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Opinión

No tratemos igual a lo diferente

Las leyes contra el tabaco y la subida de impuestos, en vistas de lo que ha ocurrido otras veces, no garantiza un descenso del consumo

Una chica fuma tabaco en un vapeador en una terraza de Madrid. Jesús G. FeriaLa Razón

En España hay gusto por regularlo todo, sin atender al coste-beneficio de cada norma legal que se aprueba. En los años 80, en algunas zonas de la costa gallega, se traficaba con tabaco y las sanciones eran leves y el delito era de carácter económico, hasta que, en 1995, la Ley orgánica 12/1995 reguló el contrabando. El resultado fue que las penas por introducir tabaco fueron indiferenciables a las de traficar con heroína y cocaína, y los clanes gallegos decidieron pasarse a la droga porque la infraestructura de lanchas y almacenes la tenían organizada y la pena era prácticamente la misma. El beneficio obtenido por 500 cartones de tabaco era el mismo que por 10 kilos de cocaína. La ley consiguió que no entrase tabaco de contrabando, pero entró la droga en enormes cantidades y cientos de jóvenes y sus familias fueron las víctimas.

El tabaco no es la única sustancia de consumo legal que genera riesgos para la salud, el alcohol es causante del 16,9% de las muertes en hombres y del 12,7% en mujeres a nivel mundial. En España se estima que es la segunda causa de muertes evitables con 15.000 fallecimientos anuales y es causante de enfermedades hepáticas, cáncer de hígado, esófago, mama y colon y, por supuesto, enfermedades cardiovasculares.

La revista American Journal of Preventive Medicine (AJPM) publicó hace unas semanas un estudio que concluía que cada 10% de consumo adicional de alimentos procesados, aumenta un 3% el riesgo de muerte prematura. Podríamos seguir así con los accidentes laborales, los de tráfico, los microplásticos en el pescado de consumo humano o la contaminación ambiental.

Las autoridades están ahí para regular, pero para hacerlo de una manera efectiva. En los últimos tiempos, vemos que mantienen una lucha especialmente dirigida contra el tabaco, con leyes antitabaco y una política de aumento de impuestos por el consumo.

La industria del tabaco no es de nuevo cuño, se remonta a 1880 y se ha consolidado como uno de los sectores con más experiencia y más capacidad de adaptación. Su impacto económico es innegable, solo en España representa el 21,4% de la industria manufacturera y el 2,6% del total de la economía. Sin duda, las razones económicas no deben anteponerse a la salud, pero tampoco pueden establecerse medidas extremas que antepongan la ideología a la evidencia científica.

Las sucesivas regulaciones y la investigación han llevado al sector a reinventarse mediante una profunda transformación y a avanzar hacia otras formas de consumo con productos libres de humo, como los cigarrillos electrónicos, el tabaco calentado o las bolsas de nicotina que, según las evidencias científicas, generan efectos en la salud mucho menos perjudiciales que los cigarrillos tradicionales. La razón estriba en la forma de consumirlo. Estos productos eliminan la combustión evitando el humo y, por tanto, no genera alquitrán ni monóxido de carbono, reduciendo sustancialmente el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. También contienen significativamente menos sustancias cancerígenas y genera menos externalidades negativas sobre quienes rodean al fumador.

Incluso algunos organismos están implantando tratamientos para dejar de fumar en los que se ha demostrado que productos como el cigarrillo electrónico, que ayuda a desintoxicar el organismo de nicotina sin provocar el síndrome de abstinencia, que representa el riesgo principal de fracaso del tratamiento.

Es decir, en términos económicos es un producto diferente, sustitutivo, pero mucho menos dañino y elimina una parte importante de los efectos negativos y externalidades del tabaco tradicional. Desde esta óptica, no tiene sentido tratar de la misma manera productos que son diferentes en lo que se refiere a su capacidad adictiva y a las consecuencias en la salud.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha analizado, en un informe, el proyecto de real decreto que regulará aspectos de la fabricación, así como la prohibición de aromatizantes o el etiquetado genérico. La Comisión encontró desajustes con los principios de buena regulación y falta de justificación de interés general para una medida tan restrictiva. Cuando el interés general no se justifica adecuadamente es que triunfa de nuevo la ideología.

En estos momentos, Bruselas está preparando una importante subida de impuestos al tabaco. Nuevamente se cometen dos errores: se trata indiscriminadamente el tabaco tradicional y el cigarrillo electrónico, y toma una medida de impacto sin realizar un correcto análisis coste-beneficio.

Ya existen evidencias sobre lo que ocurre cuando se aumentan los impuestos al tabaco. En Francia, aumentó el contrabando en 18.700 millones de cigarrillos ilícitos en 2024, con 7.800 millones de falsificaciones, y en Países Bajos el comercio ilícito se disparó un 140% en un solo año, provocando que las pérdidas para el Estado triplicasen las de 2023.

España no es diferente. El consumo de tabaco ilegal alcanzó los 1.400 millones de unidades en 2024 (52 millones más que en 2023), lo que se traduce en una merma recaudatoria de 263 millones de euros.

El gobierno debería discriminar entre tabaco tradicional y cigarrillo electrónico, una legislación indiferenciable termina siendo perjudicial para los ciudadanos, de la misma manera que la subida desproporcionada de impuestos, que no tiene efectos en el consumo total, si lo tiene en el consumo a través del comercio ilícito.

Por último, hay una reflexión que no puede obviarse. Se trata de dónde está el límite que debe tener el Estado-protector cuando interviene en la esfera privada de los ciudadanos. Si bien tiene como obligación generar una sociedad formada, informada y con espíritu crítico, realizar inmersiones que vayan más allá son cuestionables. Hay muchos factores que afectan a la salud, pero no todos tienen la lupa de los poderes públicos. Demasiada ideología.