Fin del sectarismo nacionalista en la Educación

Los niños catalanes ya no estudiarán que «el Ebro es un río catalán que nace en tierras lejanas y extrañas». Ni los vascos que el acontecimiento más importante de 1978 fue el Festival de Cine de San Sebastián, en lugar de la aprobación de la Constitución. El proyecto de ley de educación (Lomce) que presentará hoy el Ministro de Educación a las comunidades autónomas en conferencia sectorial pretende poner fin a la dispersión de contenidos de tal manera que todos los alumnos tendrán los mismos conocimientos en asignaturas básicas independientemente de la comunidad en la que residan.

Así, el Gobierno controlará por ley el cien por cien de los contenidos que se impartan en materias denominadas troncales en todas las etapas educativas, que deberán ocupar, como mínimo, el 50% del horario escolar. En Primaria serán: Ciencias de la Naturaleza, Ciencias Sociales, Matemáticas, Lengua Española y Literatura y primera lengua extranjera; en Secundaria Biología y Geología, Física y Química, Geografía e Historia, Lengua, Matemáticas e Inglés; y en el Bachillerato: Filosofía, Lengua Matemáticas, Inglés, y Fundamentos del Arte.

Independientemente de esta regulación, el Estado será a fin de cuentas el que decidirá lo que deben estudiar los niños españoles en asignaturas fundamentales para su formación, ya que determinará los contenidos de las tres pruebas básicas por las que tendrán que pasar los niños españoles al final de cada etapa educativa.

Las comunidades autónomas también tomarán decisiones en este ámbito, pero en las asignaturas de especialidad, mientras que a los centros educativos se les dará libertad para que implanten las materias específicas que quieran, dependiendo del valor añadido que se pretenda dar al colegio o instituto y el nivel de especialización que quiera tener.

Con esta nueva vuelta de tuerca a la ley el Gobierno se asegura que haya la misma educación para todos los alumnos y trata de evitar las diferencias tan grandes que existen en rendimiento educativo entre comunidades autónomas.

La nueva medida supone un cambio importante con respecto a la primera regulación que había hecho el Ministerio de Educación sobre los contenidos, ya que el anteproyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros fijaba que el Estado decidiría el 65% de todo lo que estudian los alumnos en las comunidades con lengua propia y el 75% en el resto, un 10% más que lo que ahora tenía (55% y 65% respectivamente). Ahora, se dividen las asignaturas en tres grupos y el Estado decide sobre las principales.

El catalán se convierte ahora en una asignatura de especialidad que regulará la comunidad autónoma e impondrá las horas que desee, aunque no podrá obviar que, al final, los alumnos se tendrán que examinar de las materias instrumentales. De ahí que la consejera de Educación, Irene Rigau, se quejara ayer del «tratamiento residual y ofensivo contra el catalán» que da el proyecto de ley del Gobierno ya que pasa a ser la cuarta lengua en la enseñanza primaria.

La nueva ley de educación también trata de garantizar la educación en castellano dentro de Cataluña. Así, prevé que la Generalitat tenga que pagar la factura de la escolarización en centros privados cuando los alumnos no encuentren una oferta docente pública o concertada que les permita esta posibilidad. El proyecto de ley que el Gobierno pone hoy sobre la mesa establece que la alternativa a la asignatura de Religión será Valores Culturales y Sociales en Primaria y Valores Éticos en Secundaria.

Otros aspectos que regula es el de que los alumnos podrán pasar de curso con dos materias suspensas como máximo y de forma excepcional podrán pasar con tres siempre y cuando dos de ellas no sean ni Lengua castellana ni Matemáticas. El alumno podrá repetir el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo dentro de la etapa. Pero si hay una novedad importante es que el nuevo proyecto de ley promoverá la libertad de elección de centro por parte de los padres y las administraciones educativas se verán obligadas a programar el número de aulas en función de la demanda de las familias.

ración mínima de seis años en Primaria y de cuatro en el resto de casos. Respecto a la universidad, la pruebas específicas de acceso tendrán carácter excepcional y las que se hagan podrán tener validez en varias universidades.

El adiós definitivo de Educación para la Ciudadanía

La asignatura que provocó una judicialización sin precedentes de la educación (ha provocado más de 55.000 objeciones en toda España, se han abierto 3.000 procedimientos judiciales y 400 demandas en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo e incluso ha obligado a pronunciarse al Tribunal Supremo y Constitucional) desaparecerá definitivamente del currículum si el proyecto de reforma de la ley de Educación sale adelante. La asignatura estaba herida de muerte, debido a la carga ideológica que algunas comunidades habían incluido en sus temarios. A su llegada al Ministerio, Juan Ignacio Wert ya mostró su intención de acabar con ella, aunque algunos de sus contenidos pudieran ofrecerse de forma transversal en otras asignaturas. En un primer momento, se planteó la posibilidad de reformar sus contenidos, cambiar su denominación a Educación Cívica y Constitucional y relegarla a Secundaria. Finalmente, el borrador de la Lomce deja fuera del sistema educativo la asignatura «zapaterista» por excelencia.