Denuncian más de 30 contrataciones «a dedo» del PSOE

«Pusieron en marcha un mecanismo absolutamente arbitrario e injusto para emplear en el Ayuntamiento de La Carolina –en Jaén– a muchos de sus familiares sin seguir procedimiento público alguno para la contratación, en unos casos; o bajo la apariencia de un procedimiento reglado, las denominadas bolsas de empleo, que ha resultado sistemáticamente incumplido y cuya finalidad no era otra que la de dar apariencia de legalidad a lo que se ha revelado una auténtica arbitrariedad». Es un párrafo de la denuncia que el coordinador general de los populares jienenses, Miguel Contreras, y la portavoz municipal, Elvira Muriana, presentaron ayer en los juzgados para que se investigue la legalidad de los procesos de contratación de más de una treintena «de familiares de dirigentes del PSOE carolinense».

En la denuncia, consultada por LA RAZÓN, los populares sostienen que con el armazón de ese sistema lo que se pretendía en última instancia es hacer «prevalecer» la «voluntad de la alcaldesa, la de los concejales de Personal y la de otros ediles socialistas sobre los intereses generales del ente local y los particulares de posibles interesados que no han podido acceder a un puesto de trabajo de los ofrecidos por el ayuntamiento desde el 13 de junio de 2015». En el escrito aportan un listado de los 32 casos de quienes podrían haber sido contratados de una forma presuntamente irregular y anotan el vínculo que tienen con miembros de los gobiernos locales.

Lo hacen para advertir al juzgado en el que recaiga el asunto de que los hechos que desgranan podrían ser constitutivos de un delito de prevaricación administrativa, ya que «resulta evidente» la «omisión absoluta del proceder administrativo en la contratación pública». Relaciones laborales que, «en muchos casos se ha renovado una y otra vez». De hecho, los populares no descartan que se hayan podido cometer otros delitos. Es más, piden a la Justicia, en resumen, que analice lo sucedido por si no se tratara sólo de «una presunta prevaricación administrativa por realizar contratos ‘a dedo’», sino que pudiera encajar en otros tipos delictivos «como la falsedad documental en el caso de contrataciones tras la elaboración de bolsas de empleo manipuladas».

Contreras lamentó que «mientras más de 500 carolinenses han tenido que abandonar su ciudad desde que gobierna Reche –Yolanda– y el PSOE por la falta de oportunidades, 31 familiares de este Gobierno sí han gozado de ellas».

Del otro lado, la alcaldesa anunció a través de un comunicado que pondrá a disposición de la Justicia «todos los contratos» realizados por el consistorio desde 2009, esto es, «desde los mandatos en los que gobernó Francisco Gallarín (PP)». Según Reche, su Ejecutivo «no tiene nada que temer» al ajustarse a derecho sus contrataciones.