Ultimátum de la Iglesia al bufete encargado de auditar los abusos

Ultimátum público de los obispos españoles al despacho de abogados Cremades&Calvo Sotelo. La Conferencia Episcopal ha visibilizado su descontento a través de Ecclesia –el portal digital integrado en la web de Cope– lo que este martes comunicó por carta al bufete: les dan diez días de plazo, hasta el viernes 20 de octubre, para presentar la auditoría independiente sobre los abusos en la Iglesia española. Si el informe no llega a sus manos en este tiempo, los pastores darían por hecho que se habría incumplido los términos del contrato, que daba un año para rematar el encargo.

Fue en febrero de 2022 cuando el Episcopado ponía en manos de Javier Cremades, vinculado al Opus Dei, el reto de radiografiar la crisis de la pederastia en nuestro país, siguiendo la estela de otros países del entorno. Tras varios aplazamientos justificados por el volumen de la encomienda, hace un par de semanas el secretario general de la Conferencia Episcopal, César García Magán, confiaba en que el estudio fuera entregado en estos días. No ha sido así, y de la decepción trasladada de puertas para adentro al bufete los obispos han pasado a la acción.

Entre tanto, los prelados han celebrado dos reuniones en las que la auditoría habría ocupado no pocos minutos: la Comisión Permanente y la Comisión Ejecutiva. La última semana de septiembre una treintena de obispos se reunían en Madrid en la Permanente. A este encuentro acudió parte del equipo auditor. Allí, no solo mostraron su malestar con los retrasos, sino con cuestiones de fondo de un primer borrador del estudio que les fue presentado. Lejos de lograr un respaldo unánime, se generaron opiniones encontradas. A priori, podría pensarse que el motivo de la discrepancia sería la afinación en el número de casos contabilizados, la cuestión mediática más espinosa. No fue así. Según ha podido confirmar este diario, el enfado con Cremades vendría por parte de varios obispos que habrían dudado de la calidad del trabajo, el método de verificación utilizado y las recomendaciones dadas.

Así, tanto desde la Conferencia Episcopal Española como desde la Conferencia Española de Religiosos (Confer), se habrían detectado «algunos errores de redacción subsanables» (algún error ortográfico inclusive), pero también «contradicciones» a la hora de ofrecer una hoja de ruta para mejorar los sistemas de protección para menores y adultos vulnerables. «Hay puntos esenciales que dan la sensación de estar cogidos con pinzas», expone un especialista en esta lacra que conoce detalles del borrador. Esta misma fuente se muestra especialmente crítica con «las lagunas en lo que a la justicia restaurativa con las víctimas se refiere».

«No nos molesta si el informe desvela todo lo que hemos hecho mal y que nos deje en evidencia, pero sí nos preocupa que no esté a la altura de la rigurosidad que se merece, porque ahí es donde nos jugamos la credibilidad como institución», relata un prelado. «Hay algún aspecto con el que no estoy de acuerdo y le falta cierta profundidad, pero no le daría más importancia», contrapone otro obispo.

El retraso en la entrega de la auditoría sería el último de los sinsabores que en este año y medio habría constatado la Iglesia. Varias congregaciones han expresado a LA RAZÓN su decepción por la «falta de precisión» en quienes han recopilado y chequeado la información sobre los casos históricos.