Un 67% ve a los municipios permisivos con los manteros

El 83,8% considera que la solución a esta venta ilegal está en actuar con dureza contra las mafias organizadas.

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, recibió a los manteros el pasado mes de marzo en el Ayuntamiento. Pretendía dar visibilidad a unas personas, de origen africano muchas de ellas, que venden mercancía y productos copiados en la calle. Su intención era que una institución como el Consistorio diese cierta carta de naturaleza a una actividad a todas luces ilegal realizada por personas que no tienen documentos legales que avalen su presencia en España. En agosto subió su apuesta al afirmar que «los manteros no son un problema». Todo este asunto estalló durante los meses de verano en Barcelona, tras numerosos incidentes de orden público. Allí los manteros han tomado –literalmente– las calles, ante la dejadez del Consistorio dirigido por Ada Colau, que tampoco los considera «un problema». El «asunto», como a algunos les gusta calificarlo, se ha enquistado. La inmigración ilegal surte de «mano de obra barata» a este subempleo sin control ni garantías, que hace la competencia desleal a los comercios legales, que pagan sus impuestos y mantienen los sueldos y los presupuestos de unos ayuntamientos que no hacen nada por ellos. La ciudadanía –pese a lo que puedan creer los políticos– ha alcanzado un grado de saturación con este asunto. De hecho, según la encuesta de NC Report para LA RAZÓN, el 67% de los consultados cree que existe demasiada permisividad en los ayuntamientos con respecto a los manteros. Para el 79,4% la presencia de manteros puede desembocar en algo más peligroso, como peleas y robos. Todo ante la desidia y desgana de los ayuntamientos. Hacer como que no hay un problema no lo soluciona.