DOS OMISIONES EN LA COP 25

La vigésimo quinta edición de la Cumbre del Clima (COP) celebrada estos días en Madrid ha provocado gran cantidad de contenidos mediáticos por parte de sus promotores. Contenidos, en no poca medida, divulgados gracias a la generosa financiación de campañas de comunicación institucional. Tal cantidad de mensajes institucionales ha tapado dos hechos de relevancia nacional e internacional.

El primero es la dimensión que para las relaciones diplomáticas españolas ha tenido la celebración en Madrid de esta cumbre que inicialmente estaba auspiciada por Chile. En mitad de lo que los medios chilenos denominan ««crisis social» estallada en la segunda mitad del mes de octubre, el Gobierno español salió en auxilio del país hermano manteniendo la denominación principal de COP 25-Chile aunque cambiando la ciudad de acogida –Santiago de Chile– por Madrid.

A pesar del daño en la reputación internacional de España que el independentismo catalán ha intentado causar en buena medida con los fondos que el propio Estado les procura, la COP 25 ha proyectado ante la comunidad de países iberoamericanos una incontestable imagen de compromiso y solidaridad entre países de habla hispana. A mayor abundamiento y con gran paradoja, tal cooperación se ha establecido eficazmente entre los ministerios de exteriores de dos gobiernos de signo muy diferente; el Gobierno de centro derecha de Sebastián Piñera en Chile y el Gobierno (en funciones) del socialista Pedro Sánchez a punto de echarse en brazos de los que intentan vituperar la reputación internacional de España camino de una independencia imposible.

La segunda omisión de la COP 25 consiste en ignorar las revueltas vivas en muy diferentes lugares del planeta contra la subida del precio del combustible. Sólo en España el sector del transporte es responsable de casi el 25 por ciento de emisiones de gases de efecto invernadero, aquellas que precisamente la COP quiere reducir a partir del Acuerdo de París firmado en 2015 y ratificado en 2016. Sin el cambio en los modos de transporte actuales basados en el uso de combustibles de origen fósil, la reducción de emisiones hasta los niveles comprometidos por los países en París resulta directamente imposible.

Precisamente y contra pronóstico, tanto en Europa, en Asia y en la América hispana se han desatado revueltas sociales contra la subida del precio de los hidrocarburos. Unas revueltas que han venido acompañadas de una violencia acentuada y socialmente extendida.

En noviembre de 2018 debutó en Francia el movimiento de los chalecos amarillos contra la anunciada subida del precio del diésel del presidente Emmanuel Macron. Buena parte de la clase media francesa, usuaria de vehículos con motor diésel, decidió echarse a la calle y hasta ahora no la ha abandonado a pesar de la retirada de la iniciativa legal. Las familias francesas a las que la crisis de 2008 dejó en herencia la dificultad de llegar a fin de mes, decidieron que el mismo país que había acogido la cumbre del clima número 21, no aceptaba la subida del diésel a pesar de que sin reducir significativamente su consumo la transición a una economía baja en emisiones contaminantes era imposible.

Casi un año más tarde, el segundo país en unirse a la revuelta contra el encarecimiento del precio del combustible fue Ecuador. En este caso, el anuncio por el Gobierno del presidente Lenin Moreno de retirar el subsidio al combustible instaurado por el presidente anterior, Mario Correa, desató una revuelta social que se apoyó –como ahora en Chile– en el movimiento indigenista hasta doblegar al Gobierno. Igual que el gobierno francés, el ecuatoriano también aceptó mantener baratos los combustibles para el transporte a pesar del fuerte impacto sobre el gasto público y a pesar también de que hace muy difícil la reducción de emisiones en el transporte ecuatoriano. El último país en sumarse a las revueltas contrarias al encarecimiento del combustible ha sido Irán, país también exportador de petróleo muy por delante de Ecuador. De hecho, Irán es el cuarto exportador mundial de petróleo aunque se enfrenta a las restricciones impuestas por Estados Unidos por su programa nuclear.

La descarbonización de las economías mundiales pasa por la reducción de emisiones en el transporte. Principalmente en el transporte por carretera y, más aún, en el uso de vehículos turismo privados. Desde luego no es el único camino hacia el cumplimiento de los compromisos adquiridos en París en 2015, pero sin recorrer este camino los números en términos de abatimiento de emisiones no salen.

La lucha contra el cambio climático disfruta de un gran consenso académico y social. No es cierto que haya unanimidad de opiniones, ni entre los científicos ni entre los representantes políticos mundiales, pero sí es claramente mayoritario y por eso accede a gran cantidad de fondos públicos con los que financiar los contenidos que se han divulgado por los medios de comunicación. Esto sin embargo, no debería haber impedido que se hubiesen alzado voces entre los opinadores profesionales que hubieran subrayado tanto el éxito de la diplomacia española como la reacción contraria a la subida del precio de los combustibles en tres de los cinco continentes del planeta.