«Sabemos que vamos a tener que seguir luchando»

BARCELONA- Después del anuncio del Ministerio de Educación, ¿va a cambiar la lucha de todas las familias que defienden que sus hijos puedan educarse tanto en catalán como en castellano? «Vamos a tener que seguir luchando», asegura Mar Sicilia. «En Cataluña no se va a cumplir. Históricamente ha sido así», añade. Sicilia es madre de una niña de 5 años a la que quiere abrirle todas las puertas posibles para que tenga un buen futuro. «¿Cómo vamos a negarle oportunidades?», pregunta retóricamente. Lo que quiere es que su hija se eduque en el mismo ambiente en el que lo hizo ella, «totalmente bilingüe y en donde hablar catalán o castellano indistintamente era lo más normal y natural del mundo». Vecina de Castelldefels «de toda la vida», decidió junto a su marido escolarizar a su hija en la misma escuela a la que ella fue de pequeña. Asegura que al ser un colegio concertado hay más comprensión y no existen tantas presiones sobre las familias que no claudican ante las pretensiones soberanistas como en los centros públicos. Pero Sicilia, que colabora con la Asocaciación por la Tolerancia, señala que son pocos los padres que dan un paso al frente. «No quiero decir que haya miedo, pero sí respeto a lo que pueda pasar, a qué dirán, a si señalarán a tu hijo». De momento, Sicilia no ha emprendido el camino legal, pero piensa ir a los tribunales si el castellano sigue estando relegado cuando su hija inicie 1º de Primaria. Menos esperanzado se declara Enrique López, que cree que «no llegará a ver» el bilinguismo. López es uno de los primeros padres que llevó la discriminación del castellano ante la Justicia. Fue en 2005, después de haber solicitado infructuosamente al centro en el que estaba escolarizado su primer hijo y a la Consejeria de Educación de la Generalitat de Cataluña que el castellano estuviera presente en las aulas del mismo modo que el catalán. Asesorado por Convivencia Cívica Catalana, una de las entidades que viene batallando porque se reconozca este derecho, López ha vivido con cierta sorpresa el goteo de sentencias e interpretaciones jurídicas sobre la cuestión para acabar indignándose. «Se ríen de nosotros», lamenta López.

La clave está en la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut de 2010, apunta Feliciano Sánchez. Padre de dos hijos, inició la batalla legal un año después que López. De tumbarse la inmersión lingüística, sus hijos ya no se beneficiarían, pero no por ello deja de batallar por lo que cree «bueno para los niños». Duda de que el contencioso acabe pronto y de que las medidas del Gobierno vayan a servir siempre que no se tome la doctrina del Constitucional como base: que en ningún caso el catalán puede ser la lengua preferente en administraciones, instituciones u órganos públicos y, menos aún, en el sistema educativo. Catalán y castellano deben estar presentes de forma equilibrada, sin que se dé la discriminación positiva en una u otra lengua. «El bilingüismo por ley y sentencia debe ser el pilar del sistema educativo catalán. Y no sólo es cuestión de la lengua hablada», apuntan los tres padres. Y es que el material escolar, los libros y cuadernos, debe mostrar la realidad catalana, donde el castellano y el catalán conviven.

El sentido de la inmersión lingüística viene de lejos. Con el objetivo de normalizar el uso del catalán como lengua propia de Cataluña junto al castellano y lograr situarlo en una posición equivalente a éste, los sucesivos gobiernos catalanes fueron desarrollando políticas lingüísticas en este sentido. Pero, tras 30 años, ¿qué sentido tienen estas medidas? Para la Generalitat, el equilibrio entre castellano y catalán no se ha alcanzado aún. «El nacionalismo nos está asfixiando, como la sociedad civil no reaccione...», advierte López. Y Sicilia critica: «La comunidad educativa está muy politizada». Porque al final, como apunta Sánchez, «lo importante no es lo que se hable en casa, si castellano o catalán o ambas, sino el nivel de la enseñanza pública, de escritura, de comprensión, de conocimientos...».