Radares trampa: dos multas en 400 metros

Si usted forma parte de esos más de veinte millones de españoles que el sector turístico espera que se desplacen a lo largo de esta Semana Santa y además opta por desplazarse en coche –el medio más utilizado en nuestro país–, no apriete mucho el acelerador porque puede que el relax que obtenga durante estas escuetas vacaciones desaparezca de un plumazo al volver a casa y un amable cartero le reciba con una multa de la DGT por superar en 10 kilómetros el límite de velocidad permitida en un tramo concreto. Y es que como asegura el presidente de la Asociación de Automovilistas Europeos Asociados (AEA), Mario Arnaldo, «el 85 por ciento de las multas que formula Tráfico sancionan a aquellos conductores que no superan el 10 por ciento del límite establecido. Es como si nos obligaran a pagar un impuesto extra o a pasar por un peaje obligatorio». Así, cinco de cada diez denuncias de circulación están relacionadas con la velocidad. Los radares se han convertido en los principales detectores de estas infracciones y, por tanto, en una de las máquinas más temidas y detestadas por todos los conductores.

A esta asociación llegan numerosas reclamaciones diarias y gracias a ellas, comprueban el funcionamiento de los 1.000 sistemas de control de velocidad que la Dirección General de Tráfico (DGT) tiene distribuidos en toda España. Eso sí, «en los 160 tramos de carretera más peligrosos sólo hay instalados nueve». ¿Seguridad o afán recaudatorio? Mario Arnaldo tiene claro que el segundo gana en importancia al primero y da ejemplos de su argumento. Les ha llegado la denuncia de un automovilista al que con un radar fijo ubicado en la provincia de Toledo, en el kilómetro 67,6 de la A-4, sentido Andalucía, le pusieron una denuncia por exceso de velocidad y, el mismo día y a la misma hora, le denunciaron de nuevo por el mismo hecho con otro radar que la Guardia Civil había colocado en el kilómetro 68 de la misma autovía. Es decir, sólo había recorrido 400 metros. Pero de acuerdo con la AEA, éste no es un caso aislado, «también hemos detectado que existen fallos en la medición de los radares porque a otro conductor le formularon en la A-52, a su paso por la provincia de Zamora, dos denuncias por excederse de la velocidad en un recorrido de tan sólo diez kilómetros», afirma Arnaldo. «Este tipo de situaciones lo único que evidencia es que bajo la bandera de la seguridad vial se utilizan los radares con una finalidad claramente recaudatoria».

Además de la paradoja de estas denuncias, en muchos casos se da «una falta de garantías en la tramitación de las denuncias» que afectan a la velocidad porque la norma técnica que utiliza la DGT para calcular los excesos y graduar las sanciones «quedó obsoleta en el año 2006». Y es que los márgenes de error de muchos de estos radares tienen en cuenta lo estipulado en la norma UNE 26444», que establece unos márgenes inferiores a los establecidos en la legislación vigente para la medición de velocidad captadas por radares. Mientras que la norma derogada establecía el error medio tolerado en los radares fijos de +-1km/h, que podrían alcanzar un error máximo de 3km/h, la nueva ley que elaboró el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio «era mucho más beneficiosa para los ciudadanos», porque los nuevos márgenes de error permitidos en las verificaciones periódicas realizadas que se realizan en ensayos en carretera se fijaron en +-4 km/h. De este modo, «AEA va a pedir al Ministerio del Interior la revisión y cancelación de todos los expedientes sancionadores en los que para el cálculo de excesos de velocidad y sanción aplicable se hayan tenido en cuenta los márgenes de error estipulados en la UNE 26444 y no en la legislación vigente».

Aunque pueda parecer que sólo se trata de una reclamación económica o para evitar la pérdida de puntos, «no es un tema baladí –recuerda Arnaldo–, porque puede llegar a tener trascendencia penal, ya que de una correcta medición depende que una persona pueda ir o no a la cárcel». En esta línea, la Fiscalía General del Estado emitió en 2011 una circular en la que señalaba la normativa reguladora de las mediciones de los radares y de los márgenes de error de los cinemómetros. En este documento no aparece por ningún lado la UNE 26444 que, de acuerdo con las últimas denuncias, se sigue utilizando para multar a los automovilistas.

Arnaldo también denuncia que «en cientos de miles de casos la DGT no está aplicando ningún margen de error y está imponiendo sanciones por encima de lo que marca la Ley». Aporta un ejemplo: «A conductores a los que en la fotografía obtenida por el radar aparece que circulaban a 151 km/h, en un tramo limitado a 120, Tráfico les aplica el cuadro de sanciones previsto en el Anexo IV de la Ley de Seguridad Vial sin ninguna corrección. De este modo, les sanciona con 300 euros y la pérdida de dos puntos, cuando legalmente les corresponde sólo una multa de 100 euros, sin puntos. Son sanciones ilegales».

Al margen de las sanciones, una de las mayores preocupaciones tanto de la DGT como de la asociación que preside Mario Arnaldo es la siniestralidad en las carreteras, sobre todo después del repunte en el numero de víctimas del pasado mes de marzo. Se registraron 89 víctimas frente a las 69 que muestran las estadísticas en el mismo periodo del año pasado. Así, en los diez primeros días de abril, la cifra también ha crecido en nueve muertos más. «La falta de conservación de las carreteras y la falta de inversión en el mantenimiento de nuestros coches se está convirtiendo en un cóctel explosivo y es lo que más debería preocuparnos», añade Arnaldo.

DOS PEGASUS VIGILANDO LAS CARRETERAS

Al radar Pegasus estrenado la Semana Santa pasada, la DGT ha querido sumar un nuevo aparato y en las próximas semanas pondrá en marcha otros cuatro instalados en sendos helicópteros. En el año que lleva en funcionamiento el primer radar Pegasus «se han realizado 428 horas de vuelo, se ha controlado a 8.500 vehículos y se han denunciado a 1.441 conductores por circular a una velocidad superior a la permitida». Los helicópteros que llevan Pegasus permiten leer la matrícula del coche a una distancia de un kilómetro desde el aire y detectar velocidades de hasta 360 kilómetros por hora. De acuerdo con AEA, «una hora de vuelo cuesta 2.500 euros».