Perros, gatos y demás–

La posesión de mascotas crece en España. Ante el rechazo al sacrificio en los albergues municipales, los ayuntamientos acarician imponer impuestos al hecho de tener un animal.

Decir que el nuestro es un país, o una sociedad de mascotas, retrata un panorama muy próxima a la realidad. Las estadísticas en este sentido son abrumadoras, pero las sensaciones de todo aquello que nos rodea refrendan las sensaciones sobre una comunidad con una sensibilidad especial hacia esos amigos que nos acompañan, nos protegen y que se convierten en una mayoría de casos en un miembro más de la familia. Casi el 40% de los hogares en España posee al menos uno de los 20 millones de animales de compañía contabilizados en nuestro país. Por tanto, no es una exageración mencionar que es uno de los estados europeos donde existe mayor voluntad de convivir con un animal. Y de entre ellos, el perro figura como animal de compañía predilecto de los españoles, pues el censo contabiliza más de cinco millones de estos seres vivos, de los cuales el 63% de los canes registrados son de raza y el yorkshire terrier es la favorita, seguida de pastor alemán, bichón maltés, chihuahua y labrador retriever. Los gatos superan nada menos que los dos millones. Además, todavía hay muchos perros y aún más gatos que carecen de microchip y no constan en ningún registro. Algo que afecta especialmente a los animales mestizos. Pese a la concienciación –cada vez mayor–, la realidad es que todavía queda mucho camino por recorrer. Una concienciación que alcanza también a los nacimientos de estos animales. Cada vez más españoles apuestan por adoptar perros y gatos de las albergues municipales, rescatarlos de situaciones de abuso y malos tratos antes que hacerse con un perro o un gato pequeño recién nacido. Es también una forma de combatir el maltrato animal que suponen las granjas de cría sin control sanitario ni administrativo. El siguiente paso será la implantación de un impuesto a la tenencia de perros, como sucede en muchas ciudades alemanas y holandesas. El no sacrificio en las perreras acarrea mayores gastos municipales. Los dueños de los animales deberán costearlos. Algunos, con cierta sorna, apuntan que es el «impuesto de circulación municipal perruno», otros se resignarán simplemente a pagarlo.