Exigen al Ejecutivo de Sánchez un «Brexit» respetuoso con la legislación ambiental en el Estrecho

Hay riesgos que atenazan espacios protegidos del Estrecho y hay quien ve en el «Brexit», la ruptura del Reino Unido con la Unión Europea (UE), una oportunidad y no se queda en el arte de mirar. El presidente de Verdemar Ecologistas en Acción, Antonio Muñoz, ha remitido un escrito al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en el que avisan de que en la Zona Especial de Conservación (ZEC) Estrecho Oriental se sigue practicando el «bunkering», el suministro de combustible de barco a barco, «incumpliendo la normativa comunitaria». Se avisa además al Gobierno central dirigido por Pedro Sánchez de que «las sucesivas construcciones sobre terrenos ganados al mar», suponen a veces un impacto irreversible al «hacer desaparecer ciertas especies de la zona»; y otro continuo, «al modificar la dinámica litoral y, con ello, la morfología de los hábitat marinos» rocosa-arenosa.

Muñoz detalla al ministerio que en la zona Este del Peñón, hacia el Mar de Alborán, «se está llevando a cabo un relleno de materiales que supera las 15 hectáreas» para «desarrollar un complejo inmobiliario que ha sido bautizado como ‘Eastside Project’ o Cabo Privilegiado». A ello se suma que, «junto a la pista de aterrizaje de aviones» que ya existe, se ejecutó «un túnel» y los elementos «contaminados» procedentes de esas excavaciones «los estaban llevando a canteras de Andalucía para enterrarlos».

Esa circunstancia fue denunciada por los ecologistas, tras lo cual se puso en marcha en su momento y «junto a la playa», una «planta de desorción térmica», una tecnología que se utiliza para deshacer «los compuestos orgánicos que afectan al suelo». Muñoz transmite al Ejecutivo central que la Junta de Andalucía «no ha contestado» a los escritos que también les han enviado y que después de los temporales de las últimas semanas «se ha producido la pérdida de litoral dentro y fuera de la verja de Gibraltar en el ZEC Estrecho Oriental».

Los conservacionistas creen insostenible que los rellenos de la Roca estén provocando «la pérdida de los últimos cordones dunares en La Línea de la Concepción –en Cádiz– y de la flora endémica asociada». Tampoco entienden cómo se permite que haya barcos que aprovechen «el litigio que España tiene con Gibraltar respecto a las aguas jurisdiccionales –la colonia británica, con el asentimiento de Londres, reclama 15 millas náuticas–», y se beneficien de ese «vacío legal» para desarrollar una «pesca ilegal de atún rojo». Aseguran que vulneran «la veda», el tiempo en el que está prohibida la captura de esa especie, y «el requisito de tamaño mínimo», lo que afecta incluso a las poblaciones de delfines del Mediterráneo, que «usan la zona para alimentarse y reproducirse».

«La pesca ilegal del atún rojo (thunnus thynus) con barcos deportivos está mutilando y dañando a numerosos cetáceos en este espacio protegido por la Unión Europea (UE)», se asevera en el escrito al que tuvo acceso LA RAZÓN, y se recuerda que «España regula la pesquería» de ese animal «en el Atlántico Oriental y Mediterráneo por la Orden AAA/642/2013, de 18 de abril». Sin embargo en el área cercana al Peñón, «no existe control y los barcos se refugian en las aguas en litigio cuando son avistados por las autoridades españolas», insiste Muñoz. Y hay otro foco de conflicto entre Verdemar y la Roca: la gestión de los residuos sólidos urbanos. Los ecologistas exponen a Asuntos Exteriores que Gibraltar los trasporta a «la planta de tratamiento de Majadal de Bustos en Los Barrios, Cádiz», pero que en su día llegaron a tirar «toda su basura al Mar de Alborán» y hay que estar atentos para que no se repita.

En ese escenario, Verdemar hace hincapié en su texto con destino Madrid en que «los sucesivos gobiernos españoles, apelando al Tratado de Utrecht, jamás han reconocido al Peñón jurisdicción alguna» sobre las aguas más allá del puerto. Aunque, «la política de hechos consumados aplicada por el Reino Unido le ha llevado a denominar» a un espacio marítimo «como ‘British Gibraltar Territorial Waters’, ‘Aguas Territoriales Británicas de Gibraltar’». Y apostilla: «Algo similar a lo ocurrido con la ampliación del aeropuerto de la Roca sobre aguas españolas».

Desde la realidad que describe, Muñoz solicita al Ejecutivo de Sánchez que «en los acuerdos de salida de la Unión Europea por parte del Reino Unido se salvaguarde la protección de los espacios protegidos», al menos «con el rigor y la planificación actual, para que no esté en riesgo la protección de los valores naturales y paisajísticos del ZEC Estrecho Oriental español ni de los espacios protegidos británicos (ZEC ‘Rock of Gibraltar’)».

Verdemar exige un «Brexit» respetuoso «con el medio» y con la legislación ambiental «europea y española». Pide, por último, poder cerrar «una reunión de trabajo» con el «equipo de negociación» del Ministerio, así como que se les mantenga informados de las actuaciones que se realicen. Temen que la Roca siga siendo prado para las crónicas ambientales en el futuro.