La Junta de Andalucía revisa una ayuda que se concedió a una empresa de los ERE por la que terció un ex consejero

Hacen falta más que estructuras verbales, aunque son varios los integrantes del Gobierno andaluz que han aseverado que este Ejecutivo tiene la «obligación» de recuperar «lo máximo» que se pueda del dinero presuntamente defraudado en la «macrocausa» de los expedientes de regulación de empleo (ERE) financiados por la Junta que, según la sentencia de la pieza política, podría alcanzar hasta los 680 millones, aunque no se ha precisado la cuantía. Desde el Gobierno autonómico han garantizado que estudian cómo hacerlo en el plano judicial, pero se dan pasos también en el administrativo. En el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publicado el pasado 23 de diciembre hay una prueba de ello. En él se recoge un anuncio de la Dirección General de Trabajo y Bienestar Laboral, perteneciente al organigrama de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, que deja claro que existe un procedimiento de revisión de oficio ligado a una entidad implicada en el mencionado «macroproceso», tras el intento fallido de notificar su resolución en un domicilio. Se trata de la mercantil La Instaladora Moderna de Electricidad, S. L., a la que mediante una Resolución de 11 de marzo de 2010, de la entonces Dirección General de Trabajo y Seguridad Social se le concedió una ayuda excepcional, que acabaría bajo sospecha años después.

Esa sociedad es conocida por el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, el que ha ovillado la causa atomizada de los ERE. Entre la documentación que en su día le remitió la Consejería de Empleo había alguna vinculada a la misma que incluía, como ya informó LA RAZÓN, dos comunicaciones entre el ex consejero andaluz Jaime Montaner y el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Juan Márquez Contreras, en relación a un ERE que afectó a la citada empresa sevillana. Eran en concreto, dos faxes enviados en 2009 desde el estudio del primero «Demópolis, Arquitectura & Ingeniería», a la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, y en un documento que acompañaba a uno de ellos se detallaban los vencimientos para una póliza de siete ex trabajadores.

Es más, la mercantil acabaría centrando un atestado de la Guardia Civil en el que se analizó la concesión de fondos públicos para sufragar en teoría las prejubilaciones de diez trabajadores, aunque sólo fueran a salir siete, porque ése era el número mínimo legal para que se pudiera tramitar como ERE. Según los agentes, la operación habría supuesto un coste para las arcas de la Administración regional de casi 584.487 euros, de los que 140.714,21 correspondían a 2010, si bien, no se desembolsó todo. Los investigadores llegaron a la conclusión de que Montaner habría «influido» gracias a sus relaciones en la Junta en la asignación de una ayuda a la empresa, aunque éste negó conocer a Márquez más allá de una forma superficial, pese al tratamiento de «amigo Juan» que quedó registrado en uno de los faxes.

El ex consejero de la Junta lo fue entre 1979 y 1994. En su última etapa, el ex presidente del Gobierno autonómico socialista Manuel Chaves le encomendó la cartera de Economía y Hacienda.

Márquez ha sido condenado a siete años y un día de prisión y 18 años y un día de inhabilitación absoluta en el fallo de la rama política de los ERE y engorda el grupo de señalados en otros bloques en los que se dividió el caso. Si la empresa aludida quiere conocer que ha resuelto ahora la Junta, deberá comparecer en las dependencias de la Dirección General de Trabajo y Bienestar Laboral, tal y como se indica al detalle en el BOJA.