Los gobiernos de coalición disparan el gasto en España

Desde hace varios años, un considerable número de investigadores en Ciencias Políticas se ha dedicado a estudiar los efectos de las instituciones en las políticas públicas de los gobiernos. «The Economic Effects of Constitutions», de Torsten Persson y Guido Tabellini, es quizá una de las obras que mejor sintetiza los hallazgos en esta materia. Los autores presentan en el libro hipótesis sobre la forma en la que distintas variables institucionales afectan a los resultados económicos, entre la que se encuentra que los estados tendentes a gobiernos de coalición suelen tener un gasto público más elevado. Recientemente, los autores han recibido, junto a Timothy Besley, profesor de la London School Economic, el Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento de este año, precisamente, por su contribución a la ciencia económica y política a través de sus teorías.

Los gobiernos españoles de la Democracia ha sido tradicionalmente monocolores. La fórmula de coalición es, por tanto, bastante reciente. Aunque el primer cogobierno se produjo en España en 1986 cuando PSOE y PNV compartieron la Lendakaritza, salvo excepciones como esta o el tripartito catalán de PSOE, ERC e ICV, los ejecutivos en solitario han sido la tónica predominante hasta 2019, cuando el mapa surgido de las elecciones del 26 de mayo de ese año marcó un hito, ya que el resultado tras las mismas fue que trece de los diecisiete gobierno autonómicos que surgieron de aquellos comicios fueron de coalición. La repetición electoral de ese mismo año privó al PSOE de obtener la mayoría necesaria para formar gobierno, por lo que también recurrió a esta fórmula, en este caso, con Unidas Podemos.

Han pasado casi cuatro años, un periodo que permite analizar con cierta perspectiva si los gobierno de coalición tienden a gastar más, como sostienen los profesores Persson y Tabellini.Aunque no hay muchas experiencias previas, y no se puede hablar de una tendencia a la coalición (se desconoce cuál será el resultado electoral de los comicios que se celebran este año), sí se puede analizar la evolución del gasto, al menos, en esta legislatura que está a punto de concluir. Desde que en que PSOE y Unidas Podemos rubricaron su gobierno de coalición, el gasto público, el déficit y la deuda no ha hecho si no engordar y engordar. Así, el gasto total de todas las administraciones públicas ascendió en 2022 a 634.297 millones de euros, lo que supone un incremento del 26% en relación a 2018 (año anterior a las elecciones), lo que se traduce en términos absolutos en 130.933 millones, según los datos de Contabilidad Nacional recogidos por la Intervención General del Estado (IGAE). Una cantidad que se encuentra 20 puntos por encima de lo que se consideraría eficiente. Unos 180.000 millones de euros de más que, en caso de reducirse, quitarían, sin duda, mucha presión a las arcas públicas.

Si bien es cierto que este capítulo se incrementó más durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2012), un 50%, hasta los 166.802 millones de euros, lo cierto es que esta expansión se produjo a lo largo de dos legislaturas (el periodo comparado es de solo tres años, puesto que los últimos datos disponibles corresponden al cierre de 2022). Además, se puede afirmar, a tenor de las cifras, que al comparar el incremento en una sola legislatura, el del ejecutivo del PSOE-UP es superior al del primer mandato en solitario de los socialistas (126.025 millones de euros en el periodo comprendido entre 2004 y 2008, frente a los casi 131.000 que, de momento, han gastado de más).

Sin duda, una extraordinaria capacidad de gastar, que se evidencia también en el claro progreso al alza de la deuda pública. En términos absolutos, el endeudamiento ha aumentado en casi 350.000 millones de euros, todo un record histórico. El déficit público, por su parte, cerró 2022 en el 4,8% del PIB (63.776 millones de euros). Pese a que la Covid disparó extraordinariamente el gasto en 2020, la normalización no ha frenado la tendencia, que ha continuado siendo muy expansiva en todos los capítulos.

Los autores achacan esta subida de los empleos no financieros al hecho de que los partidos que comparten el poder desean sobresalir de forma independiente, para así tener relevancia ante sus respectivos electorados, lo que conduce inevitablemente a que sean más manirrotos. También argumentan que el hecho de que convivan varias almas políticas bajo un mismo gobierno hace que tomar de decisiones sea más difícil y, en consecuencia, se posponen, lo que también contribuye a aumentar la factura.

Buena parte del gasto del Estado son transferencias a la comunidades autónomas. Los diferentes territorios han sido bastante derrochadores los últimos años. Bien provistos de recursos, especialmente procedentes de estos traspasos y de los fondos europeos, han gastado desaforadamente, tendencias que se ha acentuado ante escrutinio de las urnas al que se someterán en apenas dos semanas (todas, incluidas las dos ciudades autónomas, tienen una cita con sus ciudadanos, a excepción de Andalucía, Castilla y León, Cataluña y Galicia y País Vasco).

Las comunidades gastaron 2022 un 5,4% más que el año anterior, según la IGAE, una progresión que se mantiene también en este 2023, con un incremento del 5,7% hasta febrero (que son los últimos datos disponibles de Contabilidad Nacional). Si los datos se comparan con los del año anterior al de las elecciones, se puede ver claramente lo intensa que ha sido la subida a partir de entonces, con un aumento del 29,55% desde 2018.

Una fotografía que muestra que la totalidad de las regiones han gastado más, incluso algunas por encima del 30%, coincidiendo las más «gasticidas» con aquellas que tienen gobiernos de coalición. La autonomía que ha experimentado la mayor subida en esta legislatura es Navarra. La Comunidad Foral, presidida por María Chivite, y que gobierna en coalición con Geroa Bai, UP y IU, ha aumentado su gasto un 49,26%.

Le sigue Canarias. Allí, el gobierno formado por PSOE, Nueva Canarias, Sí Podemos y la Agrupación Socialista Gomera (ASG), y que preside el socialista Ángel Víctor Torres, ha subido el gasto el 35,22%. El podio de las tres comunidades más dadivosas lo completa la Comunidad Valenciana. Gobernada por el PSOE, Compromís y UP, y presidida por Ximo Puig, la región levantina ha aumentado el gasto un 33%. Ya fuera del podio, aunque también entre las que más ha gastado se cuela una comunidad del PP, Murcia que, aunque actualmente está gobernada en solitarios por Fernando López Miras, hasta 2021, tuvo un ejecutivo compartido con Ciudadanos. En el caso de la región del sureste peninsular, el gasto ha subido un 31,33%. Especial mención merece también el gobierno de la Generalitat de Cataluña, que ocupa la quinta posición. En este caso, la coalición que forman JXCcat y ERC ha gastado un 30,16%.

Ayuntamientos

Pero esta tendencia no solo afecta a las comunidades, también a los ayuntamientos, que están teniendo manga ancha a la hora de elaborar y ejecutar sus presupuestos. Hasta tal punto ha llegado que, recientemente, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha recomendado a varias corporaciones locales que intenten en la medida de los posible apretarse el cinturón. En concreto, se ha referido al ayuntamientos de Barcelona de Ada Colau, pero también hace mención al de Madrid, Alicante, Córdoba, Palma y Valladolid, a los que insta a que eviten nuevos aumentos del gastos, aviso que también ha extendido a las diputaciones de Valencia y Sevilla, el Cabildo de Tenerife, el Consell de Mallorca y la Diputación Foral de Guipúzcoa. La autoridad señala que el incremento medio del gasto de los grandes consistorios fue superior al 9% en el conjunto de 2022, pero que llega al 23% en el periodo 2019-2022.

A la vista de los resultados tras analizar los datos correspondientes al gasto total de las administraciones, sí que se confirma la tesis Persson y Tabellini en el caso español. Los gobiernos de coalición tienden a gasta más, al menos, de momento.