¿Se pondrá freno a estas prácticas?

¿Cómo valora el anuncio de este proyecto de ley en el Consejo de Ministros?

–Hasta que no se dé a conocer el contenido final de la normativa, resulta algo vago. Es cierto que es un primer paso, pero corre el riesgo de convertirse en papel mojado si no se acompaña de iniciativas como destinar fondos a la búsqueda de alternativas en la investigación con animales.

España adapta su normativa a la de UE. ¿Esto frenará la experimentación entre las grandes multinacionales?

–Está claro que las empresas saben cómo moverse para trasladar sus experimentos a países donde las leyes sean más permisivas. En cualquier caso, lo importante es que se genere un debate social en torno a este asunto, sobre todo, en el ámbito universitario, para que se comiencen a formar investigadores que no tengan como única referencia la experimentación con animales.

¿Hay algún país que sirva como referente de cómo se están frenando este tipo de prácticas?

–En Suiza y Holanda se han dado pasos importantes en lo que a limitar las acciones. Pero quizá lo más llamativo es la prohibición en algunos estados de EE UU de realizar cualquier tipo de experimentos en las facultades de medicina, biología... En nuestro país se utilizan animales en los laboratorios universitarios diariamente y son pocos los estudiantes que saben que tienen derecho a objetar.

Este derecho a la objeción, ¿es factible para un alumno en prácticas?

–Se puede hacer, pero por la experiencia que tenemos en este sentido, se trata de una larga batalla para el estudiante y un proceso complicado. De hecho, cuando hace un año intentamos dar una confernecia al respecto en la Universidad de Salamanca, tuvimos que desistir ante las dificultades que nos plantearon.