Médicos obligados a aceptar tarifas congeladas desde hace más de 30 años. Subastas a la baja que degradan el acto médico. Y una administración que, pese a conocer el problema, ha decidido no actuar. Este es el panorama actual.

En España, cada vez más ciudadanos contratan seguros de salud privados esperando recibir una atención ágil, humana y profesional. Sin embargo, lo que muchos desconocen es que ese sistema está en riesgo de colapso asistencial. Detrás de la imagen de eficiencia, los médicos que lo sostienen se encuentran atrapados en un modelo que les impone honorarios mínimos, no negociables y desfasados desde hace ya décadas.

Una consulta médica puede pagarse hoy por 8 o 10 euros. Procedimientos quirúrgicos complejos, que implican años de formación, riesgos quirúrgicos y responsabilidad legal, se abonan con baremos fijados desde hace más de treinta años. En paralelo a esto, las primas que pagan los asegurados han subido y los beneficios de las aseguradoras no han dejado de crecer.

Pero esto no es solo un problema de justicia profesional. Es una amenaza directa a la calidad de la atención que reciben millones de pacientes. Los médicos no pueden sostener una práctica clínica segura ni digna con estos baremos. Algunos acortan tiempos de consulta, otros abandonan el sistema privado. Y el resultado es evidente: una atención cada vez más despersonalizada, menos resolutiva y clínicamente empobrecida. El regulador lo sabe. Y no actúa.

Varias sociedades científicas han denunciado esta situación ante la Dirección General de Seguros, autoridad que supervisa el funcionamiento del sector asegurador. A requerimiento del propio organismo, se elaboró un estudio comparativo entre los honorarios en España y los de países como Francia, Alemania, Bélgica o Portugal, ajustado por poder adquisitivo y gasto sanitario. El informe demuestra que España paga entre un 66% y un 130% menos que sus vecinos europeos por los mismos actos médicos. ¿Y cuál ha sido la respuesta del regulador? Ninguna. La Dirección General de Seguros ha decidido no intervenir. Sabe que el sistema es inviable. Sabe que el problema es estructural. Y ha optado por mirar hacia otro lado.

En este contexto, además, se está produciendo un fenómeno aún más preocupante: algunos grupos hospitalarios o compañías están utilizando sistemas de contratación por subasta, donde gana quien ofrece el servicio al precio más bajo. La conclusión de esto es que el acto médico queda así reducido a una puja. Tal realidad no solo degrada la dignidad profesional, sino que pone en riesgo la seguridad clínica.

Por ello, urge establecer un precio mínimo por acto médico, un umbral por debajo del cual no sea legalmente posible contratar, ni facturar, ni delegar asistencia sanitaria. Un precio mínimo no solo protege al médico: protege al paciente, porque impide que se consolide un modelo basado en la precarización y en la rentabilidad a costa de la salud.

Paciente, no cliente

Esta degradación progresiva se acompaña de otro fenómeno insidioso: la transformación del paciente en cliente. Las aseguradoras abordan la relación sanitaria como si fuera una transacción comercial. Sin embargo, la medicina no puede ser tratada como una cadena de servicios low-cost. El médico tiene el deber –ético, legal y profesional– de tratar a la persona que acude a él como un paciente, con todos los cuidados, el tiempo y la atención que requiere su situación clínica. Pero si el sistema retribuye ese acto como si fuera una operación de volumen, ese compromiso queda herido de muerte. El cliente puede quejarse si un pedido llega tarde. El paciente confía su salud, su intimidad, su vida en el profesional médico. Dos conceptos que no son lo mismo. Y que nunca deberían confundirse.

El futuro exige acción

Afortunadamente, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (Cnmc) ha reconocido que los médicos tienen derecho a negociar colectivamente con las aseguradoras, sin que esto suponga un riesgo legal. Es un paso importante. Pero no suficiente. Hace falta voluntad política y una acción decidida. No puede sostenerse un sistema sanitario sobre la imposición unilateral, ni sobre la marginación del conocimiento clínico. Es hora de proteger a quienes protegen la salud. De exigir baremos actualizados, transparentes y negociados. De impedir que la asistencia se adjudique al mejor postor. Y de recordar que la medicina no es un negocio como otro cualquiera: es una relación humana, profesional y ética que exige respeto y equilibrio. Cuando el regulador se desentiende y las aseguradoras imponen sin límites, el médico se agota. Y el paciente, que es quien más tiene que perder, queda expuesto.

Porque sin condiciones dignas, no hay atención digna. Y sin atención digna, la sanidad privada deja de ser una opción real para quien más la necesita.