Policías nacionales se muestran en estado shock por lo de Barbate y la inoperancia de Interior

“Todos los policías y guardias civiles estamos en estado de shock. Devastados por el ASESINATO -basta ya de usar paños calientes, cuando se habla de lo que es evidente- de dos compañeros, de dos servidores públicos, a los que una jauría de delincuentes y asesinos, narcos, han arrebatado la vida en el puerto de Barbate (Cádiz), arrollándoles con una narcolancha para tratar de evitar su detención. Dejan familias y compañeros en el GEAS y el GAR destrozados anímica y sentimentalmente y a toda la sociedad española estremecida. Miguel Ángel González Gómez y David Pérez Carracedo son ya dos héroes para los que desde el CEP exigimos el reconocimiento de Estado que merecen. Honor a quienes han dado su vida defendiendo a España”.

La CEP subraya que “el Campo de Gibraltar -y por extensión, amplias zonas de Málaga, Huelva, Granada, Almería y Sevilla- se ha convertido en un escenario en el que el Estado está siendo sometido a un pulso que no podemos perder. El tráfico de drogas está capilarizando el tejido social, como se ha podido ver en redes sociales en estas horas en vídeos en los que un atajo de malnacidos jaleaba un asesinato, como en tiempos hacían los proetarras con los atentados de la banda terrorista ETA. Al margen de los motivos profundos, ese sadismo es la punta del iceberg de un problema que no está erradicado, ni mucho menos, como suele decir Interior. Lo saben nuestros compañeros destinados en esas plantillas y lo saben los jueces y fiscales, que combaten codo con codo, espalda con espalda, con nosotros para frenar esa amenaza al Estado. Por cierto, vaya desde aquí nuestro aplauso y reconocimiento a la valentía de Ana Villagómez, fiscal antidroga de Cádiz, que ha elevado la voz para gritar, sin miedo, que allí se libra una batalla en la que no tenemos suficientes medios. Tiene toda la razón: o vamos a tope, con todos los resortes del Estado de derecho, o los narcos ganarán la partida. No hay otra fórmula: tolerancia cero ante un desafío que hay que aplastar sin miramientos, hasta su exterminio”.

“Unas horas antes del asesinato de dos compañeros guardias civiles, -recuerdan- el ministro del Interior hacía declaraciones a la prensa, que se interesaba por la permanente reivindicación sindical de una Zona de Especial Singularidad en esa parte de España. No hace falta, vino a decir, porque el grado de cobertura del catálogo de esas plantillas ya es muy alto y se está gastando dinero en comprar más medios. No hay más que conocerle para saber que ya había decidido no apostar por esa medida, como por muchas otras que mejoran la seguridad física y jurídica de los policías. Qué gravísimo error. Lo que denunciamos con la campaña “Tiene Delito”, que alerta del intolerable aumento de las agresiones a las Fuerzas de Seguridad del Estado. Y eso, entre otros muchos motivos, tiene que ver con la impunidad (insuficiente castigo penal), la pérdida del principio de autoridad (las normas que respaldan nuestro trabajo, como la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana que siguen pretendiendo cargarse) y la ausencia de medios de protección suficientes o formación. Mientras Interior sigue perdido en el laberinto de la estadística, de los Planes elaborados en despachos y de la negativa a apostar de verdad por la seguridad de los policías y guardias civiles, son nuestros compañeros los que siguen siendo la vanguardia del Estado frente a una plaga de delincuentes que se mantiene vigorosa y que se exhibe, con chulería insultante por el sur de España”.

“Sigue habiendo agresiones a policías y guardias civiles en esa zona. Se utilizan, incluso, armas de fuego contra nuestros compañeros/as. Mientras esto sigue así, se evitan medidas económicas en las retribuciones de los policías destinados en todas esas provincias o el aumento de las dietas de las unidades de refuerzo que se comisionan. De los más de 40 millones de euros invertidos por Interior para Policía Nacional y Guardia Civil desde 2018 en el Campo de Gibraltar, ni un solo euro ha ido destinado realmente a la seguridad física de quienes allí se la juegan. Ni una iniciativa legal para reforzar el principio de autoridad”.