El último año de gobierno de Díaz se impugnaron 264 contratos de la órbita de la Junta valorados en 1.923 millones

Los años pasan y dejan marcas en muchos ámbitos. En 2018, el último de gestión del Gobierno andaluz de Susana Díaz, se impugnaron más de dos centenares de contratos de la órbita del Ejecutivo autonómico. Así se desprende de una respuesta que firma el actual titular de Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo, a una pregunta del diputado de Adelante Andalucía Ismael Sánchez relativa a la actividad del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta que abreva en la legalidad vigente. De acuerdo a lo expuesto por el consejero, en 2018 el número de recursos interpuestos «en el ámbito de la Junta y sus entidades instrumentales», se situó «en 264», lo que supuso «un incremento de más del 53 por ciento respecto al año anterior». Al igual que ocurrió en 2017, el mayor número de éstos «procedió del Servicio Andaluz de Salud (SAS)», aunque también hubo un alza significativa de los vinculados a «expedientes de contratación tramitados por la Agencia Pública Andaluza de Educación», que pasaron de «17 a 51», es decir, 34 más. En conjunto, el valor estimado de las licitaciones en el ámbito de la Administración andaluza que fueron combatidas aquel ejercicio alcanzó los 1.923,29 millones de euros.

En el texto de balance, consultado por LA RAZON, se ofrecen datos además relativos a las entidades locales. Se computaron «158 recursos» contra actos emanados de éstas, lo que significó «54 más» que en el año anterior. En el caso de las universidades de la comunidad, el incremento fue menor, de «20 a 36». El valor estimado total de ese segundo grupo de licitaciones impugnadas fue «817.957.304,17 euros». Y hay más información sobre un tribunal que está adscrito a la Consejería competente en materia de Hacienda. Dictó en 2018 «363 resoluciones frente a las 284 de 2017», esto es, casi un 28 por ciento más. De ellas, «86 correspondieron a estimaciones», parciales o totales, «126 a desestimaciones», 128 fueron «inadmisiones» y 23 «desistimientos y otros supuestos». La tasa de resolución se colocó en «un 78 por ciento», frente a 2017, cuando se ubicó próxima al 100 por 100, debido a la cascada torrencial de recursos. De hecho, el ente tuvo que atender un global genérico de 466, con un promedio mensual de 39 asuntos. El valor estimado de los expedientes afectados sobrepasó los 2.700 millones.