos, el Ayuntamiento de Xàtiva (Valencia) ha aprobado un pionero programa: realizar pruebas de ADN en los excrementos abandonados en la ciudad para conocer con exactitud su procedencia. Así, serán estos residuos los que delatarán a sus irresponsables dueños, quienes ahora no podrán librarse de pagar hasta 400 euros.

Hasta la fecha, según explica el concejal de Medio Ambiente de esta localidad valenciana, Enrique Perigüell, apenas se han impuesto multas por esta infracción. Es muy complicado que un agente esté presente cuando un ciudadano opte por no recoger la caca de su mascota. Las heces continuaban en los parques públicos y las denuncias de la población aumentaban. Concretamente, según Perigüell, el 70% de las quejas respecto a la vía pública son por esta cuestión.

Teniendo en cuenta toda la acción del gobierno local, estas reclamaciones suponen el 13%.

Por ello, el Consistorio ideó hace unos diez meses un nuevo método de inspección, que estará en funcionamiento a partir del mes de noviembre. Un peón de limpieza, acompañado por un policía de segunda actividad que levante un acto de fe, recogerá los excrementos de las aceras. Éstos serán enviados a un laboratorio sevillano, «la única empresa española que realiza pruebas de AND en heces de perro de manera fiable». En un plazo de entre quince y veinte días, llegará el resultado y los agentes sabrán entonces a ciencia cierta quién es el culpable. ¿Cómo? Buscando ese patrón en el censo obligatorio de perros. Elaborarlo es el primer paso.

Desde el pasado lunes, todos los propietarios están obligados a censar de manera gratuita a sus canes. Deberán acudir a su veterinario, quien introducirá en la aplicación informática del censo los datos del animal. Además, extraerá una pequeña muestra de sangre que se utilizará para determinar la identidad genética del perro. Después de veinte días, el propietario tendrá que recoger la chapa acreditativa.

Todo ello antes del 31 de octubre. A partir de ese momento, se iniciará la campaña de inspección y los vecinos que paseen a sus perros sin identificación se enfrentarán a multas de hasta 400 euros. 150 por circular desprovisto de la chapa o no constar inscrito en el censo, 300 por usar un distintivo falso, 200 por no adoptar las medidas necesarias para que los animales no ensucien, otros 200 por alimentarlos en la calle, 300 por dejar que orinen o defequen en las áreas de juegos infantiles y 400 por no identificarlos según los procedimientos establecidos en la ordenanza aprobada el 7 de marzo.

«Quiero eliminar las quejas. Las personas responsables que recojan las heces no tienen nada que temer, pero vamos a coger a los vecinos irresponsables», avisa el concejal. Hasta la fecha, ya hay registrados unos 180 perros.