¿Qué ha fallado para que Andrea sea una nueva víctima?

Los expertos apuestan por una «segunda valoración» de técnicos especializados.

«Una orden de alejamiento de 200 metros, en un caso como éste, es ridícula porque es una distancia en la que puedes gritar, asustar o intimidar fácilmente a la víctima». Esta valoración de Miguel Lorente, ex delegado del Gobierno para la violencia de género, pone de manifiesto las lagunas que tiene el sistema a la hora de proteger a una víctima de su agresor.

En el caso de Andrea Carballo, Víctor Llorens, su presunto asesino, había sido condenado por malos tratos a su pareja anterior, estaba siendo investigado por tres delitos de lesiones que la joven había denunciado 10 días antes de su muerte y había intentado atropellarla el pasado 13 de diciembre. Pese a ello, el juzgado decretó un nivel medio de riesgo. «El problema no es lo que se ha hecho sino lo que no. Todas las referencias de la familia demuestran que no ha habido una buena valoración».

El último estudio del Consejo General del Poder Judicial revela que el porcentaje de casos en los que la valoración del riesgo ha sido baja o inexistente es del 47%. «Lo que ha pasado demuestra que no se hacen valoraciones y que cuando se realizan no se hacen bien». La joven, que falleció la víspera de Nochebuena en la colisión del turismo en el que iba junto a su ex pareja contra un surtidor de gasolina de la N-340, contaba con protección policial «ocasional» en su domicilio en Vila-Real y su lugar de trabajo, una empresa de frutas en Almazora.

Esa es la razón por la que Víctor, que falleció en la estación de servicio de Benicàssim, pudo abordarla a primera hora del sábado, intimidarla con una navaja y arrastrarla hasta su coche. «Lo que tenemos que preguntarnos», se cuestiona Marisa Soleto, directora de la Fundación Mujeres, «es si las medidas sirven para proteger a las víctimas que se encuentran en un riesgo alto. En este caso se ha valorado como riesgo medio una situación con antecedentes, amenazadas e intentos de atropello. ¿Debería serlo?».

Durante la investigación, la Guardia Civil ha probado que no hay ninguna huella de frenada antes del choque, lo que refuerza la hipótesis de que el accidente fue intencionado y de que se trata de un caso de violencia de género. «Hay que tener en cuenta que la valoración que se hace tras poner la denuncia la lleva a cabo personas no especialistas y sobre la opinión de la víctima», explica Lorente. «Cuando el caso pasa a los juzgados se puede hacer otra por parte del forense de guardia y por parte de las unidades especializadas. Es en este momento cuando puede valorarse al agresor y determinar concretamente cuál es el riesgo. Sin embargo, no se hace porque no se pide o porque dicen no contar con los medios necesario».

«Se puede solucionar», concluye, «obligando a hacer esa segunda valoración. De tal modo que si no hay medios, se piden a la Administración y ésta se hará responsable si los proporciona o no. El riesgo cero no existe, pero tenemos los medios para acercanos».