Restaurar la autoridad del profesor

Desde hace varios años, las aulas ya no son el ejemplo de civismo y educación al que aspiran todos los centros educativos. Es más, en muchos colegios la convivencia pacífica ha desaparecido y, ante esta tensión, uno de los colectivos más afectados, al margen de los alumnos, son los profesores. Ellos han perdido parte del respeto que los menores les profesaban y, así, su autoridad. No es difícil encontrar vídeos en internet en los que se observa cómo los estudiantes insultan, avergüenzan, e incluso, agreden a la persona de la que deben aprender. Esta realidad preocupa a las asociaciones de profesores desde hace años, sin embargo, los avances en la materia han sido mínimos. En el anteproyecto de ley que el ministro de Educación presentó el martes a las comunidades autónomas se aborda este tema y se refuerza la figura del docente. Avanza un paso más en comparación con la Ley Orgánica de Educación (LOE). Esta norma, que promulgó el Gobierno socialista en 2006, sostiene la consideración de la función docente como factor esencial de la calidad de la educación, el reconocimiento social del profesorado y el apoyo a su tarea, pero no le otorga el peso necesario para controlar las clases.

La futura Lomce (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa) podría ser un punto de partida para el futuro estatuto del docente ya que en su artículo 124, el que regula «las normas de organización, funcionamiento y convivencia del centro», mantiene que «en los procedimientos de adopción de medidas correctoras, los hechos constatados por profesores y miembros del equipo directivo de los centros docentes tendrán valor probatorio y disfrutarán de presunción de veracidad». Este término jurídico, que se usa especialmente en el ámbito administrativo, se refiere a que si el alumno acusa al profesor de haberle insultado o maltratado tendrá que probarlo. Igualmente, si el docente impone un castigo, será el estudiante el que tenga que demostrar que no se lo merecía. Por ejemplo, a la presunción de veracidad acuden todos los ciudadanos que han sido multados injustamente: deben probar que no quebrantaron la Ley y que la sanción que se le ha impuesto es injusta.

El sindicato de profesores ANPE es uno de los más activos en esta materia: «Que la Ley recoja este punto es importante y el ministro ya nos garantizó que lo incluiría, aunque nuestra reivindicación va más allá y Wert nos ha prometido que el Estatuto del Docente se realizará de forma inmediata una vez se apruebe la reforma», explica Carmen Guaita, vicepresidenta nacional de la asociación. Denttro de este futuro marco «deben regularse aspectos como la valoración del maestro, el proceso de acceso o cómo se establece la carrera profesional», insiste. Además, todo ello «debe ir acompañado de la consideración de autoridad pública en todo el Estado». En abril de este año, el ministro del ramo ya apuntó que «me gustaría que este estatuto lleve mi apellido» y declaró que es uno de sus «proyectos estrella».

El primer paso que ha dado el borrador de la Lomce no nace de la nada. Algunas comunidades autónomas, preocupadas por la indefensión de sus profesores, han implantado leyes que regulen la autoridad del profesor. Las primeras en dar el paso fueron Madrid y Valencia en 2010. La Rioja las siguió un año más tarde y la última en continuar esta vía ha sido Castilla-La Mancha, que la promulgó en mayo de este año. Las tres conceden al profesorado la condición de autoridad pública y se les otorga la presunción de veracidad en el ejercicio de sus competencias disciplinarias. La LOE sólo otorgaba estas condiciones a los inspectores, aunque en 2009, como explica la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, Cataluña ampliaba ese derecho a los directores de los centros. Castilla y León, Murcia y Aragón también están tramitando sendas normas para reforzar la figura del maestro.

Las medidas correctoras que pueden imponer el profesor o el equipo directivo del colegio se enmarcan en los denominados Planes de Convivencia con los que cuentan todas las escuelas y que son de carácter público. El origen de estos proyectos es fomentar un entorno agradable en las aulas. Por ello, todas las comunidades autónomas, al margen de lo que regula la ley estatal, han creado sus propias normas para determinar cómo deben realizarse los planes. Gracias a la colaboración de padres y maestros, se preven e identifican las posibles situaciones de riesgo. Con la problemática que existe actualmente en las aulas, el esfuerzo se dirige especialmente a evitar casos de acoso e intimidación entre alumnos, ya que estos episodios, así como los de violencia, han aumentado en todas las provincias. De acuerdo con un estudio reciente que publicó en mayo la Fundación Mapfre titulado«La seguridad integral en los centros de enseñanza obligatoria de España», los datos reflejaban que los casos de acoso se dan en más del 40 por ciento de los centros españoles y se han dado antecedentes de casos de violencia física en un 57 por ciento de ellos. Lo más común suelen ser agresiones, amenazas, insultos graves o abusos. Estas situaciones son las que intentan solucionar los Planes de Convivencia.

En Madrid, en 2007, se estableció este marco por el cual, las faltas muy graves pueden determinar la expulsión del alumno del centro. Entre estas faltas figuran el «ciberbulling» o «insultos o actitudes desafiantes cometidas hacia los profesores», redacta el texto. La Generalitat catalana también impuso su propio plan en 2009 y, al igual que en la capital, también se introduce la posibilidad de «inhabilitar definitivamente para cursar estudios en el centro» a los alumnos que cometan faltas graves en el ámbito de la convivencia. De acuerdo con la ley andaluza de 2007, «la agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa» puede determinar que los responsables del colegio determinen su «cambio de centro docente».