España no está preparada aún para el 5G

El consejero delegado de Ericsson España, José Antonio López, ha advertido al Gobierno de España y al resto de formaciones políticas de que sería «imperdonable» que el país «perdiera el tren» de la digitalización y ha perdido más certidumbre en la gestión del espectro, ya que en España ahora mismo es «imposible lanzar el 5G».

En una entrevista concedida a Europa Press, López ha señalado que España «ha perdido un año y medio importantísimo» por la falta de un Gobierno estable y ha apuntado que ni la actual situación de déficit ni la necesidad de un mayor consenso político para adoptar medidas ayudan en el corto plazo.

El consejero delegado de Ericsson España ha reconocido que tiene «cierto» temor a que, por mucha rapidez con la que se tomen las decisiones, el actual entorno político haga que estas no lleguen a tiempo para evitar que España pierda el tren de la digitalización europeo.

Así, ha señalado que el actual escenario político es «sano», pero puede ralentizar la toma de decisiones. Sin embargo, ha confiado en que se mantenga la unidad a la hora de valorar la importancia que tiene la agenda digital que se logró la pasada legislatura con la Ley General de Telecomunicaciones, que fue la que más apoyo parlamentario logró.

En este contexto, ha asegurado que en Ericsson escuchan «con bastante expectativa» los últimos discursos del ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Alvaro Nadal, donde menciona que la digitalización de España es una las piezas claves del nuevo Gobierno, pero ha incidido en que ahora es necesario que «esas palabras se conviertan en hechos».

Asimismo, ha apuntado que este escenario no ha lastrado la actividad de Ericsson en el corto plazo, ya que sus ciclos de negocio son algo más largos, pero sí que le ha generado preocupación en el medio plazo, ya que se ha frenado el impulso al despliegue de redes y no se ha hecho nada en relación con el 5G.

En concreto, ha alertado de «cierto retraso» en el desarrollo de redes de ultravelocidad tras la «delantera fantástica» que cogió el país durante algún tiempo. Por ejemplo, ha advertido de que, a pesar de que la cobertura de 4G alcanza ya el 94% de la población, lo importante es la cobertura geográfica y sólo un 60% de los emplazamientos de 2G están cubiertos hoy en día con 4G.

Respecto al 5G, ha incidido en que España están en una situación «preocupante», ya que Europa ha lanzado un «ambicioso plan» con recomendaciones para la Agenda Digital Europea y para la conectividad 2025 y el hecho de haber estado sin Gobierno ha provocado que no se haya tomado una serie de decisiones que eran importantes.

En este sentido, ha asegurado que en este momento es «imposible lanzar» el 5G en España debido al actual reparto del espectro, por lo que ha exigido al Gobierno que regule y ordene el entorno de frecuencias y resuelva el segundo dividendo digital para dar visibilidad a la situación.

López ha remarcado que el debate debe ir más allá de si la banda de los 700 MHz, actualmente ocupada por la TDT, debe quedar libre para telefonía móvil en 2020 o 2022, ya que el sector se adaptará a lo que haya, y reclama que exista «certeza» sobre el proceso a seguir.

Además, ha incidido en que no tiene ningún temor a que el ciudadano no llegue a beneficiarse del 5G, que eso es algo indudable, sino de que la falta de certidumbre impida que se logre crear en España el ecosistema necesario para que sea un centro de desarrollo de las tecnologías que ayuden a la digitalización.

Así, ha señalado que sin esa senda definida y un reparto adecuado de frecuencias, es imposible, por ejemplo, convencer a las empresas internacionales para que monten en España centros de excelencia y estos se trasladen a otros países del continente como Francia, Alemania o Reino Unido.

En este sentido, ha defendido que, con una «adecuada planificación», la banda de 700 MHz aportará más valor a la sociedad destinada a telefonía móvil que a canales de televisión, aunque ha mostrado su respeto a la «legítima» opinión contraria mostrada por los grupos de televisión, que deberán invertir en resintonizar los canales.

Por este motivo, ha reclamado una hoja de ruta «clara, cierta y transparente» y ha asegurado que las empresas de telecomunicaciones serán «flexibles» y aceptarán un retraso en el traspaso de las frecuencias si eso genera más coordinación y rapidez en el proceso. «Un año más o un año menos no es tan importante», ha agregado.

Asimismo, ha vuelto a proponer al Gobierno que el dinero recaudado con la subastas de espectro se destine a la creación de centros de competencia y la digitalización de la propia Administración Pública, lo que se traduciría en más empleo y riqueza, o por lo menos que parte vaya a la recaudación de las arcas públicas y otra relevante al I+D+i.

Sin embargo, ha reconocido que no son optimistas en este punto y ha invitado a los ministros Alvaro Nadal y Luis de Guindos a que argumenten ante el ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, que esto sería bueno para el país y para posicionar a España en la creación de innovación de empleo y de nuevas fuentes de crecimiento, respetando y entendiendo que se deben cumplir con los compromisos déficit.

Por otro lado, ha pedido que no repita el error cometido con la subasta de las frecuencias de 3G, que se convirtió en el centro recaudatorio de los gobiernos de muchos países y generó una grave crisis en el sector. «Es legítimo equivocarse y sólo el que no decide nunca se equivoca, pero intentemos no equivocarnos en lo mismo dos veces», ha agregado.

Por este motivo, ha solicitado que los gobiernos europeos reinviertan al menos parte de los fondos recaudados en desarrollar competencias que permitan a las empresas del continente aprovechar estos avances y generar negocio y así poner fin al «relevante retraso» que lleva Europa en este campo en comparación con Estados Unidos, Corea, China o Japón.

En esta línea, también ha pedido que Europa apoye a empresas del continente como Ericsson o Nokia que están trabajando en el estándar del 5G, al igual que hacen otros países con sus compañías, así como que la inversión en el despliegue de redes de nueva generación sea algo obligado desde Bruselas y no se quede en una mera recomendación para los 28 países miembros.