Indemnizan con 90.000 € a una joven diagnosticada de ansiedad cuando padecía un ictus

El Servicio Aragonés de Salud deberá indemnizar con 90.000 euros a una joven de 30 años a la que el 061 diagnosticó, telefónica y erróneamente, un ataque de ansiedad cuando lo que padecía era un ictus y que ha quedado incapacitada.

El Defensor del Paciente informa en un comunicado que el 23 de octubre de 2007, hacia las 15.30 horas y en su puesto de trabajo, una chica natural de Zaragoza se empezó a encontrar mal, tenía dolor de cabeza, no sentía el brazo izquierdo, apenas podía hablar, ganas de vomitar, mareo, no podía pensar con claridad, la boca se le torcía y dificultad para mover el lado izquierdo de la cara.

En los días previos, la paciente tuvo pérdida de visión, palpitaciones en el ojo izquierdo y mareos, y una de sus compañeras de trabajo habló entonces con el 061, contestando la médico que era ansiedad, que la paciente se sentara, se tranquilizara, tomara un calmante y se fuera a casa.

El médico "llegó a manifestar que no tenía nada que ver con un problema neurológico", añaden las mismas fuentes, por lo que la paciente se sentó y después se fue a casa, se tomó el calmante y se echó a dormir.

Pero sobre las 05.00 horas se despertó, no sentía el brazo izquierdo, no podía coordinar las piernas y no podía apenas hablar, tenía convulsiones en mano y pierna izquierdas.

Después de alertar a sus padres, la llevaron al Hospital Miguel Servet de Zaragoza, donde le dijeron que era un infarto cerebral con evolución desde el día anterior, así como que no entendían que, con los síntomas del día anterior, le dijeran que era ansiedad.

Además, los profesionales del centro sanitario insistieron en que "de haber acudido al hospital el día anterior, las secuelas que tendría la paciente en el futuro serían mucho menores".

En la actualidad la paciente ha sido declarada en incapacidad permanente absoluta para todo tipo de trabajo.

El abogado de Zaragoza Ricardo Agoiz, de los servicios jurídicos de la Asociación El Defensor del Paciente, interpuso una reclamación administrativa ante el Gobierno de Aragón y en su trámite se incluyó el Informe de Inspección Médica del propio Gobierno de Aragón en el que se reconocía "que existió un error en la atención sanitaria", pero pese a ello el Ejecutivo desestimó la reclamación.

Ante esta situación, la paciente acudió al Tribunal Superior de Justicia de Aragón, quien en sentencia de 13 de noviembre de 2012 ha estimado la demanda entendiendo que "la paciente presentó un ictus isquémico, auténtica urgencia médica cuya valoración requiere ingreso hospitalario".