Los jubilados que cobren más de 30.000 euros pagarán más por las medicinas

Sanidad también se plantea bajar el copago a los pensionistas que tengan menor nivel de renta

Desde que en 2012 se aprobase el copago farmacéutico por real decreto ley, numerosas voces han reclamado su revisión al Gobierno para que se tuviera más en cuenta el poder adquisitivo. Y ayer la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Monteserrat, volvió a retomar el copago de Ana Mato al anunciar que los jubilados que perciben pensiones más altas pagarán más por sus medicinas.

En una entrevista de RNE-Radio 4 recogida, Montserrat manifestó su intención de «revisar» el copago en los jubilados que cobran una pensión de entre 18.000 y 100.000 euros. «Deberíamos ajustarlo mejor. Quien más tiene debería pagar más», sostuvo la ministra, al hacer hincapié en que no puede ser que una persona que cobra 18.001 euros pague lo mismo que otra que perciba 100.000 euros.

Y es que, desde 2012, los pensionistas con una renta inferior a 18.000 euros abonan un copago por sus medicamentos del 10%, pudiendo pagar como máximo ocho euros mensuales en el repago, mientras que los que tienen rentas de entre 18.000 y 99.999 euros debían abonar hasta 18 euros al mes, y aquellos que perciben 100.000 euros o más, 60 euros mensuales como máximo en copago farmacéutico.

Pero este copago divido en tres tramos podría pasar a ser de cinco. En este sentido, Montserrat declaró en una entrevista a «ABC» que se iban a añadir dos nuevos tramos de rentas para el copago. En concreto, el de 18.000 a 100.000, lo quiere dividir en tres grupos: de 18.000 a 30.000; de 30.001 a 59.999 y de 60.000 a 99.999. Y, a tenor de sus declaraciones de ayer, la ministra va a penalizar a aquellos que cobren más de 30.000 euros y no a los de 18.000, según especificó vía Twitter.

Fuentes sanitarias aseguraron que, aunque está claro que «el copago farmacéutico se revisará, aún no hay una decisión tomada en cuanto a los tramos que finalmente se harán ni en cuánto se incrementará el coste de los medicamentos para las rentas más altas». Las mismas fuentes han destacado que «también cabría la posibilidad de que una determinada franja de ciudadanos con menos ingresos paguen aún menos o, simplemente, dejen de pagar». «Se trata de hacer un sistema más equitativo, pero aún no hay nada definido», insistieron desde Sanidad. De momento, se tendrán que analizar los datos de Empleo y Hacienda para conocer exactamente la repercusión de la medida anunciada por la ministra y a cuántas personas podría afectar para poderlo llevar a cabo.

A la espera de que se vayan concretando los tramos y la cuantía que abonarán en forma copago según el poder adquisitivo, la medida no ha sido igual de bien recibida en todos los frentes. Aunque antes de nada hay que aclarar que, antes de ese real decreto ley de 2012, el poder adquisitivo no se tenía en cuenta, ya que por el mero hecho de serlo (a excepción entonces de los funcionarios pensionistas) no tenían que pagar el copago. De este modo, «poder adquisitivo y copago van desde 2012 del bracete», explica Julio Sánchez Fierro, vicepresidente del Consejo Asesor de Sanidad. Fierro recuerda que «tanto Podemos como Ciudadanos presentaron iniciativas parlamentarias para que se establecieran más tramos». Y en eso están en Sanidad, una noticia que desde el PSOE rechazan, dado que en su opinión «supone una barrera de acceso a los medicamentos». Y es que el grupo socialista está en contra de cualquier copago farmacéutico. De ahí que el Grupo Parlamentario Socialista registrase en la tarde de ayer la petición de comparecencia de la ministra de Sanidad en el Congreso y una convocatoria de la Diputación Permanente para que la ministra de Sanidad explique su propuesta sobre el copago. Y es que «el copago no es nuestro modelo y no entendemos cómo la ministra puede plantear algo así», afirmó el portavoz de Sanidad del PSOE en el Congreso, Jesús María Fernández. «Supone un perjuicio para la salud y lo que hay que hacer es dar respuesta a las necesidades de financiación del sistema de atención a los ciudadanos», añadió el portavoz socialista de Sanidad en el Senado, Pepe Martínez Olmos.

Unas opiniones compartidas por la consejera de Sanidad Universal de la Comunidad Valenciana que instó a Montserrat «a retirar el copago farmacéutico», así como por la Junta de Andalucía: «Es incomprensible e inaceptable» que el Gobierno del PP defienda una medida que ha supuesto un «castigo» a uno de los sectores más vulnerables de la población y que «lo intente maquillar con términos como justicia y equilibrio».

Y eso es precisamente lo que defienden desde el Ministerio de Sanidad: que sea un pago «más solidario y proporcionado». En este sentido, durante la entrevista Montserrat ha defendido que el copago farmacéutico «siempre ha existido», a diferencia del sanitario, y ha añadido que en la pasada legislatura el PP hizo que el copago fuera más justo y equilibrado eximiendo pagarlo a los parados. En este sentido, Sánchez Fierro recuerda que desde «el real decreto ley de 2012, un millón de desempleados de larga duración no pagan copago, un dato que nunca se destaca», precisa.

Y es que la oposición se ha centrado en solicitar la eliminación total del copago o «su modificación para añadir tramos. De hecho, en algunas comunidades autónomas no existe copago como tal para los pensionistas de pocos recursos, para lo cual las regiones han habilitado líneas de crédito; de modo que estos pensionistas no pagan repago. Entre ellas, la Comunidad Valenciana, por ejemplo», precisa Sánchez Fierro.

En concreto, desde el 1 de enero de 2016, 909.800 pensionistas de la Seguridad Social y sus beneficiarios con rentas inferiores a los 18.000 euros han dejado de pagar por los medicamentos recetados por los médicos del sistema público de salud en la Comunidad Valenciana. También están siendo beneficiarias de estas ayudas unas 136.000 personas con diversidad funcional que presentan una discapacidad del 65% o más en el caso de mayores de edad. «Se trata –explican los expertos– de una pequeña ‘‘trampa’’, dado que el copago, en cualquier caso, lo asume la autonomía».

En concreto, según comunicó Montón, en declaraciones recogidas por EFE, «desde el Gobierno valenciano hemos hecho un esfuerzo para destinar en los presupuestos de 2017 un total de 46,6 millones a estas líneas de ayuda a pensionistas con rentas bajas y personas con diversidad, cinco millones de euros más que los que se destinaron en 2016, cuando estrenamos esta medida».

Y es que aunque para muchos el copago tiene sólo fines recaudatorios, para Sánchez Fierro se trata de una iniciativa «más disuasoria sobre el consumo de medicamentos que de recaudación».

Y es que el Sistema Nacional de Salud (SNS) ha registrado un ahorro en el gasto farmacéutico de 5.658 millones de euros desde la puesta en marcha de la reforma sanitaria, en julio de 2012, según comunicó el pasado mes de enero el Ministerio de Sanidad. En concreto, en 2015, el gasto farmacéutico público a través de receta ascendió a 9.534,5 millones de euros, lo que supone que se consolida la tendencia a la estabilidad, con un ligero incremento del 1,86% en relación al año anterior, y alrededor de 1.600 millones menos que en el ejercicio anterior a 2012. Así lo reflejan los datos sobre gasto a través de receta oficial remitidos a la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del SNS y Farmacia por las Comunidades Autónomas. No obstante, la crisis motivó que muchos países implantaran copago. De hecho, todos los países de la Europa de los 15 exigen copago farmacéutico, según recoge el estudio «Copagos sanitarios. Revisión de experiencias internacionales y propuestas de diseño». En cuanto a las visitas médicas, la gratuidad es la excepción, igual que en hospitalizaciones. En España, en cambio, aunque el copago ambulatorio se recogió en ese real decreto ley de 2012, «quedó anulado en la práctica», recuerda Sánchez Fierro.