Colectivos sociales piden que se reoriente la política del agua hacia un modelo sostenible

No hacen falta palabras resonantes, sino cumplir la legalidad. Ése es el resumen de lo que creen organizaciones como Ecologistas en Acción en relación al Pacto Andaluz por el Agua propulsado desde el Parlamento andaluz y que impulsa ahora el Ejecutivo autonómico. «No es necesario ningún pacto porque ya hay una normativa legal como es la Directiva Marco del Agua europea o los planes hidrológicos de demarcación. Lo que hay que hacer es cumplirla», argumenta el miembro de Ecologistas Antonio Amarillo. No obstante, como ese acuerdo se está gestando, algunos colectivos que empezaron a trabajar en temas de agua y cambio climático ya con el anterior Ejecutivo regional socialista han elaborado un «Decálogo para la Transición Hídrica Justa y el Derecho Humano al Agua en Andalucía». Se trata de CC OO, COAG, UPA, Aeopas, FACUA, WWF, Greenpeace, SEO, Ecologistas en Acción, CIREF, la Fundación SAVIA, la Fundación NCA y la Red Andaluza de la NCA; e integran la Mesa Social del Agua de la comunidad.

Para arrancar, dejan claro que «el espacio para la definición de las políticas hídricas» debe basarse «en los principios y los objetivos requeridos» por la mencionada normativa legal y abogan por que la prevención del deterioro, el mantenimiento y la recuperación «del buen estado ecológico» de los ríos, humedales, estuarios, costas y aguas subterráneas «tiene que ser un objetivo inaplazable de la política de aguas andaluza». Piden además que se fijen los requerimientos a atender por «las especies y los hábitats en los espacios protegidos» de la región, para lo que consideran «clave» garantizar «el equilibrio entre las demandas de recursos y los realmente disponibles, asumiendo los límites actuales de cada demarcación hidrográfica y previendo la reducción de las aportaciones que traerá consigo el cambio climático». Apuestan, en definitiva, y así se lo trasladarán a la Junta en los talleres ligados al nacimiento del mencionado pacto en los que participen, por «reorientar la política del agua de Andalucía hacia un nuevo modelo de uso y aprovechamiento» de ese elemento que sea «sostenible en términos ambientales y sociales», con una «transición hídrica justa». La idea de ir hacia lo desconocido en materia climática tiene que empujar también a que se abra «un profundo debate sobre la situación de los sistemas del ciclo urbano del agua» y sobre las inversiones a realizar para «aumentar la eficiencia y resolver los importantes déficits en la depuración de aguas residuales que arrastra» la comunidad. Demandan, entre otros puntos, que se lleve a cabo un diagnóstico de «las necesidades que tienen» los «pueblos y ciudades» de la región «para saber cuánto van a costar y cómo se pueden financiar».