El Algarrobico, sin fecha para la demolición

Han transcurrido 10 años desde que en 2006 se suspendieron cautelarmente las obras del Algarrobico y ocho desde que se pararon por sentencia. Y, sin embargo, aún queda un largo camino por recorrer para que esta mole desaparezca definitivamente.

Han transcurrido diez años desde que en 2006 se suspendieron cautelarmente las obras del Algarrobico y ocho desde que se pararon por sentencia. Y, sin embargo, aún queda un largo camino por recorrer para que esta mole de 21 plantas y 411 habitaciones desaparezca definitivamente de la playa que le da su nombre y que es un área ambientalmente protegida y no urbanizable, tal y como concluyó el Supremo el pasado 18 de febrero. La ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, y el consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, José Fiscal, se reunieron ayer para «materializar el compromiso con la demolición del Algarrobico», afirmó la ministra, sin que ninguno de los dos acertara a dar una fecha, ni siquiera aproximada, sobre cuándo tendrá lugar el derribo.

Para avanzar en este proceso, «lo primero que haremos –prosigue Tejerina– será crear esta semana una Comisión Mixta, tal y como viene en el protocolo firmado en 2011 (por la ex ministra Rosa Aguilar), que será integrada por tres miembros de la Consejería y tres del Ministerio» que están aún por decidirse. Y «la próxima semana se sucederá la primera reunión en la que tendrán un trabajo no menor como es el estudio profundo de las sentencias», añadió.

Tanto Tejerina como Fiscal precisaron que no podían dar una fecha hasta que no se resolvieran los principales escollos que quedan judicialmente pendientes. En primer lugar, «la propiedad del suelo». Y es que lo cierto es que la propiedad de los terrenos continúa estando a nombre de la promotora Azata del Sol, ya que, aunque en 2006 la Junta reservó 2.300.000 euros que costó el suelo en un depósito, la promotora nunca los aceptó. Dicho de otro modo, hasta que los terrenos no figuren en el registro como de propiedad de la Junta no se puede ejecutar la demolición.

Estudio de Impacto Ambiental

A este escollo hay que sumar otro elemento judicial pendiente: la responsabilidad patrimonial. Y es que falta que la Audiencia Nacional se pronuncie sobre los 70 millones que Azata del Sol reclama a modo de indemnización contra el Ayuntamiento de Carboneras, el Ministerio y la Junta, aunque no está del todo claro que esto pudiera retrasar la demolición. En cualquier caso, una vez resueltos los escollos judiciales, se procedería a la demolición, siempre y cuando se tenga «hecho antes el Estudio de Impacto Ambiental» correspondiente, precisó Tejerina.

En lo que no hay duda alguna es en que los costes se pagarán al 50% por parte del Ministerio y de la Junta, o dicho de otro modo, por los españoles. El Fiscal, tras ratificar las palabras de Tejerina, aseguró que «una vez despejado el horizonte jurídico sólo queda demolerlo tan pronto como sea posible». «Llevamos mucho tiempo, más de 10 años –prosigue–, para que se produzca la demolición de este monumento al disparate urbanístico» y ésta es «la recta final para su demolición y restauración de la zona». Unos trabajos que según el informe que elaboró Tragsa en 2012 podrían costar 7,17 millones de euros.

Se pudo parar antes

A la espera de saber el tiempo que le queda a este hotel, lo cierto es que ni los ecologistas creen que se pudiera demoler y restaurar la zona antes de 2018, según los datos que facilitó Pilar Marcos, de Greenpeace. Es decir, que como mínimo aún habrá que esperar dos años, si no más, para que estos terrenos vuelvan a su estado natural. Algo que se pudo hacer ya desde que el juez Jesús Rivera paró en 2006 las obras, o hace «ocho años», según dijo la ex ministra Cristina Narbona a Efe, por un acuerdo de permuta al que ella llegó con la promotora en 2008 y que no salió adelante por producirse en vísperas electorales.