Coacción a la libre distribución de prensa escrita

Editores y quiosqueros denuncian el secuestro de diarios y los actos violentos por parte de los transportistas.

La situación que vive la prensa de la Comunidad de Madrid es desoladora para editores, quiosqueros y lectores. Las bandejas de los 5.500 puntos de venta de donde habitualmente se adquieren LA RAZÓN y el resto de los periódicos llevan siete días vacías, debido a las protestas que mantienen desde el pasado viernes los transportistas de la empresa Boyacá, una inactividad que ha estado acompañada por actos violentos tanto en las instalaciones de la empresa como en los puntos de venta, que ponen en entredicho el derecho a la información. Según la distribuidora, los ruteros pretenden «coaccionar para imponer la firma de nuevos contratos en condiciones privilegiadas» y denuncian que desde el día 27, «de manera sorpresiva», dejaron de prestar el servicio en los puntos de venta, «reteniendo la mercancía que se les había entregado e impidiendo de manera violenta y con amenazas que se llevase a cabo el reparto por otros medios», señala el comunicado. Son varios los transportistas agredidos por los piquetes y la Policía Nacional ha realizado tres detenciones, además de tramitar una treintena de denuncias de aquellos que han sido amenazados cuando trataban realizaban el reparto por las calles de la capital.

La corporación, que ha tachado los actos como «chantaje», ha solicitado auxilio judicial para poder realizar el servicio con escolta policial y ha insistido que pondrá «todos los medios que esté a su alcance para garantizar el derecho de los lectores a disponer de la información diaria». La empresa reitera que se trata de trabajadores autónomos y no por cuenta ajena, y que sus contratos «contemplan un servicio de prensa de 15 días al mes, con una duración máxima de cuatro horas por servicio y entrega en 20 puntos», actividad por la que reciben 4.500 euros mensuales, unos honorarios que están fuera del mercado.

Daño irreparable

El presidente de la Asociación de Medios de Información (AMI), Javier Moll, que se reunió ayer con los principales editores afectados por los paros, entre ellos el presidente de Unidad Editorial, Antonio Fernández Galiano, el consejero delegado de Vocento, Luis Enríquez, el consejero delegado de Prisa Noticias, Alejandro Martínez Peón, y el presidente de administración de LA RAZÓN, Santiago Barreno, califica de «boicot inaceptable» los actos llevados a cabo por los repartidores, al tiempo que ha hecho un llamamiento a la «sensatez» y les insta a que «abandonen la vía coercitiva y se sienten a dialogar». «Impedir con violencia que los periódicos lleguen a los puntos de venta causa un daño irreparable, no solo a los grupos de comunicación y a los quiosqueros sino también, y sobre todo, a los ciudadanos, a los que se les está privando de un derecho constitucional como es el de la información», recalca.

Por su parte, las organizaciones de trabajadores autónomos (UPTA y ATA) alertan de que estas demandas están empujando a 1.500 quioscos «al borde del precipicio» con pérdidas diarias de 250 euros. Las organizaciones del sector, que representan al 80% de los existentes, les han hecho llegar su enorme preocupación y empiezan a «dudar de la viabilidad de mantener las persianas levantadas». Además, advierten del riesgo de que este conflicto se extienda a 4.000 establecimientos del resto del país. La Unión de Distribuidores Nacionales de Ediciones (UDNE) y la Asociación Nacional de Distribuidores de Publicaciones (ANDP) condenan «enérgicamente» los ataques y consideran que esta actitud compromete el futuro de todos los sectores afectados.