A domicilio

En caliente. Así es como desaconsejan los prudentes legislar cuando un suceso pone de relieve con brusquedad un problema latente durante mucho tiempo. Así es como hay que actuar para que éste no se enquiste. La muerte, el domingo por la noche en Estepona, de un repartidor de pizzas de 18 años es achacable sólo a la imprudencia del muchacho, que al parecer circulaba en moto por el acerado y se estampó contra un banco. Una terrible desgracia, idéntica a la acaecida hace menos de una semana en Arcos de la Frontera, donde otro chaval falleció al salirse en una curva. Las condiciones laborales de estos trabajadores son casi siempre durísimas y el contexto en el que se desempeñan es de una competitividad cruel, diríase que darwinianas, pues la única manera que tienen de incrementar sus ingresos es acelerando las entregas. De la prisa al accidente media un paso y asumen demasiados riesgos, puesto que el «delivery» ya no es un sector para estudiantes en busca de un dinero de bolsillo, sino que con frecuencia es el único sustento de una familia. La precarización del trabajo es esto, y no aparece en las estadísticas. El nuevo Gobierno anuncia una demagógica subida del salario mínimo interprofesional, cuya primera consecuencia va a ser la multiplicación del subempleo y una huida del empresariado más débil hacia la economía sumergida. Las grandes compañías de comida a domicilio están en paz con la Seguridad Social pero, ¿cuántos pequeños restaurantes apañarán a partir de ahora un dinerillo negro por repartir sus platos? Dos cadáveres recientes son un argumento lo suficientemente elocuente como para no expulsar del sistema al eslabón más débil, al chinito que acarrea el arroz tres delicias a dos euros el porte, que va contramano y a toda leche porque no llega a fin de mes ni harto de baijiu.