Sanidad no reduce el copago de los medicamentos a las rentas bajas

La nueva Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos se presenta previsiblemente esta mañana al Consejo de Ministros para su aprobación en primera vuelta. Se trata de un trámite para cumplir con la agenda marcada por la Unión Europea dado que, aunque salga adelante, le quedaría aún todo un periplo de revisiones y alegaciones: desde las del Consejo de Estado hasta las de los sectores afectados, pasando por las de la Comisión de Subsecretarios.

Después, llegaría un nuevo paso por el Consejo de Ministros para su remisión posterior a las Cortes. Fuentes del sector consideran, por ello, que lo que se decida hoy no es más que «un brindis al sol».

Según lo que figura en el último borrador del anteproyecto, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, García ha tenido que renunciar a una de sus grandes reformas, que sí figuraba en la versión anterior.

Se trata de su promesa de reducir el copago farmacéutico –lo que los ciudadanos pagan por los medicamentos con receta– a las rentas más bajas, con topes máximos de gasto al mes, y subir la aportación de las rentas más altas.

En concreto, tal y como proponía la anterior versión, de los tres tramos actuales de aportación se pasaba a cinco. Los dos que se introducían eran para las personas que percibieran menos de 9.000 euros y de 9.000 a 18.000 de renta anual, que tendrían que contribuir con el 40%. El otro cambio era que se introducían topes máximos mensuales en el gasto en medicamentos financiados: de 8,27 euros en el primer grupo; de 18,52 euros en el segundo; y de 61,75 euros para los que percibieran entre 18.000 y 30.000 de renta anual, estos últimos con una aportación del 50%.

Pues bien, en el último borrador nada de esto se mantiene, quedando los tramos de aportación exactamente igual que como están ahora (regidos por la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos de 2013, aprobada por el RD 1/2015): un 60% para rentas iguales o superiores a 100.000 euros; un 50% para rentas entre 18.000 y 100.000 euros y un 40% para rentas iguales o inferiores a 18.000 euros.

Subasta continuada

Por otro lado, una de las novedades más polémicas que propone el anteproyecto, y que ya adelantó este periódico es el nuevo sistema de precios de referencia, que pasará a denominarse «sistema de precios seleccionados».

Otro nombre por el que se conoce a este procedimiento es el de sistema de «subasta continuada», que está inspirado en el modelo sueco, un país con un sistema de financiación muy distinto al español.

En él, el Ministerio de Sanidad establecerá periódicamente un precio para cada agrupación homogénea de medicamentos sustituibles en base a las ofertas ciegas de las compañías.

De esa selección, salen tres categorías de fármacos: el medicamento con el precio más bajo –que el Sistema Nacional de Salud (SNS) financiará al 100% –, una agrupación con medicamentos con precios seleccionados dentro de un rango de precios y una agrupación de medicamentos no seleccionados. Uno de los riesgos de este modelo es que puede excluir de la financiación pública a aquellos medicamentos sobre los que las compañías no hayan querido ofertar precio para su posible inclusión en el sistema, pero que puede ser de gran valor para los pacientes.

En el tercer párrafo del punto 2 de artículo 99 del anteproyecto se especifica que «cuando la elección (del médico) sea uno de los medicamentos no incluidos dentro de la lista de precios seleccionados para la financiación por el SNS, el paciente abonará la parte del precio que le correspondería, de acuerdo con su aportación según se recoge en el artículo 120 de esta ley, si se dispensara el medicamento de precio más bajo de su agrupación homogénea, más la diferencia de precio entre éste y el medicamento elegido».

Copago «extra»

Es aquí donde se estipula, de un modo velado, un copago «extra» para los pacientes que quieran mantener la medicación prescrita por su médico, que puede que en un momento dado sea la de precio más bajo pero, pasado un tiempo, ya no lo sea, por una decisión basada únicamente en motivos económicos.

Y es en la delimitación de ese tiempo donde la versión ultima del borrador introduce un cambio para mejor con respecto a la anterior. Si antes se contemplaba que el sistema de precios seleccionados se actualizara cada dos meses –propuesta que fue muy criticada por representantes de federaciones de pacientes, que alertaron de que podrían «multiplicarse los riesgos de falta de adherencia» a la medicación y de «confusión» entre los pacientes crónicos –en el texto actual se contempla que lo sea cada seis.