Una carrera cuesta 147.031 euros y el alumno paga 14.031

La transparencia no sólo es necesaria en la esfera política, el resto de ámbitos públicos, como la Educación o la Sanidad, también la necesitan. Así lo demuestra el último informe que ha presentado el Tribunal de Cuentas y que, entre otros aspectos, analiza la situación financiera y educativa de más de 40 centros. El informe al que ha tenido acceso LA RAZÓN refleja los problemas que padecen las universidades públicas españolas, aunque los datos que analiza están recogidos en los ejercicios 2008 y 2009. El Tribunal subraya que el porcentaje que cada alumno paga por sus estudios «se sitúa en torno al 10%». Eso sí, no se tienen en cuenta las becas que concede el Ministerio de Educación a los estudiantes con problemas económicos. Así, de acuerdo con los datos que firma Ramón Álvarez de Miranda, presidente del organismo, un joven que se gradúa en Ciencias en la Universidad de Cantabria paga unos 14.700 euros, mientras que el coste real de sus estudios es de 147.031. Otro ejemplo es el de la Universidad de Extremadura, cuyos graduados en Ciencias pagan algo más de 9.000 euros, aunque su grado le cueste a la Administración 96.521. Son datos llamativos pero que «son similares a los de la media europea. No es un dato anómalo», afirma Antonio Cabrales, profesor de Economía de la Universidad Carlos III de Madrid. A pesar de la creencia popular de que cada vez son más los que optan por estudios universitarios, el informe fiscal ofrece la visión contraria y asegura que, durante 2008 y 2009, el alumnado descendió. «Puede ser un reflejo de la caída del ''baby boom'' que generó un repunte en el número de matriculaciones», sostiene el experto.

Uno de los principales rapapolvos que el Tribunal da se refiere a sus presupuestos a los que atribuye de «falta de rigor», y a la gestión de sus cuentas: «Algunas universidades públicas no aprueban los presupuestos antes del inicio del ejercicio, por lo que deben comenzar la gestión con los presupuestos del año anterior prorrogados». Cabrales entiende que esto se debe a que «hasta hace poco muchas no tenían contabilidad analítica» de sus centros. También considera que la variación casi anual de las tasas universitarias «no ayuda a la planificación y a crear los planes a tiempo». Este problema también afecta al personal docente, que, hasta el último momento, no sabe si cuentan con ellos. Los profesores también figuran en el informe ya que, entre sus conclusiones, destaca que «la media de créditos impartidos por profesor es, en general, inferior a los 24 créditos anuales exigidos legalmente». Es más, en centros como la Universidad de La Rioja, la media de alumno por profesor es de nueve. El docente de la Carlos III discrepa de la valoración del Tribunal, ya que «la norma no exige que impartamos 24 créditos anuales, es el número máximo». Cabrales explica que la ratio tan baja que aporta el análisis la determinan las carreras con menos estudiantes matriculados. El profesor da un ejemplo: «Mientras que en el primer curso de Administración de Empresas se matriculan 300 alumnos, en una carrera de Humanidades la cifra desciende hasta 20 y, a medida que avanza el grado, se reduce». Así, el economista determina que «algunas titulaciones están sobredimensionadas». Una calificación que también utiliza el Tribunal, que lo extrapola al conjunto del centro universitario.

El análisis es un reflejo del problema de control de las universidades que, de acuerdo con Cabrales, no cambiará hasta que no se modifique el sistema universitario: «Deberían recibir los ingresos en función del número de alumnos que colocan y no de los que se gradúan. El Estado ofrece malos incentivos porque sólo pagan por ''las cabezas'' que entran».